24 de mayo de 2020

 

Hon. María M. Charbonier Laureano
Presidenta
Comisión de lo Jurídico
Cámara de Representantes de Puerto Rico

Asunto: Ponencia sobre el Proyecto del Senado 1590

 

Estimada señora Presidenta:

 

Reciba por este medio mis atentos saludos. Incluyo, a continuación, mis comentarios en torno al Proyecto del Senado Núm. 1590, que pretende:

… enmendar las Reglas 112, 145, 146 y 151 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas; a los fines de reconocer como parte integral del derecho fundamental a juicio por jurado el hecho de que el veredicto rendido para encontrar culpable a una persona debe ser unánime; adoptar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ramos v. Louisiana, 590 U.S. ____ (2020), en los juicios que se ventilen por jurado en Puerto Rico; disponer que un veredicto que encuentre a una persona no culpable podrá ser por mayoría de votos en el que debe de concurrir no menos de nueve (9); disponer sobre la aplicación retroactiva de este derecho; disponer que aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena de reclusión a raíz de una condena por un veredicto por pluralidad podrá solicitar un remedio al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal; disponer que esta retroactividad no será de aplicación a casos en que el acusado renunció libre y voluntariamente a su derecho a juicio por jurado; y para otros fines relacionados.

Aparte de los méritos o deméritos que pueda tener la legislación propuesta, me parece imprudentemente prematura. Lo que se pretende es darle pleno efecto retroactivo a la nueva exigencia constitucional de veredictos por unanimidad establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos[1] en Ramos v. Louisiana (590 US—, 2020). Luego de Ramos, la Corte Supremo expidió un auto de certiorari en Edward v. Vannoy, Docket Num. 19-1857, únicamente para resolver cuál es el alcance de la retroactividad de Ramos.

Como se explicará más adelante, la norma de retroactividad de nuevas normas constitucionales en la zona procesal penal, establecida por la Corte Suprema, es que la nueva norma es aplicable solo en casos en que no haya todavía sentencia firme, sujeto a un par de excepciones. En el caso más reciente de Whorton v. Bockting, 549 US 406 (2007), la Corte Suprema, por unanimidad, reafirmó esta norma, y resolvió que la nueva norma sobre el derecho a confrontación que ampara al acusado en el juicio[2] no es el “watershed rule” que requeriría aplicar la nueva norma a casos de revisión colateral, como el habeas corpus.

Dicho esto, lo sensato y prudente es esperar que la Corte Suprema emita su opinión en Edward y, si no es del agrado de la Asamblea Legislativa, entonces legislar, ya con el beneficio de esa opinión. Aquí es crucial percatarse de las tres opciones de la Corte Suprema en Edward:

1. Reafirmar la norma vigente[3] y resolver que Ramos no establece un “watershed rule”, por lo que solo es aplicable retroactivamente a casos en los que no haya recaído sentencia firme.
2. Reafirmar la norma vigente de retroactividad y resolver que Ramos establece un “watershed rule”, con pleno efecto retroactivo, aunque se trate de casos con sentencia firme.
3. Revisar la norma vigente de retroactividad, para establecer un nuevo esquema.

Lo prudente es esperar, pues si la Corte Suprema opta por lo segundo, es imperativo constitucional darle pleno efecto retroactivo a Ramos. Igualmente, si la Corte Suprema opta por lo tercero, probablemente quedará satisfecha la preocupación de la Asamblea Legislativa.

En cambio, si la Corte Suprema optara por lo primero, la Asamblea Legislativa podría actuar, con el beneficio de estar en mejor posición, no solo por lo que pueda haber dicho la Corte Suprema en Edward, sino por que ya contará con data sobre las implicaciones de conceder un nuevo a juicio a convictos cuyas sentencias advinieron firmes hace ya mucho tiempo. Es cuestión de esperar unos meses.

Vamos ahora a los méritos de la legislación propuesta, que se apartaría de la vigente norma de retroactividad establecida hace casi medio siglo por la Corte Suprema. Hay que empezar por la génesis de esta norma.

En Linkletter v. Walker, 381 US 618 (1965), la Corte Suprema atiende el efecto retroactivo de la nueva norma constitucional que extiende a los Estados la exigencia constitucional de exclusión de evidencia obtenida en violación a la Enmienda Cuarta[4]. La Corte Suprema resuelve que la nueva norma solo se aplicará en casos en que no haya recaído sentencia firme. Se dijo que la Constitución no exige ni prohíbe el efecto retroactivo de la nueva norma. Hay que proceder caso a caso, tomando en cuenta lo siguiente:

1. El propósito que persigue la nueva norma;
2. El grado de confianza por las autoridades del gobierno; y
3. El impacto que la retroactividad tendría sobre la administración de la justicia.

