por Efrén Rivera Ramos
martes, 20 de junio de 2017

Se ha repetido infinidad de veces que la crisis fiscal por la que atraviesa Puerto Rico tiene entre sus causas la apabullante falta de transparencia de gobiernos sucesivos sobre las cuentas del estado.

Esa opacidad se manifestaba en la dificultad de acceso a la información financiera, la ausencia de estadísticas confiables, los datos exiguos sobre las emisiones de deuda, el relativo silencio sobre las transacciones entre el Gobierno y sus acreedores, las sombras densas que envolvían las decisiones sobre este particular y otros fenómenos por el estilo. La información, si alguna, que circulaba sobre estos asuntos siempre quedaba fuera del alcance del público. El Gobierno actuaba a oscuras, hasta que la realidad comenzó a empujar hacia la superficie las consecuencias más dramáticas de ese proceder.

Cualquiera habría esperado que los intentos por superar la crisis tendrían entre sus objetivos remediar esta característica crónica de la forma de operar de nuestras instituciones públicas y nuestros gobernantes. Pero no ha sido así.

El proceso que se inició con la aprobación de PROMESA, la creación de la Junta de Control Fiscal y la elaboración del Plan Fiscal y del primer presupuesto anual bajo este régimen ha estado rodeado de sus propias dosis extremas de falta de claridad.

En la carta de tono durísimo que le envió el pasado viernes al Gobernador y a los presidentes de las cámaras legislativas, la Junta de Control Fiscal le recordó a la Administración de Gobierno que “la transparencia es un principio rector exigido específicamente por PROMESA”. Les recriminó el discurso público generado por sus funcionarios que tiende a minimizar la gravedad de la crisis y a caracterizar inadecuadamente la situación real de liquidez de las arcas públicas.

La Junta le exigió al Gobierno que establezca protocolos adecuados para suministrar regularmente a ese organismo la información pertinente, que precise las herramientas que pretende utilizar para implantar las medidas de ahorro propuestas en el Plan Fiscal y que defina, de una vez y por todas, lo que el Gobierno considera “servicios esenciales”. Todo ello, estima la Junta, es imprescindible para lograr la estabilización de las finanzas públicas y la realización de los objetivos de PROMESA.

El manejo del proyecto de presupuesto revela otras deficiencias relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana. Numerosas organizaciones no gubernamentales han denunciado la negativa de la Asamblea Legislativa a proveerles participación en las audiencias públicas en las que se discutía el presupuesto.

Dos senadores de la oposición política y el Centro de Periodismo Investigativo han tenido que acudir a los tribunales para obligar al Gobierno a proveerles copia del proyecto de presupuesto enviado a la Junta de Control Fiscal y otra información pertinente. Inicialmente, el Gobierno pretendió remover los casos al tribunal federal, pero la jueza Laura Taylor Swain los ha ido devolviendo al tribunal de primera instancia de Puerto Rico, de donde nunca debieron haber salido.

Pero las fallas en transparencia no son solo del Gobierno. La Junta de Control Fiscal tiene sus propias historias de opacidad.

Inició sus funciones con reuniones en las que se adoptaban resoluciones acordadas previamente a espaldas del público. Le aprobó al Gobierno el proyecto de presupuesto sometido por el ejecutivo con recomendaciones que no se le han explicado a la ciudadanía. Y, al igual que el ejecutivo, ha resistido en el tribunal federal las solicitudes que le ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo para que provea información que debe ser pública, sugiriendo en las etapas preliminares del pleito que habrá de invocar sus privilegios de deliberación y la inmunidad que supuestamente le confiere la ley PROMESA.

Hay mucha oscuridad que disipar todavía.