Nada de eso es aceptable bajo ninguna concepción de lo que debe ser un proceso democrático en estos tiempos. La democracia no se agota con el voto cada cuatro años ni con la elección de representantes y gobernantes de una y otra rama de gobierno. No es correcto aseverar que, una vez electos, los funcionarios legislativos y ejecutivos tienen carta blanca para aprobar lo que quieran mediante los procedimientos que más les convengan. Entre otras cosas, se les elige para que faciliten y presidan procesos de deliberación pública conducentes a la adopción de normas y políticas que respondan a las necesidades, aspiraciones y derechos del pueblo en su conjunto y no de clientelas de cuyo voto se depende para mantenerse en el poder.

También debe entenderse que en las democracias constitucionales modernas, la democracia debe ser mucho más que el mero conteo de cabezas. La democracia constitucional le impone límites aun a la voluntad de las mayorías. Existe, entre otros propósitos, para proteger a las minorías cuyos derechos fundamentales puedan verse atropellados por mayorías coyunturales o facciones que accedan al poder. El ánimo hostil contra ciertos grupos no debe servir de base para legislar. En una democracia secular, tampoco deben imponerse mediante legislación las creencias religiosas de sectores particulares.

La obstinación de colar en el lenguaje del nuevo código expresiones que puedan facilitar en el futuro determinaciones judiciales que complazcan a los sectores más fundamentalistas del país ha sido precisamente una de las fallas mayores de este proceso.

Pero las deficiencias no han sido solo políticas. En el camino se ha incurrido en desviaciones considerables de los valores centrales de los esfuerzos serios de codificación en los países en que esta técnica legislativa predomina. Entre los valores de la codificación en los llamados sistemas civilistas, sobre todo los de la tradición napoleónica, como es el español y, de rebote, el puertorriqueño, se destacan el afán por la coherencia, la claridad y la accesibilidad de los textos a la persona común y corriente.