Las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico de la Segunda Sesión de la Segunda Asamblea Legislativa de 1904

Las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico de la Segunda Sesión de la Segunda Asamblea Legislativa de 1904

María Dolores Luque

Antes de comenzar quiero darle las gracias a los miembros de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, particularmente a su presidente el licenciado Antonio García Padilla,  por invitarme a presentar las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico de la Segunda Sesión de la Segunda Asamblea Legislativa de 1904. El proyecto de publicación de las diversas actas de la Cámara de Delegados que ha emprendido la Academia significa una aportación muy valiosa para la comprensión del desarrollo político y socio-económico de la Isla durante las primeras décadas del siglo 20. Permite, además, que estudiosos de diversas disciplinas se acerquen a estas fuentes primarias en busca de  otras pistas -como son, por ejemplo, los informes anuales de los Gobernadores y miembros del gabinete, los periódicos y revistas de la época – con el propósito de hacer un análisis más profundo y encontrar respuestas  a inquietudes desde sus respectivas ópticas. Mi acercamiento a las Actas de 1904 será desde la perspectiva de la disciplina histórica.

El tomo que hoy se presenta está precedido de una introducción por el doctor Carmelo Delgado Cintrón que contextualiza el momento histórico de la labor legislativa de la Cámara de Delegados durante los meses de enero a junio de 1904  Es un período crucial en el país ya que está en pleno apogeo la campaña política para las elecciones que se llevarían a cabo en noviembre de ese año y en la cual participaría el recién fundado Partido Unión de Puerto Rico.  Tomando como punto de partida la introducción del doctor Delgado Cintrón, quiero considerar algunos aspectos de la gestión legislativa del 1904 en la que culmina  un proceso que se venía gestando desde  la  primera Asamblea Legislativa de 1900. Me referiré concretamente a la situación económica de los municipios de la Isla y cómo este asunto fue una causa importante  para la formación y el triunfo del Partido Unionista en 1904. Además, reflejó el choque de visiones entre la Cámara de Delegados, integrada por puertorriqueños, y el Consejo Ejecutivo dominado en su mayoría por los estadounidenses, quienes a la misma vez componían el gabinete del Gobernador, lo que estaba reñido con la tradición democrática de la separación de poderes. Aunque ambos cuerpos tenían como agenda la modernización del país, las diferencias culturales que los distanciaba, sumado a las realidades del contexto colonial mediatizó este proyecto.[1]

Los protagonistas

Como es de conocimiento general, la instauración del régimen norteamericano en la Isla significó para diversos sectores de la población, pero muy en particular para la elite política criolla, la expectativa de llevar a cabo la agenda modernizadora del país que venía fraguándose lentamente en el último tercio del siglo 19. Así, el progreso y la modernización del país se asoció con la americanización. Mas esta elite criolla no advirtió que desde la óptica de la nueva metrópoli la americanización podía coincidir en algunos aspectos con sus aspiraciones pero también implicaba conflictos y contradicciones que en corto tiempo comenzaron a cuajar.

El grupo de funcionarios nombrado por el Presidente de los Estados Unidos para desempeñarse en los cargos del gobierno de la nueva posesión se distinguía por su sólida preparación académica e ideas progresistas, además de tener experiencia administrativa y legislativa previa. Por ejemplo, William H. Hunt, quien se desempeñó como Gobernador de Puerto Rico desde 1901 hasta mediados de 1904, había estudiado leyes en Luisiana.  Ejerció la carrera en el entonces territorio de Montana donde en 1883 resultó electo delegado a la Asamblea Constituyente que prepararía el camino para la admisión de ese territorio como estado de la Unión norteamericana. Hunt sirvió en el comité judicial de dicha Asamblea. Una vez Montana se convirtió en estado, fue nombrado Juez de la Corte de Distrito y luego Juez Asociado de la Corte Suprema de ese Estado. Estas credenciales, sin lugar a dudas, abonaron a su nombramiento como Gobernador de Puerto Rico. ^[2]Asimismo, varios de los miembros del Consejo Ejecutivo del 1904 se habían graduado de leyes en reconocidas universidades norteamericanas y algunos, al igual que Hunt, se habían desempeñado en cargos en territorios que estaban en preparación para convertirse en Estados. El procurador general, Willis Sweet,  había sido Juez Asociado de la Corte del Territorio de Idaho.  En Puerto Rico, fue responsable de la revisión del Código de Leyes e instituyó varias de las reformas judiciales que se llevaron a cabo. ^[3]

