por Efrén Rivera Ramos
martes, 26 de marzo de 2018

La respuesta inesperada de los jóvenes estadounidenses a las matanzas en sus escuelas tiene nerviosos a numerosos líderes políticos de ese país. Abre, por otro lado, avenidas de esperanza para una sociedad cuyos adultos se habían insensibilizado al horror de las muertes ocasionadas por personajes de diverso perfil con acceso demasiado fácil a las armas de fuego. Detrás de esa insensibilidad se esconden, por supuesto, intereses económicos poderosos y deudas políticas que doblegan la voluntad de muchos políticos de oficio.

Las Es prematuro anticipar cuál será el resultado de esta rebelión juvenil. En un artículo reciente, el New York Times señala cómo sectores del movimiento apuntan ya a una agenda que trasciende el tema de las armas. Muchos jóvenes parecen estar profundamente desilusionados con un sistema político y económico que ignora sus preocupaciones, minimiza su dolor, avasalla sus aspiraciones y pretende suprimir sus voces. ¿Cuánto durará y cómo se reflejará ese descontento en los procesos eleccionarios venideros? ¿En qué medida lograrán estos jóvenes tan jóvenes, pero también tan maduros, el cambio cultural que precisa una sociedad demasiado enamorada de las armas y la violencia? Ojalá se equivoquen quienes confían en que esta nueva marejada de protestas será pasajera.

Los oídos sordos se parapetan retóricamente detrás de un derecho constitucional que, según se esgrime, pareciera pensarse que no tiene límites. Es cierto que una mayoría escasa del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en dos decisiones del 2008 y el 2010, respectivamente, afirmó el carácter constitucional del derecho de los individuos a tener y poseer armas de fuego, basándose en una interpretación controvertida de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pero el propio Tribunal se encargó de aclarar que ese derecho no es absoluto y que el gobierno federal y los estados pueden reglamentar la adquisición, tenencia y portación de armas por razones muy diversas.

En el caso de Puerto Rico también han circulado equívocos que merecen atención. Se ha dicho sin mucha reflexión que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos aplica automáticamente a Puerto Rico. En primer lugar, el Tribunal Supremo de ese país nunca ha resuelto esa controversia específica, contrario a lo que ha sucedido con otros derechos considerados fundamentales En segundo lugar, hay buenas razones para argumentar que ese es uno de los poquísimos derechos constitucionales federales que no son extensivos a Puerto Rico.

Este es un asunto que requiere mayor elaboración, fuera del alcance de este espacio. En su día tendría que resolverse. Pero no hay por qué dar por sentada ninguna conclusión. El gobierno de Puerto Rico debe examinar con cuidado y rigor esta cuestión a la hora de asumir una posición al respecto. Al hacerlo, debe tomar en cuenta los mejores intereses de nuestro país y de nuestros jóvenes, expuestos como están a la violencia y a las armas en contextos diversos. Después de todo, en la mayor parte del mundo, incluidos los países de mayor desarrollo económico, político y social, hay criterios civilizados sobre este asunto que no son los que prevalecen entre ciertos sectores de la sociedad estadounidense.

Aun cuando se resolviera que la Segunda Enmienda es aplicable a Puerto Rico, el gobierno debe defender su prerrogativa de reglamentar adecuadamente la tenencia y uso de armas de modo que se garantice la seguridad de nuestra población. En modo alguno deben primar los intereses económicos de quienes se beneficiarían de un mercado irrestricto de instrumentos de potencial mortífero.

Mientras tanto, debemos estar atentos a la rebelión de los jóvenes en el país del norte. Quién sabe si inauguran una nueva era que supere la cultura de la muerte en la que tienen que sobrevivir.