Este esquema resultó en demasiada incertidumbre, por lo que fue sustituido por la norma vigente de retroactividad. Un caso muy importante es Mackey v. United States, 401 US 667 (1971). En dos casos anteriores se había resuelto que viola el derecho contra la autoincriminación obligar a los operadores de juegos ilegales a inscribirse con el gobierno y dar detalles sobre las actividades de apuestas.

En Mackey se aborda el efecto retroactivo de estos casos. Se resuelve que no hay que dar efecto retroactivo pleno a estos casos[5], pues la nueva regla en nada afecta la confiabilidad del proceso anterior: “no threat to the reliability of the factfinding process was involved in the use of the wagering tax forms at petitioner’s trial”. Pero es en una opinión concurrente del ilustre Juez Harlan que se plasman expresiones y normas que luego son aceptadas por la Corte Suprema como controlantes. Cito de esa opinión:

The relevant frame of reference, in other words, is not the purpose of the new rule whose benefit the petitioner seeks, but instead the purposes for which the writ of habeas corpus is made available.

Mackey, 401 US, a la pág. 682.

Y, más adelante en esa misma opinión se advierte que:

it is sounder in adjudicating habeas petitions, generally to apply the law prevailing at the time a conviction became final than it is to seek to dispose of all these cases on the basis of intervening changes in constitutional interpretation.

Id. a la pág. 689.

Esto es, los ataques colaterales a una sentencia firme (el caso paradigmático es el habeas corpus) se limitan a que se violaron los derechos del acusado vigentes al momento de los procedimientos. Otra cosa es moción de nuevo juicio fundada en nueva prueba. Que esto acarree cierta desigualdad es inherente a la naturaleza del derecho constitucional. Sobre este punto Harlan señaló: “Some discrimination must always exist in the legal treatment of criminal convicts within a system where the governing law is continuously subject to change” Id. La desigualdad intolerable sería no aplicarle la nueva norma a casos pendientes en apelación. Se trata de un justo medio, entre pleno efecto retroactivo y limitación prospectiva a la nueva norma. Los apelantes deben recibir el mismo trato.

Mediante habeas corpus u otro recurso tras sentencia firme se atiende lo relativo a violación a derechos constitucionales vigentes al momento del procedimiento; pero la retroactividad plena está reñida con apremiantes intereses del estado. En Mackey Harlan expresó:

Most interests such a doctrine would serve will be adequately protected by the current rule that all constitutional errors not waived or harmless are correctible on habeas and by defining such errors according to the law in effect when a conviction became final. Those interests not served by this intermediate position are, in my view, largely overridden by the interests in finality.

Id, a la pág. 692.

Luego Harlan se refiere a las dos excepciones a la norma general de retroactividad:

Although not necessary to the resolution of either of the two collateral cases now here, for sake of completeness, I venture to add that I would make two exceptions to this general principle. First, the above discussion is written only with new “procedural due process” rules in mind, that is, those applications of the Constitution that forbid the Government to utilize certain techniques or processes in enforcing concededly valid societal proscriptions on individual behavior. New “substantive due process” rules, that is, those that place, as a matter of constitutional interpretation, certain kinds of primary, private individual conduct beyond the power of the criminal law-making authority to proscribe, must, in my view, be placed on a different footing. As I noted above, the writ has historically been available for attacking convictions on such grounds. This, I believe, is because it represents the clearest instance where finality interests should yield. There is little societal interest in permitting the criminal process to rest at a point where it ought properly never to repose. Moreover, issuance of the writ on substantive due process grounds entails none of the adverse collateral consequences of retrial I have described above. Thus, the obvious interest in freeing individuals from punishment for conduct that is constitutionally protected seems to me sufficiently substantial to justify applying current notions of substantive due process to petitions for habeas corpus.

Secondly, I think the writ ought always to lie for claims of nonobservance of those procedures that, as so aptly described by Mr. Justice Cardozo in Palko v. Connecticut, 302 U. S. 319, 302 U. S. 325 (1937), are “implicit in the concept of ordered liberty.” Typically, it should be the case that any conviction free from federal constitutional error at the time it became final will be found, upon reflection, to have been fundamentally fair and conducted under those procedures essential to the substance of a full hearing. However, in some situations, it might be that time and growth in social capacity, as well as judicial perceptions of what we can rightly demand of the adjudicatory process, will properly alter our understanding of the bedrock procedural elements that must be found to vitiate the fairness of a particular conviction.