El grupo de criollos que formó parte de la Cámara de Delegados desde 1900-1904 presentó unas características que no variaron durante ese período. Al igual, que sus contrapartes en el Consejo Ejecutivo predominaron los profesionales, particularmente los abogados, quienes constituyeron más del 50% de las profesiones representadas en ese cuerpo. La gran mayoría de ellos había estudiado en universidades españolas. Las excepciones fueron José de Diego, Juan Hernández López y Pascasio Fajardo que recibieron el título en la Universidad de la Habana. Otros, aunque no obtuvieron un título formal, asistieron a instituciones educativas en el exterior como, por ejemplo, el patriarca autonomista Francisco Mariano Quiñones, quien estudió en Alemania, Francia, España y los Estados Unidos. Al grupo de los abogados siguió en orden numérico el de los hacendados azucareros y cafetaleros. Los puertorriqueños miembros del Consejo Ejecutivo de 1900, nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, también eran profesionales: José Celso Barbosa y José Gómez Brioso eran médicos y Rosendo Matienzo Cintrón  y José Guzmán Benítez, abogados. Con excepción de Barbosa, quien se había graduado de la Universidad de Michigan, el resto había cursado la carrera en España.  El quinto miembro, Andrés Crosas, se dedicaba al comercio. La mayoría de ellos ocuparon posiciones de liderato en el Partido Autonomista.^[4]

Por todas estas características no estaban en desventaja frente a los representantes del gobierno norteamericano en la Isla. Las credenciales académicas eran equivalentes, los distanciaba el ejercicio del poder colonial y el choque de valores culturales. A este respecto, en 1901, señalaba el periódico La Democracia: “Dada la diferencia de razas, costumbres, idioma y hasta la distancia que nos separa del continente americano, lógico es suponer  que el pueblo del Norte resistiría siempre a que se nos declare Estado.”^[5]

A pesar de que durante los primeros años de instaurarse el gobierno civil se tildó a la Cámara de Delegados, integrada en su mayoría por los miembros del Partido Republicano, de someterse incondicionalmente a la voluntad del Consejo Ejecutivo, las relaciones entre ambos cuerpos no estuvieron exentas de conflictos y resistencias, que erosionaron la hegemonía del Partido Republicano y acabaron por reforzar el sentido regionalista del liderato criollo, lo que conduciría, como ya he planteado,  al triunfo del Partido Unionista.^[6]

El conflicto

Las primeras páginas de las Actas contienen el mensaje del gobernador William H. Hunt  al iniciar la Asamblea Legislativa sus labores en enero de 1904. Comienza el mensaje con una nota optimista en la que el Gobernador evidencia su satisfacción con el progreso que la Isla ha alcanzado bajo el régimen norteamericano, siendo un ejemplo ante “la faz de América” de lo que “tanto las libertades como las leyes americanas, levantan a un pueblo patriota…que sobrelleva con calma y talento las responsabilidades inherentes al gobierno del pueblo por el pueblo” Sin embargo, más adelante se detecta su preocupación con el estado de las finanzas del país por lo que recomienda prudencia en los gastos ya que los ingresos del gobierno resultaban inferiores a los de los años anteriores y se proyectaban unos gastos mayores para el próximo año fiscal. Llama la atención que, a renglón seguido, vincule esta erogación de fondos con el aumento de la cantidad de presos y dementes en el país.^[7] Aunque  no explica directamente las causas de este deterioro social, algunos aspectos del mensaje y el análisis subsiguiente de las peticiones y algunos de los proyectos de ley presentados en la Cámara nos pueden dar la clave.

Hunt señala que desde el año anterior los municipios tuvieron que afrontar serios conflictos debido a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por la falta de recursos. Recomienda a la Asamblea buscar los medios de aumentar los recursos del gobierno y de los municipios sin gravar indebidamente a los contribuyentes y mucho menos aumentar la contribución sobre la propiedad. Como alternativa, sugiere que se suban “prudentemente” los impuestos sobre ciertos artículos que podían clasificarse de lujo, en particular los de los licores, tabacos y cigarrillos.  La situación de los municipios se revela muy crítica: algunos no han pagado a los empleados el sueldo íntegro; otros no han podido hacer frente a las deudas.^[8] Una vez iniciada las sesiones de la Cámara de Delegados, la casi totalidad de los municipios elevan quejas sobre la situación por la cual atraviesan y piden remedio a la misma. Vayamos a la raíz del problema.

