No al Código Civil

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por Efrén Rivera Ramos
domingo, 17 de mayo de 2020

No al Código Civil

La Legislatura ha echado a perder la oportunidad de lograr una revisión a fondo del Código Civil de Puerto Rico que contara con el apoyo abrumador de la población puertorriqueña sin sujetar el proceso a las suspicacias e impugnaciones que el modo de proceder adoptado ha generado.

Es cierto que el Código Civil vigente necesita ajustes sustanciales para acoplarlo a las realidades actuales y del futuro. Es verdad que el asunto lleva discutiéndose varios años. Sin embargo, esa discusión ha sido jamaqueada por interrupciones bruscas, silenciamientos sospechosos y desaciertos significativos.

En las últimas semanas el manejo de la reforma propuesta se ha visto empañado por un proceso atropellado de aprobación de enmiendas sustanciales de último minuto sin vistas ni discusión pública en las que pudieran participar activamente los sectores más afectados. Más aún, se aprueba un cuerpo tan importante de normas en medio de una pandemia que ha ocasionado restricciones importantes al movimiento, la comunicación, la movilización y la acción concertada para hacer reclamos a la Legislatura y al Ejecutivo.

Nada de eso es aceptable bajo ninguna concepción de lo que debe ser un proceso democrático en estos tiempos. La democracia no se agota con el voto cada cuatro años ni con la elección de representantes y gobernantes de una y otra rama de gobierno. No es correcto aseverar que, una vez electos, los funcionarios legislativos y ejecutivos tienen carta blanca para aprobar lo que quieran mediante los procedimientos que más les convengan. Entre otras cosas, se les elige para que faciliten y presidan procesos de deliberación pública conducentes a la adopción de normas y políticas que respondan a las necesidades, aspiraciones y derechos del pueblo en su conjunto y no de clientelas de cuyo voto se depende para mantenerse en el poder.

También debe entenderse que en las democracias constitucionales modernas, la democracia debe ser mucho más que el mero conteo de cabezas. La democracia constitucional le impone límites aun a la voluntad de las mayorías. Existe, entre otros propósitos, para proteger a las minorías cuyos derechos fundamentales puedan verse atropellados por mayorías coyunturales o facciones que accedan al poder. El ánimo hostil contra ciertos grupos no debe servir de base para legislar. En una democracia secular, tampoco deben imponerse mediante legislación las creencias religiosas de sectores particulares.

La obstinación de colar en el lenguaje del nuevo código expresiones que puedan facilitar en el futuro determinaciones judiciales que complazcan a los sectores más fundamentalistas del país ha sido precisamente una de las fallas mayores de este proceso.

Pero las deficiencias no han sido solo políticas. En el camino se ha incurrido en desviaciones considerables de los valores centrales de los esfuerzos serios de codificación en los países en que esta técnica legislativa predomina. Entre los valores de la codificación en los llamados sistemas civilistas, sobre todo los de la tradición napoleónica, como es el español y, de rebote, el puertorriqueño, se destacan el afán por la coherencia, la claridad y la accesibilidad de los textos a la persona común y corriente.

Esas aspiraciones se han sacrificado sin remilgos en el empeño sinuoso de aprobar ciertas disposiciones del Código que se quiere que aparezcan ahí a como dé lugar. Baste como ejemplos las relacionadas con la figura del concebido pero no nacido, las que tienen que ver con la posibilidad del cambio de sexo en el Registro Demográfico y las que se refieren al asunto de la maternidad subrogada o la reproducción asistida. Esas normas se han redactado con ambigüedad deliberada. Con contradicciones internas. Con omisiones premonitoras. Con sinsentidos elaborados a sabiendas.

Lo confirma la respuesta que hemos oído de que, si hay ambigüedades, que las resuelvan los tribunales. En otras palabras, sabemos que la redacción es ambigua, defectuosa, contradictoria, incoherente, problemática, pero no nos ocuparemos de subsanarla nosotros. ¡Que lo hagan otros!

El Código de marras, en fin, adolece de deficiencias técnicas y carencias democráticas serias. Así no se debe aprobar.

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