¿Un nuevo constitucionalismo norteamericano?

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    por Carlos E. Ramos González
    viernes, 8 de enero de 2021

    ¿Un nuevo constitucionalismo norteamericano?

    Muchas de las actuaciones del ciudadano Trump han sido ilegales o al borde de la ilegalidad. Ahí está su historial de demandas civiles e investigaciones criminales pendientes en el estado de Nueva York. Basta una lectura del libro de su sobrina, Mary Trump o de los trabajos de la prensa investigativa, para confirmar este rasgo de su personalidad. O basta observar muchas de sus decisiones como presidente: todas al filo de la legalidad existente. Por eso el calificativo de “delincuente” puede incluso ser muy generoso.

    Nunca en la historia de los Estados Unidos un presidente había creado tantas dudas e incertidumbres constitucionales. Aunque muchos proclaman que el diseño constitucional ha funcionado, lo cierto es que el individuo ha trastocado todas sus piezas. Mencionemos y discutamos algunas de las más complejas y situaciones extremistas muy pertinentes al drama que se vive hoy día por sus acciones sediciosas.

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    Los mecanismos de remoción del poder que proveen la Enmienda 25 o el proceso de impeachment/destitución, ¿pueden ejecutarse en la próxima semana y media antes de que tome posesión el nuevo presidente? Si no fuese posible, ¿se puede o se debe impeach a un presidente luego de desocupar su cargo? En los próximos días, ¿se puede instar una acusación contra el presidente por conspiración sediciosa por sus expresiones o acciones aún mientras ocupa el cargo? Dentro de ese mismo contexto, ¿podría un presidente auto-concederse el perdón o clemencia ejecutiva para evitar ser acusado en los días que le quedan en su oficio o en días futuros?

    La enmienda 25 fue creada ante el zozobro que creó el asesinato del presidente Kennedy. ¿Qué hacer si un presidente en funciones queda incapacitado física o mentalmente? ¿Quién toma el control mientras un presidente es sometido a una cirugía totalmente anestesiado? Nunca se pensó que la incapacidad mental se pudiese manifestar por una decisión obsesiva por mantener el poder llegando incluso a conspirar para la acción sediciosa. Mucho menos se articuló en un contexto donde esa incapacidad se manifestara plenamente a días de una transición de poder.

    El inicio del proceso de impeachment de un presidente en la Cámara de Representantes unido al juicio de destitución en el Senado federal ha durado al menos tres meses en las tres instancias en que se ha utilizado. En teoría, en la Cámara podría ser cuestión de días. No hay que esperar respuesta formal del presidente a ser residenciado. El juicio en el Senado es más complicado: al presidente hay que darle un debido proceso de ley. Además, contrario al proceso de incapacidad de la Enmienda 25, el de impeachment podría terminar en destitución con la posibilidad constitucional de que el castigo conlleve inhabilitación para ocupar cargos públicos electivos futuros. Por la amenaza que representa este individuo en caso de una nueva aspiración presidencial futura, es que comienza a debatirse si pudiese instarse el mismo una vez deje el cargo. Suena absurdo pero no lo es. Son las interrogantes que suscita la novedad de esta presidencia. Lo que se busca es una inhabilitación preventiva.

    Igual incertidumbre constitucional crea la posibilidad de instar cargos criminales a un presidente en funciones. La investigación criminal de los eventos del 6 de enero ya comenzó. Su participación a través de la incitación a cometer delitos coloca el asunto fuera de lo que contempla la inmunidad presidencial tradicional. Hace recordar la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de U.S. v. Nixon: el presidente no puede estar por encima de la ley y mucho menos para conspiraciones de esta naturaleza. Estaría en precario la existencia misma del estado de derecho. El mismo razonamiento aplica en el uso del poder constitucional de clemencia ejecutiva para auto- perdonarse. En el contexto actual, sería una violación a la forma republicana de gobierno. Implicaría dar validez a lo que siempre ha sido el objetivo del presidente Trump: autoritarismo y un gobierno al servicio de sus intereses personales y aquello que lo sostiene en el poder. Un nuevo rey americano.

    Nada de esto ha sido resuelto por el poder judicial. Es terreno novel. Exactamente como la presidencia actual. Siempre al filo de la legalidad e inconstitucionalidad. O, ¿no será que se han creado las bases para una nueva forma de entender el derecho constitucional norteamericano? Los nuevos jueces y juezas federales, ¿cómo entenderán a este imperio que se sigue negando a sí mismo? ¿O a la nación que se busca pero que no se encuentra?

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