For example, such, in my view, is the case with the right to counsel at trial now held a necessary condition precedent to any conviction for a serious crime. See my separate opinion in Gideon v. Wainwright, 372 U. S. 335, 372 U. S. 349 (1963), where I concurred in conferring this right on a state prisoner, seeking state habeas corpus, on the grounds that this “new” rule was mandated by Palko. Hence, I would continue to apply Gideon itself on habeas, even to convictions made final before that decision was rendered. Other possible exceptions to the finality rule I would leave to be worked out in the context of actual cases brought before us that raise the issue.

Id., a las págs. 692-694.

Estas son las dos excepciones, luego seguidas una y otra vez por la Corte Suprema:

1. Regla o norma de derecho penal sustantivo, que establece que determinada conducta no puede ser prohibida por el gobierno; lo mismo con la prohibición de cierto tipo de castigo. El caso paradigmático es Lawrence v. Texas, 539 US 558 (2003), que tiene efecto retroactivo pleno, pues se declara que el gobierno no puede penalizar determinada conducta.
2. Reglas de procedimiento criminal “implicit in the concept of ordered liberty”, sin las cuales no puede confiarse en el resultado del procedimiento y se viola el “fundamental fairness” que exige la Constitución. Harlan usa de ejemplo la norma del derecho a asistencia de abogado establecida en Gideon v. Wainright, 372 US 335 (1963). Esto ha venido a conocerse como “watershed rule”; todavía estamos esperando por una.

Ya en United States v. Johnson[6], 457 US 537 (1982), la Corte Suprema adopta este esquema sugerido por Harlan: la nueva norma constitucional tendrá efecto retroactivo para aplicarse a todo caso en que no haya recaído sentencia firme; por excepción, no tendrá efecto la nueva norma procesal que constituye “clear break with the past”. Esa excepción a la norma general fue abandonada en Griffith v. Kentucky, 479 US 314 (1982)[7]. En ese caso queda plasmada así la norma de retroactividad”:

We therefore hold that a new rule for the conduct of criminal prosecutions is to be applied retroactively to all cases, state or federal, pending on direct review or not yet final, with no exception for cases in which the new rule constitutes a “clear break” with the past”.

Griffith, 479 US, a la pág. 328.

En cuanto al fundamento constitucional para dar efecto retroactivo a casos pendientes en los que no ha recaído sentencia firme, se dijo lo siguiente:

Failure to apply a newly declared constitutional rule to criminal cases pending on direct review violates basic norms of constitutional adjudication. After this Court has announced a new rule in the case selected for review, the integrity of judicial review requires the Court to apply that rule to all similar cases pending on direct review. In addition, selective application of a new rule violates the principle of treating similarly situated defendants the same. Id.

En Teague v. Kentucky, 489 US 288 (1989), se atiende una vez más el efecto retroactivo de normas vinculadas con el jurado[8]. Una vez más se invoca la opinión de Harlan en Mackey[9] donde se establece que:

Dissatisfied with the Linkletter standard, Justice Harlan advocated a different approach to retroactivity. He argued that new rules should always be applied retroactively to cases on direct review, but that generally they should not be applied retroactively to criminal cases on collateral review. See Mackey v. United States, 401 U. S. 667, 401 U. S. 675 (1971).”

Teague, 489 US, a la pág. 303.

Luego se alude a las dos excepciones reconocidas por Harlan en Mackey: (1) regla que declara que cierta conducta no puede ser prohibida por el gobierno y (2) regla procesal que ha venido a llamarse “watershed rule”. Por ello en Teague se puntualiza:

Justice Harlan identified only two exceptions to his general rule of nonretroactivity for cases on collateral review. First, a new rule should be applied retroactively if it places “certain kinds of primary, private individual conduct beyond the power of the criminal law-making authority to proscribe.” Mackey, 401 U.S. at 401 U. S. 692. Second, a new rule should be applied retroactively if it requires the observance of “those procedures that . . . are implicit in the concept of ordered liberty.'”

Id., a la pág. 307.

Y luego: “We agree with Justice Harlan’s description of the function of habeas corpus”. Id., página 308. Esto es, el ataque colateral a una sentencia firme se limita a la violación a derechos constitucionales ya reconocidos durante el procedimiento; pero no a un derecho reconocido cuando ya la convicción advino firme. En cuanto a la excepción de “watershed rule” se dijo:

We believe it desirable to combine the accuracy element of the Desist version of the second exception with the Mackey requirement that the procedure at issue must implicate the fundamental fairness of the tria.[10]

Estas son las notas características de la excepción de “watershed rule”: regla de “fundamental fairness” vinculada con el elemento de “accuracy”.