Durante las primeras sesiones de la Asamblea Legislativa bajo el gobierno civil norteamericano, se aprobó un número de leyes dirigido a reorganizar el sistema municipal. Entre las leyes aprobadas, se encontraban las siguientes: la ley de policía insular mediante la cual desaparecía la policía municipal; se centralizaban los impuestos en manos del Tesorero general, se le otorgaba al gobierno la potestad de cubrir las vacantes que resultaran por muerte, ausencia o renuncia de los concejales. Además, se consolidaron los municipios pequeños con los de mayor población.^[9]

Hay que recordar que una de las reformas fundamentales por las cuales había luchado el liderato criollo en el siglo 19 fue la autonomía municipal como medida contra el sistema centralizador del gobierno español. La estructura administrativa municipal bajo el antiguo régimen colonial constaba de un número crecido de funcionarios: el Alcalde, uno a cinco Tenientes, de seis a treinta Regidores (dependiendo del tamaño de la población) y un Secretario. A estos se añadían los cargos de Juez municipal, Procurador, la junta escolar, la policía municipal y los recolectores de impuestos. Los ayuntamientos tenían poderes para aprobar medidas que no discreparan de las leyes generales de la Isla como, por ejemplo, intervenir en la educación, construcción de caminos, sanidad, orden público, imposición de tributos y contraer empréstitos. Para las autoridades oficiales –el Gobernador y el Consejo Ejecutivo-  este sistema les era totalmente ajeno, por lo que intentaron organizar los municipios de acuerdo a los condados norteamericanos, cuyas facultades eran más restringidas y se limitaban a las zonas urbanas. Según ha señalado Carmen Ramos de Santiago, en el sistema estadounidense el  municipio se concebía como criatura del Estado. Además, la estructura administrativa de los ayuntamientos insulares les resultaba muy costosa y compleja.^[10] De aquí que se dieran a la tarea de emprender la reforma municipal. No es mi propósito valorar ni enjuiciar la efectividad de la reforma municipal, pero sí el impacto que tuvo en términos de la cultura política del país.

Para el liderato criollo local las facultades que tenían las autoridades municipales les significaba una importante fuente de patronazgo y clientelismo político que la reforma municipal erosionó de manera muy considerable. Así,  el 13 de julio de 1901, un artículo del periódico The Puerto Rico Herald señalaba lo siguiente:  “Los municipios no pueden designar los profesores de sus escuelas porque en la designación interviene el Comisionado de la Enseñanza; ni los médicos de su distrito porque ha de consultarse al Comisionado de Sanidad; ni los vigilantes de sus barrios porque el gobernador escoge todos los individuos de la “Insular Police” y no se consiente a los pueblos tener policía propia, ni pueden repartir ni recaudar sus contribuciones porque de esta función se encarga en absoluto el tesorero de la isla, de modo que en Puerto Rico no hay municipios y hasta las vacantes de acaldes y concejales han de ser cubierta por el gobernador.” Por consiguiente, en el 1901, la Cámara de Delegados, integrada en su totalidad por los miembros del Partido Republicano, fue objeto de críticas. Sus opositores políticos, los federales, la apodaron “cámara de esclavos“ por impartir  aprobación a los proyectos de ley sobre la reforma municipal emanados del Consejo Ejecutivo.^[11]

Debido a las repercusiones que tuvo en el ámbito político y socio-económico de la Isla, quiero detenerme en uno de los proyectos presentado, en 1901, por el tesorero de Puerto Rico, G.H. Hollander, en el Consejo Ejecutivo.  Imponía tres tipos de contribución: propiedad mueble e inmueble, herencia y   arbitrios de consumo. Me interesa destacar el primero puesto que fue el más conflictivo. Fijaba la cantidad de un 2% sobre la propiedad mueble e inmueble. Esto se apartaba de la tradición colonial española en la que se proveía para un impuesto territorial sobre el ingreso neto derivado solamente de la propiedad urbana y agrícola y otro sobre la industria y comercio, que consistía en una licencia especial según el tipo de negocio y la importancia del distrito municipal. El proyecto Hollander también disponía que los socios de casas mercantiles u otros negocios estarían sujetos al pago de contribuciones por todos los bienes muebles empleados en los mismos, incluyendo botes y lanchas.  A esto se añadía los arbitrios sobre artículos de consumo, tales como los líquidos alcohólicos, el tabaco elaborado, mantequilla de oleomargarina, fósforos, preparaciones medicinales de patentes, entre otros.^[12]

