Estoy seguro de que el juez Gorsuch continúa siendo el mismo juez conservador y “originalista” que fue nombrado tras cuidadoso filtro. Nada ha cambiado: al contrario, con esta decisión este juez y el juez presidente John Roberts han confirmado su acercamiento conservador al interpretar la ley. Aunque se ha dado la impresión contraria, se atuvieron a una metodología de adjudicación muy textual, aunque el resultado parecería contradecir las creencias personales del propio juez. La ley federal en controversia prohíbe el discrimen por razón de sexo (“because of sex”). El juez construye con mucho cuidado el significado de estas palabras en su concepción original y llega a la conclusión que reseñamos. Ahora se parece mucho más al juez conservador fallecido Antonin Scalia: consistencia muchas veces incluso por encima de sus principios morales.

El resultado de ese acercamiento a la ley es una victoria para la humanidad pues celebra la igualdad ante la ley, la diversidad de nuestra sexualidad y la plenitud de la dignidad humana. Pero no seamos ingenuos: más temprano que tarde este mismo juez utilizará esta misma metodología para coartar derechos adquiridos y cegarse al no reconocer otros nuevos. Lo que ha resultado es un incremento gigantesco en el capital de legitimidad de un tribunal dominado porfuerzas retrógradas. En el fondo, es una forma de asegurar que ese tribunal siga asumiendo por generaciones el rol que le ha reconocido la sociedad norteamericana. En esta ocasión, se combinó la inteligencia jurídica con la sensibilidad humana.

No importa la lectura que demos a la decisión, hay varias lecciones para Puerto Rico en estos tiempos. Una de ellas es para la mayoría política que actualmente co-gobierna (con Promesa) la estructura interna de gobernanza territorial. El CODCIV-2020 (el nuevo Código Civil de forma atinada bautizado así por el profesor Luis Rafael Rivera) invisibiliza a las poblaciones LGBTTQI+ en general, y las personas trans en particular. Por su parte, algunos de los cambios que se quieren imponer al sistema electoral van a lacerar el capital de legitimidad del Tribunal Supremo de Puerto Rico al convertir esta institución en juez y parte del sistema electoral, minando así la separación de poderes y la independencia judicial.