Esto nos lleva a Whorton v. Bockting, 549 US 406 (2007), opinión unánime de la Corte Suprema. Se atiende un reclamo de retroactividad plena de Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004). En Crawford la Corte Suprema establece una nueva regla constitucional sobre el alcance del derecho a confrontación que ampara al acusado en el juicio. Se resuelve que si se trata de “declaraciones testimoniales”, la cláusula de confrontación exige la presencia del declarante en el juicio o-si esto no es posible-que el acusado hubiera tenido oportunidad de contrainterrogar al declarante en relación con la declaración que se pretende usar en su contra en el juicio; se descarta que las garantías de confiabilidad que pueda tener la declaración sea suficiente para satisfacer la cláusula de confrontación. Aunque pudiera sostenerse que esta nueva regla tenga algo que ver con “accuracy” o con “fundamental fairness”, la Corte Suprema, por unanimidad, resolvió que no se trata de “watershed rule”, por lo que se aplica la norma general: la nueva regla no es aplicable a casos de convicción ya firme:

Because Crawford announced a “new rule” and because it is clear and undisputed that the rule is procedural and not substantive, that rule cannot be applied in this collateral attack on respondent’s conviction unless it is a “ ‘watershed rul[e] of criminal procedure’ implicating the fundamental fairness and accuracy of the criminal proceeding.” Saffle, 494 U. S., on 495 (quoting Teague, 489 U. S., at 311 (plurality opinion)). This exception is “extremely narrow,” Schriro v. Summerlin, 542 U. S. 348, 352 (2004). We have observed that it is “ ‘unlikely’ ” that any such rules “ ‘ha[ve] yet to emerge,’ ” ibid. (quoting Tyler v. Cain, 533 U. S. 656 (2001); internal quotation marks omitted); see also O’Dell v. Netherland, 521 U. S. 151, 157 (1997); Graham, supra, at 478; Teague, supra, at 313 (plurality opinion). And in the years since Teague, we have rejected every claim that a new rule satisfied the requirements for watershed status…[citas omitidas]

In order to qualify as watershed, a new rule must meet two requirements. First, the rule must be necessary to prevent “an ‘ “impermissibly large risk” ’ ” of an inaccurate conviction. Summerlin, supra, at 356; see also Tyler, 533 U. S., at 665. Second, the rule must “alter our understanding of the bedrock procedural elements essential to the fairness of a proceeding”.

Finalmente se alude a que la única excepción reconocida es la regla de Gideon v. Wainright (derecho a asistencia de abogado). Termina así la opinión unánime de la Corte Suprema: “In sum, we hold that Crawford announced a “new rule” of criminal procedure and that this rule does not fall within the Teague exception for watershed rules”.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado la misma norma general de retroactividad limitada. Pueblo v. González Cardona, 153 DPR 765 (2001)

Con esto termino la exposición de la norma de retroactividad de nuevas normas procesales que rige bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema. Quiero resaltar dos cosas. Primero, que se trata de una norma respaldada con fundamentos sólidos, particularmente los elaborados por el Juez Harlan, que luego fueron adoptados por la Corte Suprema. Segundo, que habiendo la Corte Suprema expedido certiorari para atender la retroactividad de Ramos, es prudente y sensato esperar por lo que resuelva la Corte Suprema en ese caso.

Si he empleado tiempo para escribir estas líneas, es porque he escuchado cosas muy raras de parte de los que favorecen el proyecto. Por ejemplo, he oído decir que los casos en los que hubo veredicto sin unanimidad son inconstitucionales, injustos y otras cosas parecidas. Esto es poco serio, por decirlo benignamente. Por un lado, esos casos fueron conforme al derecho vigente, constitucional y estatutario, incluyendo a Apodaca. Véase la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Fournier, 80 DPR 262 (1958), emitida por el ilustrado Juez Lino Saldaña.

Por otro lado, hace ya mucho tiempo que ha quedado desacreditada la teoría de que las normas constitucionales se “descubren”; no se crean, pues siempre han existido. Esto es tratar las normas constitucionales de la misma manera que las leyes de la física y los teoremas de la matemática. La norma de Ramos-que son inconstitucionales los veredictos sin unanimidad-existe desde el día que se emitió la opinión de la Corte Suprema[11].

También he oído decir que la no unanimidad implica duda razonable, por lo que es inconstitucional el veredicto no unánime. Solo diré que eso fue tajantemente rechazado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico-Pueblo v. Fournier, 80 DPR 262-y por la Corte Suprema en Johnson v. Louisiana, 406 US 256 (1972).

