por Carlos E. Ramos González
lunes, 20 de marzo de 2023

Usamos las redes sociales para lanzar nuestras ideas sobre muchos asuntos. La posibilidad de crear una amplia conversación pública se magnifica por el medio cibernético. A su vez, ese medio lo convierte todo en uno más libre y desinhibido: se nos ofrece la oportunidad de expresarnos incluso en el anonimato. Ello ha enriquecido la libertad de expresión a la vez que, en ocasiones, ha producido mucho daño. De hecho, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está pendiente de adjudicarse una controversia que podría definir quien, si alguien, debe asumir la responsabilidad cuando ocurre este abuso del derecho.

A mi juicio esta libertad, unida a la garantía de un gobierno donde exista separación de los poderes públicos, son elementos constitutivos de una gobernanza democrática en cualquiera de sus acepciones. Eso incluye su necesidad aun en regímenes con evidente negación democrática como Puerto Rico por su condición territorialidad colonial.

Por ello, cuando la exgobernadora estatutaria se defiende mediante el ejercicio de su libertad de expresión, tenemos que reconocer la valía e importancia de que así lo haga. Igual sucede con su derecho a diseñar estrategias variadas para sufragar los gastos de su defensa, que ciertamente forma parte de su derecho a estar asistida del abogado/da y la presunción de inocencia que le cobija. Muchas personas, por la antipatía que le pueda causar la acusada, la naturaleza de los delitos imputados, por su abuso del poder privilegiado o la imprudencia que ello podría implicar, usan las redes para expresar su inconformidad e incluso lanzan expresiones hirientes y odiosas contra la acusada. Esas expresiones también están protegidas en nuestro estado de derecho, aunque preocupa que nazcan de la ignorancia sobre los derechos de un acusado olvidando que el día menos pensado también tendrán que ejercer estas garantías constitucionales. Estos espacios en la esfera pública no deben ser asfixiados por ángulo alguno del debate.

Pienso que una razón por lo cual muchas veces se reacciona con expresiones de odio a perspectivas contraria a la nuestra obedece a un resentimiento acumulado. Me refiero a ciertas comunicaciones y acciones de la oficialidad para manipular y desinformar la opinión pública. Cuando se conoce la identidad del informante, se queda en la memoria colectiva el daño que ello ocasiona. Una vez dejan el gobierno, muchas personas no olvidan. Por eso, conviene recordarles a los que realizan funciones públicas que el gobierno no tiene libertad de expresión. Solo tiene una obligación de comunicar e informar sus políticas públicas. De ahí la trascendencia de actuar con transparencia y rendición de cuentas. La libertad de expresión y el derecho a acceso a información pública son derechos constitucionales fundamentales de las personas no del gobierno.

La línea que divide el derecho individual a la libertad de expresión de la persona que ocupa un cargo público y sus expresiones como funcionario público muchas veces es muy fina. Ello es particularmente cierto cuando se trata de la figura de un gobernador/a o un presidente/a de los Estados Unidos. Como regla general, lo que expresen en la esfera pública puede y debe ser percibido como una comunicación oficial de su gobierno cuyos salarios se sufragan con los contribuyentes de todas las formas de pensar.

Podemos cambiar las formas de concebir y practicar democracia. Sin embargo, defendamos el más amplio y libre ejercicio de la libertad de expresión comenzando con reconocer el derecho de los demás a tener las ideas que más odiamos.

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