Cuando se dio a conocer el proyecto se armó un gran revuelo en la Isla. La totalidad de los municipios, la Sociedad de Agricultores, la Cámara de Comercio, la Liga de Propietarios y la prensa del país protestaron vigorosamente. Sus  argumentos fueron de mucho peso: 1) el país no se había recuperado de la crisis económica de la década de 1890,  en la cual se registró una caída de los precios del azúcar y del café a nivel internacional, que trajo consigo la contracción del crédito y el encarecimiento del costo de vida; 2) la crisis se agudizó profundamente con la ocupación militar norteamericana, pues la Isla perdió los mercados de Cuba y España adonde se exportaban mayormente el café y el tabaco y, por otra parte, al no establecerse  inmediatamente el cabotaje con los Estados Unidos los productos puertorriqueños pagaban altos aranceles en el mercado norteamericano; 3) como si todo esto fuera poco, en 1899 la Isla sufrió el azote del huracán San Ciriaco, que causó graves daños a la agricultura, pues devastó las cosechas, principalmente la del café. Todavía en 1902 los agricultores, principalmente los cafetaleros, no habían podido saldar al gobierno insular la cantidad de $295 millones por concepto de contribuciones atrasadas.  Mayaguez y Arecibo destacaban como los distritos más afectados ya que las fincas de café ubicadas en sus respectivas jurisdicciones sobrepasaban el 50% de las tierras en cultivo.^[13] El debate se agudizó cuando el tesorero Hollander declaró que el objetivo del proyecto era forzar a los propietarios puertorriqueños, que no contaban con los recursos suficientes para cultivar sus fincas, a abandonarlas o venderlas  a otros más afortunados.^[14] El periódico La Democracia comentaba: “Si se aprobara su bill antes de un lustro la mayoría de las fincas habrían pasado de manos de los puertorriqueños a manos de los continentales. Estos una vez fincados, serán los dueños absolutos del país; y tras la emigración de braceros que ya ha empezado, vendría la emigración de los propietarios; y tras éstas la emigración de todas nuestras clases sociales. El bill Hollander es, pues, el primer puntapié con que se ha de arrojar de este país a un pueblo y una raza.”^[15] Aunque no se ha estudiado en profundidad el impacto del proyecto Hollander, las estadísticas apuntan a que en 1898 existían 500 haciendas en Puerto Rico, en cambio, para 1910 habían desaparecido más de trescientas.

La discusión sobre el asunto creó tensiones dentro del Partido Republicano y en la Asamblea Legislativa  Es preciso puntualizar que  la Cámara de Delegados estaba integrada por un crecido número de hacendados azucareros y cafetaleros, como señalamos anteriormente, que por razones obvias se oponía al proyecto. También les preocupaba quiénes serían los tasadores encargados de evaluar las propiedades puesto que se podía convertir en un arma política: la ley disponía que el Consejo Ejecutivo era el organismo supremo de las decisiones de los tasadores. ^[16]Cuando se discutió el proyecto una de las alternativas que presentaron los Delegados fue que se gestionase un empréstito  para la agricultura por la cantidad de 3 millones de dólares y que se emitiesen bonos por dicha suma a un tipo de interés del 5 ½%. El préstamo se dividiría en partes iguales para depositarse en bancos agrícolas en tres regiones de la Isla: San Juan, Ponce y Mayaguez.  Aunque se nombró una comisión para discutir, el Consejo ni siquiera la consideró.^[17] El periódico El País, órgano republicano, reaccionó ante esta negativa: “…aquella ley era, dada la angustiosa situación de todos los elementos productores de nuestros campos, más que urgente, imperiosamente indispensable, ya que no para curar la terrible dolencia que nos aqueja porque su cuantía era a las necesidades generales, lo que una gota de agua al océano, por lo menos para difundir alimentos al enfermo en el período agónico de su existencia”^[18]