Por otro lado, no es cierto que la retroactividad plena que se propone no significa un remedio automático para el convicto por veredicto no unánime. El derecho a un nuevo juicio sería automático[12]. Y, por supuesto, en la mayoría de los casos el Ministerio Fiscal no tendría ya disponible la evidencia suficiente para una convicción en el nuevo juicio. Lo peor es que las víctimas tendrían que volver a testificar y pasar una vez más por el tormentoso procedimiento judicial, sin que hubiera buenas razones para ello.

No concibo como tomar tan livianamente este proyecto, que tiene el efecto de un nuevo juicio para un buen número de convictos, sin saber siquiera cuál es la situación real. El proyecto no toma para nada en cuenta a las víctimas, que tendrían que pasar una vez más por el viacrucis de testificar frente a sus agresores. Lo mismo vale decir en relación con los testigos de cargo. No sabemos de cuántos casos se trata, ni cuáles son los delitos; menos sabemos de la disponibilidad de evidencia para el nuevo juicio. Ante este cuadro, ¿qué razón hay para no esperar por la decisión de la Corte Suprema en Edward?

Se trata de un balance de intereses. Por un lado, está el interés de todo acusado en ser juzgado conforme a derecho. Por otro lado, está el interés social y público que quedaría seriamente comprometido con un nuevo juicio a acusados que fueron convictos tras un juicio con todas las garantías procesales entonces reconocidas. Las sentencias de convicción advinieron firmes, a pesar de todos los recursos apelativos disponibles. Los recursos colaterales-como la regla 192.1 y el habeas corpus-sirven para impugnar una convicción por alegada violación a los derechos del acusado entonces reconocidos. Si se trata de nueva prueba, como los casos del “proyecto inocencia”, siempre están disponibles recursos procesales para acreditar el reclamo de inocencia.

Finalmente, el derecho a juicio por jurado no está fundado en “fundamental fairness”, pues nada de “unfair” hay en un juicio sin jurado, por tribunal de derecho. El reconocimiento de ese derecho en procedimientos estatales-Duncan v. Louisiana, 391 US 145 (1968)-se fundó en las tradiciones históricas en Inglaterra y Estados Unidos; no hubo fundamento alguno de “truth finding”.

Por las anteriores consideraciones, estimo que el Proyecto de ley para dar pleno efecto retroactivo a Ramos debe ser dejado en suspenso hasta que la Corte Suprema atienda el asunto en Edward v. Vannoy, certiorari expedido justa y únicamente para atender el efecto retroactivo de Ramos. Si se opta por no esperar, creo que el Proyecto no debe ser aprobado.

Espero que mis cometarios, le sean de utilidad en la evaluación de la medida.

Atentamente,

 

Profesor Ernesto L. Chiesa Aponte
Catedrático Facultad de Derecho
Universidad de Puerto Rico

[1] En adelante “Corte Suprema”.

[2] Se trata del famoso caso de Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004), que limita la admisibilidad de prueba de referencia contra los acusados.

[3] Con esto me refiero a la norma de retroactividad de nuevas reglas constitucionales en la zona criminal.

[4] Mapp v. Ohio, 367 US 643 (1961).

[5] Marchetti v. United States, 390 US 39 (1968) y Grosso v. United States, 390 US 62 (1968)

[6] Se atendía el efecto retroactivo de Payton v. New York, 445 US 573, que establece la nueva norma de que es ilegal el arresto, sin orden judicial, en la residencia del arrestado.

[7] En ese caso se atiende la retroactividad de la nueva norma establecida en Batson v. Kentucky, 476 US 79 (1986), que prohíbe usar las recusaciones perentorias para discriminar por razón de raza.

[8] Por un lado, la prohibición de discrimen por raza en el uso de las recusaciones perentorias; por otro lado, la representatividad en la composición del jurado (fair cross section).

[9] Opinión suscrita por Oconnor, Rehnquist, Scalia y Kennedy

[10] La referencia es a Desist v. United States, 394 US 244 (1969), que niega todo efecto retroactivo a Katz v. United States, 389 US 347. Harlan emite excelente opinión disidente, consistente con su postura de que la nueva norma debe ser aplicable a casos en los que no ha recaído sentencia firme.

[11] La parte de la opinión del Juez Gorsuch que parece sostener que Apodaca nunca constituyó un precedente, no fue favorecida por los tres jueces disidentes (Roberts, Alito y Kagan) ni por los concurrentes Kavanaugh y Thomas.

[12] Lo que no es automático es si el convicto queda libre mientras se celebra el nuevo juicio.