por Efrén Rivera Ramos
martes, 18 de marzo de 2021

En una época era frecuente leer en los periódicos anuncios como el siguiente: “Se busca dama de buena presencia para trabajo relacionado con atención al público”. No solo se proclamaba a los cuatro vientos la preferencia del patrono concernido, sino que quien realizaba la entrevista de empleo se aseguraba de que la solicitante cumplía con ese esencial requisito.

Qué se quería decir con “buena presencia” era por supuesto un asunto referido a la discreción del que reclutaba, sujeto a la revisión de algún supervisor con “mejor criterio”.

No sé si la práctica subsiste en la publicidad al uso. Pero sé que las actitudes que encerraba siguen permeando muchísimos aspectos de nuestra vida colectiva y personal. Son las mismas que subyacen todo tipo de discrimen por apariencia.

Hoy, como ayer, se discrimina por el tono de la piel, la textura y forma de llevar el cabello, el modo de vestir, la estatura, el peso, el tamaño del cuerpo, los movimientos y gestos corporales, los tatuajes, el uso de ciertas prendas y artículos de ornamentación personal y otros factores semejantes. Este discrimen por apariencia muchas veces encubre prejuicios basados en la raza, la etnia, el género, la sexualidad, la nacionalidad, la condición social o económica, la edad, la religión o las diferencias en la funcionalidad física o mental de las personas. Otras veces se debe a la apreciación de cuánto alguien se ajusta o no a determinados estándares de belleza o a códigos de moralidad o “buen gusto” prevalecientes en ciertos sectores sociales que se quieren imponer a toda la población.

Mucho me temo, por ejemplo, que buena parte de la discusión que se ha suscitado en nuestro país en torno al “tipo” de turismo que nos ha visitado en meses recientes involucra variantes del prejuicio y el discrimen por apariencia alimentadas por algunos o todos los factores mencionados en el párrafo anterior.

Bueno, se dirá que para los gustos los colores. Y que no se puede obligar a nadie a gustarle cómo se ven los demás. Pero eso es una cosa y otra que se utilice la apariencia de una persona para perjudicarle en sus oportunidades profesionales, laborales, educativas, de entretenimiento, de acceso a los servicios y establecimientos públicos y para condicionar el trato que recibe de las demás personas y de las instituciones.

Ya hay legislación y jurisprudencia que pueden utilizarse para enfrentar por lo menos algunas modalidades del discrimen por apariencia. Por ejemplo, en muchos lugares las normas, reglamentos y prácticas que pretenden prohibir o requerir ciertas formas de vestir en el empleo se pueden impugnar mediante la legislación o disposiciones constitucionales que proscriben el discrimen por raza, género o religión. En otras situaciones, como en el caso de la sustitución de caras “viejas” con caras “jóvenes” en determinadas ocupaciones, se puede acudir a las leyes que vedan el discrimen por edad. Hay un número todavía pequeño, pero notable, de casos en Estados Unidos y en Europa litigados desde estas perspectivas.

Más difícil es cuando el discrimen no se puede relacionar con la edad, el género, la raza, la religión u otra de las categorías protegidas por la ley. Es decir, cuando el trato discriminatorio parece fundarse en la mera apariencia, bien por razones de preferencias estéticas o convicciones morales. Todavía hay muy poca legislación que proscriba directamente ese tipo de discrimen por apariencia.

De ahí que se esté cuajando un movimiento para lograr que el discrimen por apariencia se regule con independencia de su relación con otros factores ya incorporados en las constituciones y leyes existentes. Hay también una literatura emergente que analiza la cuestión desde las ciencias sociales, las humanidades y el derecho.

Por supuesto, en el fondo hay una dimensión cultural, como sucede con todo tipo de prejuicio y de discrimen. Las medidas jurídicas, aunque necesarias en ciertos momentos, no serán suficientes para erradicar el mal. Hará falta una transformación cultural de envergadura.

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