por Joel Colón Ríos
sábado, 20 de julio de 2019

En un sistema presidencialista como el nuestro, hay tres maneras principales de remover a un primer ejecutivo que ha perdido la confianza del electorado. La primera es a través del ejercicio del derecho al voto en las elecciones generales. La segunda, la revocatoria de mandato a través de un referéndum constitucionalmente regulado, normalmente activado a través de la recolección de un determinado número de firmas. La tercera, es un juicio político (residenciamiento) organizado por la rama legislativa conforme a una serie de requisitos establecidos en la propia constitución. En cada uno de estos tres mecanismos, el pueblo juega un rol central, ya sea votando en las elecciones, recogiendo firmas, o expresando a sus representantes en la legislatura su voluntad de que se comience un proceso de residenciamiento.

A veces, ninguno de esos mecanismos se encontrará disponible, ya sea porque no son reconocidos por la constitución en cuestión o porque las circunstancias los hacen inoperantes. Por ejemplo, la urgencia de remover a un ciudadano del cargo de primer ejecutivo puede ser tal que esperar hasta el próximo ciclo electoral conduciría a un periodo de crisis e inestabilidad que haría de ello una alternativa no viable. A la misma vez, podría ser que la revocatoria de mandato a través de un referéndum no esté permitida por el orden constitucional vigente. Finalmente, la rama legislativa podría no estar dispuesta a comenzar un juicio político o así estándolo, los requisitos establecidos en la constitución para que dicho proceso pueda llevarse a cabo podrían no estar presentes. En estos casos, la constitución no presenta una solución a un problema que urge solucionar. Ese es el tipo de situación en la que se encuentra Puerto Rico. Falta más de un año para las elecciones. La legislatura no parece inclinada a comenzar un proceso de residenciamiento. Además, la constitución no reconoce el poder de los ciudadanos de remover a un primer ejecutivo de su cargo fuera del contexto de las elecciones generales.

Pero las constituciones, como escribiera un conocido juez estadounidense, “no son un pacto suicida”. En contextos en donde la constitución no ofrece a los ciudadanos una manera de resolver una crisis política insostenible, no le queda otra opción al pueblo, al poder constituyente del que emana la autoridad de la constitución misma, que salir a la calle y hacer lo posible para que su voluntad se convierta en derecho. Por eso, las diversas expresiones de indignación ciudadana que en estos momentos buscan remover al primer ejecutivo de su cargo antes de que concluya el período ordinario de cuatro años, no tienen un valor menor a una elección general, a un residenciamiento, o a un referéndum revocatorio. Desde la manifestación masiva del 17 de julio hasta los más individuales actos de protesta, dichas expresiones son el último recurso de una comunidad política que intenta proteger a su paísde un gobierno que ya no se reputa confiable.

John Locke, hace más de dos siglos, describió con claridad el tipo de situación que enfrenta la isla: “Cuando una larga cadena de abusos, mentiras y artimañas hacen que ya no se pueda ocultar más cuál es el fin a que tiende el gobierno y el pueblo percibe claramente la naturaleza de sus dirigentes y a dónde lo están llevando, entonces no es extraño que ese pueblo despierte y se disponga a tomar las riendas para asegurarse de que el gobierno cumpla con los fines para los cuales fue creado”. En esos casos, decía Locke, el poder que ordinariamente detenta el gobierno regresa a los gobernados, quienes entonces son libres de decidir en dónde colocarlo. En Puerto Rico, esa cadena de abusos es probablemente más larga que las 889 páginas del ya infame “chat” y no se limita a los actos de este gobierno. Algunos de sus eslabones más recientes incluyen los numerosos casos de corrupción gubernamental, la manipulación de la información durante el huracán María, la presencia de una Junta de Control Fiscal, el cierre de escuelas, y la incapacidad de un gobierno tras otro de proteger el interés público frente al interés privado.

Ojalá, luego de lograr la ya la dilatada renuncia del primer ejecutivo, los puertorriqueños comencemos a conectar los eslabones de esa larga cadena de abusos, mentiras, y artimañas. Quizás, en ese momento, comencemos también a gobernarnos a nosotros mismos.