por Carmelo Delgado Cintrón
martes, 7 de junio de 2022

El liderato tradicional del Partido Popular Democrático (PPD) ha puesto el grito en el cielo pues el Estado Libre Asociado (ELA) ha sido excluido del anteproyecto de ley, Puerto Rico Status Act (PRSA) presentado el 20 de mayo de 2022 por el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos que preside el congresista Raúl Grijalva. Esa legislación autorizaría una consulta en Puerto Rico entre las opciones permanentes de: (A) independencia. (B) soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. (C) estadidad. La libre asociación no tiene carácter de permanente pues siempre está accesible para esta opción la independencia y la opción de la estadidad o anexión a Estados Unidos dice es autoejecutable, obviando los procesos históricos y constitucionales para ese proceso.

Este anteproyecto de ley dispone de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico como si fuera una cuestión doméstica del gobierno federal, estrategia similar a los procesos de la creación del ELA. Los asuntos de dependencia o subordinación colonial son de índole internacional. Esa exclusión del ELA responde a su naturaleza territorial e interina y su inserción, como corresponde, de esa condición política, en la Cláusula Territorial de la Constitución de EE. UU. Art. IV, § 3, Cl. 2. ((Bartholomew H. Sparrow, The Insular cases and the emergence of the American Empire, 2006, The Insular Cases of 1901, p. 111). El ELA es sujeto de los Casos Insulares que desde 1899, y hasta las últimas decisiones del Tribunal Supremo federal de Sánchez Valle et al, (136 S.Ct. 1863 2016) y United States v. Vaello-Madero (Abril 21, 2022). Así como también el ELA está sujeto a los decretos de la Junta de Control Fiscal creada al amparo de la legislación federal Promesa (Public Law 114 – 187 – Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act). Ha expresado el juez Juan R. Torruella en su discurso ante el CAAPR de 2016 que “la imposición de esta junta [de control fiscal] sobre los puertorriqueños con los poderes que le otorga Promesa, representa el acto más denigrante, despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en toda nuestra relación con Estados Unidos”.

Esta nueva propuesta legislativa federal sobre el estatus es auspiciada por el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), las demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, representantes por Nueva York, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. El PRSA recoge los anteriores proyectos de Velázquez y Ocasio-Cortez (Puerto Rico Self-Determination Act) y González (Puerto Rico Statehood Admissions Act). El líder de la mayoría demócrata Steny Hoyer, demócrata por Maryland, respaldó el PRSA.

El 20 de marzo de 2015, en la opinión mayoritaria, firmada por el juez asociado Rafael Martínez Torres, el Tribunal Supremo de Puerto Rico afirmó que Puerto Rico no dejó de ser un territorio de los Estados Unidos. (El Pueblo de Puerto Rico vs. Luis M. Sánchez Valle, 2015TSPR025). Indica que: “Luego de un análisis desapasionado de la historia y de la inmensa literatura jurídica sobre el tema, tenemos que concluir que, tras la adopción de una constitución, Puerto Rico no dejó de ser un territorio de los Estados Unidos sujeto al poder del Congreso, según lo dispuesto en la Cláusula Territorial de la Constitución federal (Art. IV, Sec. 3)”. La adopción de una constitución, por delegación del Congreso, para organizar el gobierno local en sustitución de gran parte de la ley orgánica vigente entonces, no representó una cesión de soberanía a Puerto Rico. Por el contrario, Puerto Rico no dejó de ser un territorio de los Estados Unidos.

El caso fue en alzada al Supremo federal. El Solicitor General, Donald B. Verrilli, Jr. afirmó en su alegato de diciembre de 2015 en el caso de Sánchez Valle ante el Supremo federal (136 S.Ct. 1863 (2016), Brief for the the United States as Amicus Curiae supporting respondents que: “Pero como materia constitucional, Puerto Rico permanece como un territorio sujeto a la autoridad del Congreso bajo la Cláusula Territorial”. “La transición de Puerto Rico a su autogobierno no cambió su estatus como un Territorio de Estados Unidos”. (Cristian Farías, Puerto Rico is up in arms because The Obama Administration basically just called it a Colony, Huffpost, 12/30/ 2015, Internet). “La Ley 600 no transformó la condición territorial de Puerto Rico dentro de la Constitución”. (H.R. Rep. No. 2275, 81st Cong., 2d Sess. 4. 1950, 1950 House Report). Recordemos las declaraciones del senador Olin T. Johnston dichas para el récord el 23 de julio de 1952 que: “Con respecto a la constitución de Puerto Rico puedo decir que le podemos dar una constitución o no dársela, quiero que los puertorriqueños sepan esto”. “Estamos bajo la Constitución de Estados Unidos reteniendo los derechos sobre Puerto Rico”. (Hearings before the Senate Committee on Interior and Insular Affairs on Resolution 151, 82 Congress, 2 Sessions, May 6, 1952.., p. 171).

A pesar de esa constitución y de los referéndums celebrados Puerto Rico continuará jurídica y constitucionalmente siendo un territorio no incorporado, que administra algunas funciones de carácter local y central, porque así lo autorizó el Congreso de Estados Unidos. Afirma el Dr. José Trías Monge: “En el fragor de la lucha sobre el alcance del Estado Libre Asociado… llegamos hasta reclamar que Puerto Rico había cesado de ser colonia de Estados Unidos… La razón para perfeccionar el Estado Libre Asociado es sencilla: porque hay que descolonizar a Puerto Rico, porque no hemos alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. (José Trías Monge, Estado Libre Asociado. La generación del 40 y la convención constituyenteHéctor Luis Acevedo, Editor, UIA, 2003, p. 9). En declaraciones del presidente del Senado, el jurista Eduardo Bhatia, de 13 de mayo de 2016, bajo el titular de “En EE.UU. nadie cree en el ELA”, El Nuevo Día, se sostiene que: “Eduardo Bhatia atisba el final. No cree que es inminente. Pero por más que le da vueltas al tema, no puede negarse a lo que sus ojos ven: Estados Unidos no apoya la continuidad del Estado Libre Asociado (ELA) como fue concebido en 1952 y como ha sido defendido apasionadamente por el Partido Popular Democrático (PPD). “De sus incursiones en los círculos de poder federales es que le viene la certeza, que revela con un dejo de tristeza que no puede disimular, de que el ELA no tiene futuro en Estados Unidos”. Con este historial ¿cómo el Estado Libre Asociado puede ser incluido como una opción en una consulta de fórmulas no territoriales y no coloniales?

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