Reflexiones 2023: El poder judicial y la legitimidad de sus decisiones

Reflexiones 2023: El poder judicial y la legitimidad de sus decisiones

endi.com
por Carlos E. Ramos González
miércoles, 20 de diciembre de 2023

Reflexiones 2023: El poder judicial y la legitimidad de sus decisiones

El maestro Raúl Serrano Geyls, constitucionalista boricua, comienza el capítulo segundo de su libro sobre Derecho Constitucional con unas citas y narraciones fascinantes. Una de ellas permite comprender la naturaleza e importancia del poder judicial. En la gobernanza de las comunidades antiguas era incuestionable el rol que asumían ciertos personajes llamados a resolver en última instancia muchos de los conflictos provocados por los retos de la convivencia humana. Había que recurrir al sacerdote o chamán para encontrar soluciones. A su vez, esta persona acudía a una vetusta calavera que le brindaba las respuestas necesarias. ¿Acaso no asumen un rol similar la Constitución y el poder judicial?

Todos conocían la fragilidad de esta vieja calavera, así como la mitología que encerraba este proceso. Aunque podían sentir inconformidad con la solución ofrecida, a la larga suscribían la misma. La necesidad urgente por lograr estabilidad hacía que aceptaran su poder persuasivo. Aunque imperfecta y añeja, la necesitaban.

Cada decisión de los poderes judiciales que rigen en nuestro país nos impacta de diversas maneras a quienes aquí habitamos. Para que se manifieste su poder persuasivo, sus decisiones deben estar acompañada por fundamentos adecuados en derecho, pero a su vez respaldadas por un capital repleto de legitimidad.

Al reflexionar sobre el poder judicial puertorriqueño en 2023 encontramos que en su conjunto proyectó respeto, dado la juridicidad y legitimidad de sus fallos. Como reflexionaremos más adelante, también hubo decisiones que hicieron disminuir su capital de legitimidad y que laceraron enormemente “la calavera”. No obstante, y contrario a lo que sucede en otras jurisdicciones, no hubo imputación pública alguna de prevaricación ni de corrupción. Nuestra rama judicial es una imperfecta, pero limpia.

El poder judicial atendió miles de controversias de personas que acudieron a ella buscando sed de justicia. Muchas veces la obtuvieron. Me refiero, por ejemplo, a los procesos vinculados al derecho de familia, los procedimientos ex-partes o la agilidad en las respuestas a los recursos extraordinarios instados. Demostró comprensión en la mayoría de las peticiones de acceso a información pública que continuamente son denegadas o tratadas con desdén por las ramas ejecutivas estatales y municipales. O la exhibida ante ciertas peticiones para proteger nuestros recursos naturales logrando superar los escollos impuestos por las ramas políticas del gobierno y algunas doctrinas retrógradas/conservadoras desarrolladas por la mayoría actual del Tribunal Supremo.

Es verdad que en otras controversias las personas saciaron su sed, pero solo después de un trámite lento y engorroso donde muchas veces el proceso judicial parecía un castigo. Pregúntese a los miles de testigos que vieron suspendidas sus comparecencias. O a las partes en ciertos asuntos de naturaleza civil que parecen nunca terminar. Aun así, celebremos que ya existe un poder judicial puertorriqueño con adelantos tecnológicos que hace varios años parecían que nunca llegarían.

Pero el capital de legitimidad sufrió grandes pérdidas con ciertas decisiones. Basta mencionar algunas controversias de trascendencia pública sobre la cuantía e inequidad de fianzas impuestas, procesos judiciales cuando mujeres víctimas de abuso buscaban protección del tribunal o las imposiciones de sentencias. Hubo auténticos fracasos de la justicia. Estas decisiones podrían ser mejor entendidas si introdujéramos en nuestro sistema judicial la necesidad de que la magistratura del tribunal de primera instancia esté obligada a explicar o “motivar” sus decisiones. No debe ser suficiente resolver, por ejemplo, que “hay causa probable” o “no causa” sin mayor detalle. Tampoco es idóneo fijar o disminuir una fianza sin explicación, negar una orden de protección o imponer una sentencia sin fundamentación. Los errores o abusos de discreción judicial se minimizarán con esta exigencia. Vale la pena retomar esta discusión para hacer un balance entre el costo que se deriva al obligar a explicar estos fallos en comparación con su ganancia democrática.

Si alguna sensación amarga nos trajo el poder judicial fue la transparencia insuficiente y la escasa rendición de cuentas. A mi juicio, ambas cuestiones constituyen los retos principales que tiene este poder público en los años venideros. También fue particularmente crítico las acciones tomadas en el proceso judicial de auto-aumento de sueldo de los jueces y juezas. Asimilar una resolución legislativa con una ley a los fines de resolver esta controversia puede ser correcta y justa, pero carece de legitimidad y está repleta de elitismo. Igual devaluación de este capital lo observo en las controversias relacionadas con nuestro Código Electoral deficiente y partidario. Frente al fracaso de un poder legislativo ingobernable se unió un poder judicial timorato que se niega a reivindicar ciertos derechos fundamentales vinculados al voto democrático. ¿Nos espera algún cambio en el Tribunal Supremo si el gobernador logra llenar la vacante existente? ¿Cambiará su rumbo el tribunal cuando se llenen las dos vacantes que surgirán el próximo cuatrienio?

Finalmente, no se puede reflexionar sobre el poder judicial en Puerto Rico sin hacer mención del poder judicial federal que nos impone la condición territorial-colonial. Promesa se ha encargado de facilitar las acciones de cobro de dinero de los bonistas que administra una jueza federal importada. A su vez, la máxima autoridad judicial federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se ha encargado de reafirmar el poder que se ejerce a través de la maleable y perversa cláusula territorial. Eso incluye su decisión nefasta de proteger el oscurantismo y secretismo de la Junta de Control Fiscal a pesar de la batalla titánica del Centro de Periodismo Investigativo. También deben mencionarse las decisiones de ese mismo tribunal eliminando derechos reproductivos adquiridos y amenazando con quitar otros. En giro dialéctico, esa misma jurisdicción en primera instancia parece asumir adecuadamente su rol de aspiradora y limpieza de corruptela gubernamental.

En el año 2023 la “calavera” fue lacerada, pero muchas más veces cobró brillo. De cualquier modo, la necesitamos.

Otros artículos de Carlos E. Ramos González