Al no prosperar la moción en el Consejo Ejecutivo, la Cámara de Delegados se mantuvo firme en que se enmendase el proyecto Hollander, lo que tuvo como resultado el que se rebajase el impuesto contributivo sobre los bienes muebles e inmuebles a 1%. Aún así, quince Delegados votaron en contra. Ante la posición de la Cámara y la protesta pública, el Consejo Ejecutivo resolvió concurrir en la enmienda. La ley se aprobó finalmente el  31 de enero de 1901.^[19] No obstante, el descontento fue de tal naturaleza que las “fuerzas vivas” convocaron a una magna asamblea en los días siguientes a los fines de protestar contra la ley.  La Asamblea se celebró en Caguas y concurrieron más de 2,000 personas, entre las que se encontraban los mayores contribuyentes y propietarios del país -hacendados, comerciantes, banqueros- y obreros. Entre los acuerdos principales  que tomó la Asamblea, estaba la creación de juntas locales para defender los derechos de los contribuyentes. Además, alrededor de veinte importantes firmas bancarias y comerciales de Nueva York que tenían negocios con Puerto Rico dirigieron sus protestas al Congreso. Basta mencionar a Muller, Schall and Co., principales banqueros de las Antillas; Peabody and Co., exportadores e importadores y banqueros que comerciaban en todo el mundo, en particular con Australia, Filipinas y las Antillas; Cumming and Stockbridge, una de las más fuertes casa del mundo con sucursales en Londres y Hamburgo.^[20] El San Juan News comentaba  “para las fuerzas vivas, la ley Hollander representaba el centralismo burocrático y la interferencia estatal en los negocios, dos características normalmente imputadas al régimen colonial español, cuya legislación, en particular la tributaria y comercial, ahora representan las fuerzas vivas criollas como más burguesa y liberal que la implantada por el régimen norteamericano.”^[21]

Este proceso explica, en parte, porqué en 1902 al celebrarse las segundas elecciones a las que concurrió el Partido Federal, luego de su retraimiento electoral en las de 1900, esta colectividad logró el triunfo en dos distritos: Arecibo y Humacao. En el caso de Arecibo, como señalamos anteriormente, fue el distrito más afectado por el huracán. Su circunscripción geográfica comprendía la ciudad de Arecibo y los pueblos de Morovis, Ciales, Utuado, Camuy, Quebradillas y Hatillo. Los tres primeros pueblos eran centros de producción cafetalera. Al filo de la invasión norteamericana, las casas comerciales peninsulares que refaccionaban a los agricultores de café y tabaco de esa zona habían repatriado capital a España con la consiguiente contracción del crédito a estos sectores.^[22] En la región se encontraban cinco centrales azucareras-por ejemplo, la Monserrate, propiedad de la familia Calaf, se había opuesta a la ley Hollander.^[23] Una posible explicación para el caso de Humacao,  como ha argumentado Juan Giusti es que en la zona norte y noroeste se concentraron los centralistas puertorriqueños, peninsulares y otros grupos europeos que al controlar económicamente la zona mostraron una actitud más crítica hacia el régimen norteamericano.^[24]

Durante la sesión de 1903 y 1904 la Cámara de Delegados continuó presentando el proyecto de ley a favor del empréstito agrícola, lo que provocó en la sesión que nos ocupa una nueva y más dramática confrontación con el Consejo Ejecutivo. El 16 de enero de 1904 el propio presidente republicano de la Cámara de Delegados, Manuel F. Rossy, introdujo el proyecto de ley “Para que los agricultores puedan contraer préstamos con la garantía de sus productos y efectos agrícolas” y, a su vez, los delegados federales de los distritos de Arecibo y Humacao presentaron el proyecto “Para realizar un empréstito público destinado al fomento de la agricultura.” Mientras, el 14 de enero los republicanos José Gómez y Loreto Montalvo habían sometido uno para que se cediera a los municipios el 1% de la contribución directa. A lo largo de las sesiones llovieron las peticiones de los municipios, apoyando estos proyectos.^[25]

