En una democracia liberal como la nuestra los procesos dirigidos a la formulación de normas legales son tan fascinantes como complejos. Participan en ellos, de variadas formas y en función de variadas lealtades, el legislador, el administrador y el juez. En distintos tiempos, la importancia relativa de cada uno de los componentes de este singular triunvirato cambia y se reorganiza. En ocasiones, se han achicado el poder de los jueces y el valor de la jurisprudencia- como institución creadora de normas; en otros casos, la administración rebasa al legislador en la identificación de alternativas y en la capacidad política para promoverlas; en tiempos, ocurre al revés.

Sin embargo, la observación y examen de ese intrigante y encantador proceso de interacción entre los poderes del Estado, nos lleva, en ocasiones, a perder de vista la importante función que el sector privado, a través de entidades apropiadas, realiza como promotor de la gestión normativa, al presentar iniciativas propias, o como brazo auxiliador de los organismos oficiales en el adelantamiento de las iniciativas de éstos.

A esa participación del sector privado, de importancia trascendental, le hemos prestado las más de las veces escasa atención en perjuicio de nuestros mejores intereses.

Se afectan nuestros intereses toda vez que los procesos que discurren en el sector público son complicados y conducen, a veces, a que se preste poca atención a algunas de las zonas importantes del quehacer social que se ordenan a través de la ley. En otros casos, aunque exista el interés oficial inmediato y se ofrezca la mayor atención a cuanto sucede en algunos campos del quehacer jurídico, no se tiene en la estructura estatal el recurso para identificar científicamente los vicios prevalecientes y promover su ordenada solución. Hay ámbitos en donde este problema de nuestras democracias se deja sentir con particular agudeza. El derecho privado y determinadas zonas del derecho público son las más propensas a afectarse. ¿Cómo se explica, si no así, que partes importantes de nuestra actividad económica estén regidas por un Código de Comercio que ya ha cumplido cien años? ¿Qué otra razón justifica que no contemos con una ley de corporaciones más ajustada a nuestras necesidades; o con una Ley de Instrumentos Negociables que no acuse tantos síntomas de obsolescencia; o con un Código de familia más afín con nuestras presentes aspiraciones?

Para atender estos problemas, para promover el examen acu­cioso y justo, amplio y sensato, ambicioso y pragmático de estos campos del derecho que tantas veces se escapan del calendario oficial, en otras jurisdicciones han surgido entidades que han podido hacer valiosas aportaciones. Los países europeos y algu­nos latinoamericanos han mantenido comisiones permanentes sobre codificación que, en comunicación con los órganos oficia­les, han cargado con alguna parte de la responsabilidad de desarrollar las zonas del derecho tradicionalmente codificadas. Grupos académicos han participado también. En los Estados Unidos ha ocurrido algo similar. El Instituto Americano del Derecho ha tenido a su cargo el examen de importantes cuerpos de la legislación y muchos Estados han seguido ese ejemplo al crear sus propios institutos.

Estos grupos son los homólogos de nuestra Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación que hoy se instala. Son, como ha de ser desde hoy nuestra Academia, un vehículo principal que genere desde el sector privado, pero en comunicación con el sector público, iniciativas dirigidas a la reforma de nuestro derecho patrio. Son entidades dedicadas al estudio científico de los cuerpos legales más complejos y técnicos. Son una fuerza importante para el cultivo del mejor clima de producción jurídica.

Tienen ante ustedes, en consecuencia, señores académicos, una pesada y difícil responsabilidad. En un tiempo ya pretérito, tolerábamos en el país la importación impensada de legislación extranjera satisficiera o no nuestras aspiraciones colectivas. Hoy ya no es así. Nuestro país exige un derecho diseñado para atender sus necesidades; pero que mantenga un marcado timbre de lo propio. Puerto Rico requiere un derecho justo; que no olvide al débil, al desvalido, a aquél que no ha recibido aún las buenas nuevas de la paz interior o la solvencia material. El país reclama un derecho útil; que lejos de andar rezagado moviéndose a tirones, sea agente catalizador de desarrollo. La patria aspira a un derecho vivo; que esté abierto al constante estudio, a la crítica que lo renueve, lo corrija y lo mejore.

Tras de esas metas ambiciosas comenzamos la marcha esta noche. En el camino hay trampas peligrosas que nos ha tendido la inacción a través de los años. Sólo el envolvimiento personal y pleno de ustedes, señores académicos, puede superarlas. La gestión que inician hoy es indelegable.

La visibilidad se encuentra reducida por periodos grises de es-casa relación con el mundo con el que interactuamos. Por ello, señores, es preciso reanudar relaciones que nos permitan ensanchar nuestros horizontes y entender mejor las alternati­vas que tenemos a mano. Con el American Law Institute, con UNCITRAL en Viena, con UNIDROIT en Roma, por sólo mencionar tres ejemplos, debemos ponernos a la voz cuanto antes. Hay también muchas actitudes que reexaminar. No faltan vo­ces que parecen defender más a los códigos decimonónicos que al propio derecho civil. A veces se confunde a los unos con el otro y se les trata como si fueran la misma cosa.

Es preciso, por otra parte, desprendernos del chauvinismo jurídico que priva en algunos sectores. Así como en la política, el estado-nación es un fenómeno relativamente reciente que se encuentra bajo examen en nuestro mundo de estrechas dependencias, en lo jurídico no hay por qué seguir insistiendo en la proliferación de derechos municipales que dificultan y encarecen el tráfico internacional. Al menos la legislación económica se mueve velozmente hacia el surgimiento de una nueva ley mercadoría, que facilite de verdad el intercambio entre los pueblos.

El valor de lo sencillo en ocasiones se olvida. Aceptemos el reto de simplificar nuestras leyes para hacerlas más accesibles y para hacer que su implantación resulte más económica. Cada vericueto innecesario, cada rebuscamiento viene finalmente a representar gastos adicionales a las personas y a las empresas. Démosle a este país un derecho simple aunque se interese resolver complejos problemas.  Mas si caminar es arduo, aligera el paso la superior voluntad de servicio que ustedes, señores académicos, demuestran hoy. Esta noche hacen ustedes un gravísimo compromiso con el país. En el descargo de esa responsabilidad, cuenten con la cooperación del Gobierno y busquen y obtengan la cooperación que no puede negarse a dar la empresa privada. Es éste un esfuerzo conjunto que emprendemos todos como puertorriqueños que estamos comprometidos con Puerto Rico.

Muchas gracias.

* Discurso pronunciado en el acto de instalación de los académicos numerarios fundadores de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación; celebrado el 2 de septiembre de 1987 en el Centro Ceremonial del Departamento de Estado en San Juan.