Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil
(5ta Ed., 2010)

Antonio García Padilla*

En su quinta edición, secuencia de crecimiento que ya cumple cuarenta y un años, el Derecho Procesal Civil de Rafael Hernández Colón[1] revalida su aportación al derecho procesal civil puertorriqueño, esta vez al socaire de las nuevas reglas adoptadas el 29 de diciembre de 2009.[2]

Las Reglas de 2009 producen cambios importantes en las reglas hasta entonces vigentes. La quinta edición del tratado de Hernández Colón le presta especial atención a esos cambios. Al enfocarse en los desarrollos recientes — contextualizarlos, aclarar sus propósitos, describir sus miras — el libro adquiere un especial valor. Habla bien de nuestra comunidad jurídica que los cambios normativos estén prontamente acomparsados de comentario y exegesis que ayude a la profesión a precisar sus contenidos y aplicaciones.

El libro muestra entusiasmo hacia los ajustes que se adoptan en las reglas de 2009. Se fija especialmente en el potencial de mayor celeridad que las nuevas reglas tienen. “El manejo del caso bajo las Reglas de 2009” – dice el autor – “será mucho más racional y eficiente y conducirá a la más pronta resolución de los litigios que necesita y reclama el país.”[3] En efecto, el tema de la demora en el trámite de los procesos judiciales preocupa al país desde hace mucho tiempo.[4] En un reciente estudio dirigido por el Decano David M. Helfeld, se expone una situación inquietante. Apunta Helfeld que “el grado de demora inaceptable alcanzó un 90 por ciento en el trámite de casos de sucesiones, un 80 por ciento en derechosreales, un 60 por ciento en daños y perjuicios, un 50 por ciento en derecho defamilia y un 20 por ciento en derecho constitucional”.[5]

Este es el tipo de situación que, como señala Hernández Colón, las reglas de 2009 intentan atender. Para enfrentar el problema, las reglas de 2009 hacen una apuesta: acercar el procedimiento civil puertorriqueño al modelo que Judith Resnik, en un seminal ensayo de 1983, llamó “modelo gerencial”.[6]

El movimiento hacia el modelo gerencial, en donde el juez asume desde el inicio la administración del caso, se produce, fundamentalmente, en la nueva Regla 37 de 2009.[7] La Regla 37 requiere que, una vez concluidas las alegaciones, las partes interactúen para generar un plan sobre manejo del caso. Ese plan debe compartirse con el juez. Dentro de los 60 días de recibirlo, el juez debe celebrar una conferencia con los abogados, la cual, a su vez, debe generar una orden de calendarización que gobierne el desarrollo del litigio desde ese momento hasta la ventilación del juicio.[8]

Hernández propone que para que el nuevo esquema tenga éxito, no basta con las reglas; que se requiere, además, primero, la cooperación decidida de los abogados; segundo, un cambio grande en la aproximación de los jueces superiores a los casos que ante ellos se ventilan y, tercero, el abandono de la “cultura del ay bendito” que prevalece en la Rama Judicial. El autor reclama asimismo que la normativa jurisprudencial que adopte el Tribunal Supremo de ahora en adelante, tiene que apoyar el cambio en rigor que las reglas buscan, así como reclama también que la Administración de los Tribunales organice el trabajo de los jueces en forma consistente con esos objetivos.

De esa forma, el autor llama la atención a las fuerzas que pueden producir la resultante vectorial de justicia efectiva y pronta que Puerto Rico busca en la Regla 37. A mi juicio, una de esas fuerzas, la que tiene que ver con los recursos del sistema, no puede perderse de vista. Si no se le calibra y se le da la importancia que merece, puede conducir a frustraciones. En ese sentido, quisiera aquí dirigirme a dos asuntos:

Primero, los recursos de apoyo para atender la carga relativa de los jueces. El modelo gerencial es hoy día el que prevalece en las cortes federales. Allí ha tenido éxito. Veamos el contexto en el que modelo opera en ese sistema de tribunales. En el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, por ejemplo, se presentaron durante el año 2009, 1252 casos civiles. Toda vez que el Tribunal de Distrito tiene once jueces en Puerto Rico, las presentaciones anuales representan una asignación promedio anual de 196 casos civiles por juez.[9] Ese volumen de asignaciones equivale a una asignación mensual de 16 casos civiles por juez. Cada juez de esa corte cuenta con el apoyo de un oficial jurídico y, desde luego, con el grupo de magistrados que, en el caso del Distrito de Puerto Rico, suman a cuatro. Le corresponde en muchas ocasiones a los magistrados el manejo de los asuntos preliminares en los casos civiles.[10]

En el sistema puertorriqueño se le proveen a los jueces superiores muchos menos recursos. Por ejemplo, en una determinada sala superior en San Juan, a cargo de asuntos civiles contenciosos, se presentan mensualmente alrededor de 120 casos.[11] Le asiste al juez un oficial jurídico a media tarea pues es compartido con otra sala. Al oficial jurídico se le asignan solo casos listos para sentencia en su fondo, a razón, típicamente, de un caso por semana. En Puerto Rico no existe un sistema de magistrados en apoyo a los jueces.

Puede debatirse en torno a cuántos de esos 120 casos nuevos justifican una conferencia Regla 37. Supongamos que la juez a cargo de esa sala – que es una de las salas con mayor reputación de eficiencia — celebrase una conferencia sobre manejo del caso en la mitad de estos pleitos, y a cada reunión le dedicara una hora, la juez invertiría 60 horas mensuales en reuniones sobre calendario, un tercio del tiempo hábil de trabajo en un mes. Al final de cada mes un juez tiene alrededor de 550 casos pendientes. Ese es el marco – muy distinto del federal — en el que operará la Regla 37 en nuestro sistema.[12]

Segundo, los recursos judiciales propiamente dichos. En su estudio de 2008, el Decano Helfeld hace un hallazgo importante: veintiuna judicaturas superiores, de un total de 334 estaban vacantes al finalizar el año 2003.[13] La tarea judicial que corresponde a esas plazas vacantes, no aguarda. Debe ser atendida por otros jueces. Ello complica aún más la tarea de aquellos jueces que asumen sin ambages la tarea de velar por el adecuado progreso de los asuntos que se ventilen ante ellos. Este crecido número de mellas en la plantilla, mengua las capacidades de eficiencia del sistema.

Todo lo anterior convierte este nuevo proyecto en que se embarcan las Reglas de 2009 en un laboratorio fascinante para el estudio del derecho procesal puertorriqueño, para el examen de cuán bien traduce a nuestro clima el modelo gerencial en la administración de los pleitos civiles. Esa responsabilidad no se puede eludir. El derecho no puede escaparse del esfuerzo de los puertorriqueños por construir una cultura de innovación más fuerte; por asegurarnos de que no sólo importamos conocimiento jurídico sino que lo aprendido en la cultura jurídica universal crece al nutrirse de nuestras propias ideas, prácticas, realidades y críticas.[14]

Es con esa vocación que debemos acercarnos a ésta como a otras reformas. Henández se siente optimista. “El manejo del caso bajo las Reglas de 2009” – ya lo he citado – “será” – dice el autor – “mucho más racional y eficiente y conducirá a la más pronta resolución de los litigios.” ¿Se cumplirá ese buen augurio?

Que cuando se produzca la sexta edición de este tratado, contemos con los estudios, los análisis y las evaluaciones que permitan explicar en qué medida y por qué corresponde celebrar el éxito de las reformas de 2009 y en qué medida y por qué se han frustrado las expectativas que en las reformas ciframos. Ello requerirá de mejores y más continuas fuentes de información sobre el estado de cosas en cada sala del tribunal de primera instancia. Pero nada menos merece la madurez de nuestro Derecho.