Reflexión 2023: Nuestros derechos en perspectiva

Reflexión 2023: Nuestros derechos en perspectiva

endi.com
por Efrén Rivera Ramos
miércoles, 27 de diciembre de 2023

Reflexión 2023: Nuestros derechos en perspectiva

Durante el 2023 la protección de los derechos de las personas y los pueblos registró algunos adelantos, así como retrocesos considerables en todas partes del mundo. Proveamos algún contexto.

Históricamente el activismo en torno a los derechos ha procurado dos grandes objetivos. En primera instancia, lograr el reconocimiento de los derechos en constituciones, legislación, instrumentos internacionales, decisiones judiciales y otras fuentes jurídicas. En segundo lugar, se han desplegado esfuerzos para, más allá del reconocimiento formal de los derechos reclamados, garantizar su disfrute efectivo mediante políticas, mecanismos y prácticas que aseguren su cumplimiento. Lo que quizás no se anticipaba con claridad era que tendría que abrirse un nuevo frente: la lucha por simplemente mantener los derechos ya ganados.

Así ha ocurrido tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Lo transcurrido en Estados Unidos es importante por el efecto de sus decisiones judiciales, legislativas y administrativas sobre Puerto Rico y sobre los cerca de seis millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en ese país. A continuación destaco algunos ejemplos.

En cuanto a los derechos reproductivos y los relacionados con el género sobresale la eliminación por el Tribunal Supremo de Estados Unidos del derecho al aborto como derecho fundamental federal. El Tribunal abrió las puertas a la aprobación de legislación estatal extremadamente restrictiva que ha puesto en riesgo la vida, salud, bienestar y condiciones de vida de cientos de miles de mujeres y sus familias. La decisión alentó a los sectores más conservadores de Puerto Rico a procurar el mismo fin. El activismo de los movimientos de mujeres y otros sectores ha logrado frenar el intento, no sin antes tener que dedicar energías, tiempo y recursos a defender un derecho que ya se tenía por ganado.

En otros temas relacionados con el género, se han tenido que movilizar voces y recursos para detener los esfuerzos legislativos por normalizar el discrimen contra la comunidad LGBTQI+, en especial las personas de experiencia trans. Aquí también la resistencia comunitaria ha sido fundamental para atajar ese empeño. Pero, por lo visto, la obsesión anti-derechos continuará buscando cauces de acción.

No debe dejarse de mencionar la explosión de feminicidios. En este caso, no se trata de falta de legislación, sino de acciones eficaces y políticas dirigidas a atender las causas de esas muertes. Los obstáculos a esa medidas preventivas tienden a provenir de los mismos sectores que promueven la restricción de derechos basada en nociones estereotipadas de género y niegan la importancia del género como factor específico que contribuye a la generación de determinadas violencias

Los derechos políticos se han visto afectados de diversas maneras. Nuevamente asume protagonismo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al erosionar las medidas contempladas en el Voting Rights Act federal. Ello ha permitido a los estados utilizar el mecanismo de redistribución electoral para excluir electores, sobre todo de las minorías raciales y étnicas, y para favorecer a los partidos políticos de preferencia de quienes diseñan los mapas electorales.

En Puerto Rico, el nuevo Código Electoral sustrajo a los electores y a los partidos políticos derechos que ya poseían, al prohibir las candidaturas coaligadas, es decir, que un partido pueda colocar en su columna el nombre de candidatos de otros partidos. Ello ha obligado a dos partidos políticos a hacer malabares para forjar una alianza electoral, práctica que debería ser lo más normal en una democracia vibrante.

Las libertades de expresión y de información también han sufrido mengua. El ambiente tóxico que se ha creado en muchas universidades en Estados Unidos en torno a las opiniones relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina ha puesto en riesgo la libertad de expresión de estudiantes y docentes, afectando de paso las libertades de cátedra, asociación y protesta. Ello se añade a las medidas de algunos estados para restringir las discusiones sobre temas como el género, la raza y la extranjería en escuelas y universidades. Solo queda esperar que Puerto Rico no reproduzca esos fenómenos. Ya, sin embargo, los puertorriqueños y puertorriqueñas de la diáspora están expuestos a los perjuicios provocados por esas actitudes.

Desde la década de 1980 Puerto Rico ha contado con jurisprudencia favorable al derecho a la información pública. Eso hay que reconocerle a nuestro Tribunal Supremo. Desde 2019 también se cuenta con legislación que, aunque todavía deficiente, provee mecanismos para vindicar ese derecho en los tribunales.

El problema de los obstáculos al derecho a la información, pues, no es tanto de reconocimiento del derecho, sino de las prácticas que dificultan su realización. Ello ha obligado a organismos como el Centro de Periodismo Investigativo a presentar numerosas demandas judiciales para hacer efectivo un derecho garantizado en nuestra Constitución.

Cuando la solicitud va dirigida a uno de sus componentes, el propio Poder Judicial puertorriqueño, otrora paladín de la libertad de información, se ha resistido a ofrecer la información requerida. A esta regresión se ha unido el Tribunal Supremo de Estados Unidos al avalar el argumento de la Junta de Control Fiscal de que no tenía la obligación de suministrarle cierta información al CPI, cubriendo las acciones de la Junta de un manto de secreto e impunidad. Nuevamente, se debilita un derecho ya ganado.

Ha habido otros deterioros y luchas. Pero por razones de espacio, concluiré con el daño infligido a un derecho fundamental para nuestro pueblo: el derecho a la autodeterminación. Este se refiere al derecho colectivo del pueblo puertorriqueño a determinar libremente su futuro político y a proveer para su desarrollo económico, social y cultural.

La renuencia del Congreso de Estados Unidos a proveer un proceso para la descolonización de Puerto Rico constituye una violación flagrante de ese derecho. También lo es la imposición de una Junta de Control Fiscal, no electa, que toma decisiones fundamentales para el presente y el futuro económico, social y cultural de nuestro pueblo sin que nuestro parecer cuente para mucho. Un ejemplo dramático de la intervención de la Junta con nuestro derecho a la autodeterminación cultural es el golpe severo que le ha propinado a la Universidad de Puerto Rico al eliminarle la mitad de su presupuesto.

Las perspectivas para el 2024 y los subsiguientes en lo que a los derechos concierne siguen siendo ominosas. Pero las luchas para detener esos quebrantos no han cesado y la esperanza es que continúen con mayor vigor. Ese es el recurso en el que debemos confiar.

Otros artículos de Efrén Rivera Ramos