por Carlos E. Ramos González
miércoles, 1 de marzo de 2023

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de celebrar la argumentación oral relacionada con la constitucionalidad de una orden ejecutiva que ordena la condonación o cancelación de una parte de la inmensa deuda estudiantil ocasionada por préstamos federales. En la nación norteamericana y en Puerto Rico cada vez parece más un lujo estudiar una carrera, particularmente si es universitaria. De ahí que desde hace décadas se haya diseñado un sistema de préstamos que tiene el apoyo del gobierno federal. Miles de habitantes de Puerto Rico conocen muy bien de lo que se trata pues se han beneficiado de ello.

Debido a la emergencia ocasionada por la pandemia, la administración del presidente Trump se sintió obligada a suspender temporeramente mediante orden ejecutiva la obligación de pago de la mensualidad de estos préstamos. La deuda total de este programa se calcula en cerca de 400,000 millones de dólares. El presidente Biden llegó al poder con la promesa de incluso cancelar o condonar permanentemente al menos una parte de lo adeudado. Ambas administraciones han utilizado como fundamento jurídico para tal acción la ley conocida como HEROES Act aprobada luego de los ataques del 11 de septiembre. En dicha ley, el Congreso autorizó al presidente y a la rama ejecutiva a realizar ciertos cambios en el programa de préstamos federales estudiantiles para así enfrentar las emergencias como la ocurrida entonces.

En los dos casos ante el tribunal, Biden v. Nebraska y Department of Education v. Brown, un grupo compuesto por seis estados y unos ciudadanos individuales cuestionan el poder del presidente para realizar esta condonación parcial de la deuda sin una autorización mucho más clara y específica del Congreso para así hacerlo. Ante la cantidad significativamente alta y billonaria del impacto final de esta acción administrativa, alegan que ello viola el principio de separación de poderes y varias doctrinas que se derivan de este principio. A su vez, la administración de Biden argumenta que quiere hacer justicia permanente en tiempos de pandemia aliviando una parte pequeña de la carga de estos deudores.

Lograr justicia financiera en estos tiempos no es asunto fácil. La precariedad que obliga al capitalismo a permitir la intervención estatal en la economía tiende a valorarse más si es para subsidiar grandes intereses como por ejemplo, la banca privada comercial. Pero la austeridad es la bandera que se alza por el capitalismo salvaje cuando el gobierno interviene para dar la mano a las grandes mayorías, como lo son muchos de los deudores de préstamos estudiantiles.

A mi juicio, ese era el trasfondo de la vista oral celebrada ante el Supremo federal. Dentro del raciocinio de las preguntas hechas por los jueces y juezas sobre violación a la separación de poderes, se esconde una agenda neoliberal que quiere limitar los poderes de un presidente cuando es sobre un asunto que afecta a grandes mayorías en dificultades financieras. Por ello evocan la doctrina conocida por “major questions doctrine”, que busca limitar el poder de las agencias del ejecutivo federal. Se refiere esta doctrina a que es inconstitucional una ley que delegue poderes a la rama ejecutiva en un asunto que tiene implicaciones económicas y políticas significativas salvo que la ley “claramente” lo ordene. Con ello aprovecharían para continuar sentando las bases para desmantelar el trabajo de agencias administrativas como aquellas que protegen el ambiente y que son anatema a esa sociedad de mercado feroz.

En la misma línea formalista y reaccionaria, quizás decida invalidar la ley HEROES Act según se aplica a la condonación de deuda, a pesar de que parece evidente que ni los estados demandantes ni los demandantes individuales tienen legitimación activa (“standing”) para llevar una acción a los tribunales en la medida en que no han podido establecer el daño directo que están sufriendo por esta acción. Dicho de otra forma, el tribunal debería de abstenerse de ver el caso y dejar que permanezca el alivio concedido.

No importa cómo se enmascare la controversia, lo que está en juego es si va prevalecer una medida de justicia financiera necesaria en tiempos de una emergencia de larga duración. Frente una mayoría que ha eliminado derechos fundamentales previamente adquiridos, el asunto es cuesta arriba.

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