Por su parte, en el Consejo Ejecutivo el tesorero W.F. Willoughby, introdujo un proyecto de ley que  disponía también la contratación de un empréstito, pero destinado a obras públicas.^[26]. Se constituyó una comisión por miembros de los dos cuerpos legislativos para estudiar ambos proyectos y se aprobó una ley para autorizar las negociaciones de un empréstito insular y otros propósitos y la creación de una Comisión insular integrada por Willoughby y el auditor, Regis H. Post. La Cámara y los miembros puertorriqueños del Consejo Ejecutivo se opusieron tenazmente al empréstito para obras públicas si no se consideraba el de la agricultura. El gobernador Hunt insistió en el primero, fundamentándose en que los $2,000,000 de dólares que el gobierno federal había devuelto a la Isla por concepto de impuesto de aduana antes de aprobarse la ley de cabotaje se habían destinado a obras públicas y ya estaban casi agotados por lo que dentro de año y medio  se verían obligados a paralizar las obras públicas o aumentar las contribuciones.^[27] El comisionado del interior, William Elliot, también se opuso a que el proyecto se destinara para la agricultura puesto que consideraba que el crédito se utilizaría al máximo, el valor de las propiedades se inflaría y los propietarios extranjeros establecidos en la Isla absorberían la mayor parte del dinero, enviando a Europa las ganancias, en cambio, los agricultores y los trabajadores puertorriqueños no recibirían los beneficios. Según su criterio, se fomentaría mejor el desarrollo de la agricultura mediante la construcción de carreteras y puentes, educando a los niños en las artes industriales y la agricultura. Los miembros norteamericanos del Consejo estuvieron a favor de ese razonamiento, mas los cinco puertorriqueños votaron en contra y la Cámara de Delegados lo rechazó unánimemente^[28]. Sobre el particular comentaba La Democracia “El bien de la tierra nativa ha unido en esta ocasión a todos los Delegados de la Cámara, que con un solo espíritu han formado una sola voluntad. La Cámara de Delegados merece hoy los aplausos del País. Han caído con honra.”^[29] Por otra parte, la Asociación de Agricultores y Comerciantes manifestaba: “Es necesario que este gran farsa de tutela tenga término. Se nos ha despojado de nuestros derechos; se nos ató con leyes arancelarias las libertades públicas; se ha cerrado la puerta al desarrollo de la riqueza pública trabando nuestros negocios y oponiendo obstáculos al concierto de un empréstito que el país necesita;…la vida municipal se ha hecho ilusoria, centralizando las facultades comunales y poniendo las riendas de todo en manos de cerca de media docena de hombres que nosotros no hemos elegido para que nos gobiernen y apenas conocemos.” Ante este panorama, no es de extrañar que los unionistas tuvieran un triunfo resonante, conquistaron cinco distritos electorales, ocupando 25 escaños en la Cámara de Delegados, con la novedad de que seis de ellos quedaron en manos de representantes del sector obrero, lo cual fue significativo de la crisis que afectaba los diversos sectores del país.^[30]

En este contexto de crisis se puede explicar con mayor claridad las causas por las cuales el movimiento a favor de la formación del Partido Unionista creció en la Isla. No fue sólo la lucha  contra la absorción cultural, según se ha argumentado tradicionalmente, también fueron cruciales las razones de índole económicas a nivel de los municipios que sumadas a la reforma municipal, resquebrajaron el poder de la elite política a nivel local y con ello los lazos del clientelismo. En el imaginario de la elite criolla de fines del siglo 19, Estados Unidos representó el modelo del liberalismo democrático, cuyo recursos morales y materiales podían impulsar la  reorganización de la sociedad puertorriqueña y fortalecer y aún superar la hegemonía política que parecían haber logrado con la Carta Autonómica. En cambio, las viejas realidades  del pasado, como eran la vulnerabilidad económica  y la desconfianza de las metrópolis en la capacidad del liderato criollo para participar plenamente en la administración del país, recrudecida por un choque cultural abismal bajo el nuevo régimen, mediatizaron el proyecto de modernidad al que había aspirado este liderato.

[1] Este trabajo está basado en dos publicaciones anteriores de mi autoría: La ocupación norteamericana y la ley Foraker (La opinión pública puertorriqueña, 1898-1904). Río Piedras, Editorial Universitaria, 1980 y “Los conflictos de la modernidad: la elite política en Puerto Rico, 1898-1904” en Revista de Indias, Puerto Rico en el 1898, coordinado por Luis Agrait y Astrid Cubano, septiembre-diciembre, 1997, vol. LVll, núm 211, 695-728.

[2] The Representative Men of Porto Rico, 1910. Compiled and Edited by F.E. Jackson and Son, s.e.,s.f., p. 9.

[3] Ibid., p. 31.