Las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico de 1905-1906 y su Potencial para la Investigación Histórica

Las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico de 1905-1906 y su Potencial  para la Investigación Histórica

María del Carmen Baerga-Santini

Quiero extender mi más cálido saludo a todos los miembros de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación y especialmente a su Presidente, el Lic. Antonio García Padilla, quien gentilmente me invitó a presentar la obra cuya publicación celebramos en la noche de hoy. También quiero extender mis saludos al Honorable Jaime Perelló, actual Presidente de la Cámara de Representantes y a todos los distinguidos invitados e invitadas que nos acompañan en esta feliz ocasión.

Confieso que he sido algo imprudente al haber aceptado esta encomienda ya que, aunque llevo muchos años en el campo de la investigación y enseñanza de la historia, mi especialidad no es la historia política y mucho menos la historia institucional. Más que nada, lo que me movió a consentir a la presentación es que el volumen recoge fuentes primarias y, debo admitir, que las fuentes primarias siempre han ejercido una especial fascinación en mí. No soy tan ingenua como para pensar que los documentos primarios; es decir las fuentes que se producen contemporáneamente a la época o fenómeno que se quiere estudiar, ofrecen una ventana sin obstrucción al pasado.^[1] No obstante, me seduce el poder embarcarme en el complejo proceso análisis de documentos que han sido producidos en contextos distintos y con propósitos diferentes a los  que nos puedan interesar en el presente.  Esa tensión entre la alteridad del pasado, de una parte, y sus continuidades, de otra, constituyen retos importantes a la imaginación y a las formas de escribir historia. De igual forma, la siempre presente posibilidad de toparse con lo imprevisto o inimaginable, ejerce un magnetismo que por lo menos para mí, es difícil resistir.

El Libro de Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, Primera y Segunda Sesiones de la Tercera Asamblea Legislativa de 1905 y 1906, compila rastros de los trabajos llevados a cabo por este organismo durante un período importante de la historia política puertorriqueña  del siglo XX.^[2] Se trata de la primera Cámara de Delegados dominada por candidatos del  Partido Unión. Como muchos de ustedes conocen, la Ley Foraker de 1900 creó una estructura administrativa basada en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La ejecutiva la componía un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos y un Consejo Ejecutivo que constaba de 11 miembros, todos nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, de los cuales 5 debían haber nacido en Puerto Rico. El resto lo componían los miembros del gabinete del gobernador. El Consejo jugaba una función dual ya que no solo asesoraba al gobernador sino que, además, funcionaba como la cámara alta de la legislatura insular.^[3]

La rama legislativa estaba compuesta por el ya mencionado Consejo Ejecutivo y por la Cámara de Delegados, la cual agrupaba 35 miembros elegidos cada dos años por el voto mayoritario del electorado. Durante sus primeros cuatro años de existencia, la Cámara estuvo dominada por los representantes del Partido Republicano, quienes aunque aspiraban a la igualdad política dentro de la unión americana, aceptaron de buena gana el gobierno tutelar y el ordenamiento colonial establecido por los Estados Unidos. El Partido Federal, que lideraba Luis Muñoz Rivera, disgustado con el sistema colonial impuesto por la nueva metrópolis, boicoteó las elecciones de 1900 y, aunque se presentó a las elecciones de 1902, no logró superar a la mayoría republicana. En ese mismo año, Rosendo Matienzo Cintrón, un abogado que militaba dentro de las filas del Partido Republicano, desilusionado con el derrotero que había tomado la política insular comenzó a articular un proyecto político centrado en la idea de la unidad de todos los puertorriqueños. El Partido Unión Puertorriqueña se organiza formalmente en el 1904 y gana las elecciones ese mismo año, alcanzando una mayoría en la Cámara de Delegados. Ello se logra porque consigue absorber el grueso de la membresía del Partido Federal, algunos republicanos desafectos, además de concretar una alianza con la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero.  Este último aspecto es de singular importancia ya que es justamente en las elecciones del 1904 que se establece por primera vez bajo el régimen estadounidense el sufragio universal masculino. El apoyo de los trabajadores puertorriqueños fue vital para mantener la hegemonía que gozaría el Partido Unionista por los próximos años.^[4]

La elección de 1904 asegura, por primera vez, representación de las clases trabajadoras en un organismo estatal. De los 25 delegados que el Partido Unión logró colocar en la Cámara, 6 provenían del Partido Socialista Obrero y la Federación Libre de Trabajadores.^[5] Este hecho inédito, le otorga, sin duda, una importancia adicional a la Tercera Asamblea Legislativa.

A pesar de que las actas de la Cámara de Delegados recogen una dimensión importantísima de la vida política puertorriqueña, las mismas permanecieron dispersas en diversos archivos hasta que la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia se embarcó en el proyecto de su edición y publicación. A diferencia de las actas del Consejo Ejecutivo, las cuales fueron publicadas en su época haciéndose disponibles para su estudio y consulta, las actas de la cámara “nativa” nunca fueron publicadas debido a la negativa de los distintos gobernadores de turno y del Consejo Ejecutivo de disponer de los fondos necesarios para ello.

Desde hace algunos años, la Academia Puertorriqueña inició el proceso de publicación de las Actas de la Cámara de Delegados. Al día de hoy han publicados las actas de las tres primeras Cámara de Delegados.^[6] Esperamos que este esfuerzo se extienda a la publicación de todas las actas de este organismo hasta su desaparición en 1917.

Interesantemente, cuando la Academia comenzó su gesta de compilación y digitalización de las actas, se percató de que las actas del año 1905 se estaban extraviadas. No obstante, gracias a la intervención de coleccionistas privados se pudieron ubicar y hoy día contamos con el volumen completo que recoge las actas de los trabajo realizados en 1905 y 1906.

El volumen que se presenta esta noche agrupa mucho más que las actas. Incluye, además, un magnífico ensayo introductorio titulado “Celosías de casa antigua: las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1905 y 1906” de la autoría de la doctora Silvia Álvarez Curbelo, que supera por mucho todo lo que yo pueda decirles esta noche sobre la antes mencionada fuente. Este ensayo ofrece una excelente contextualización del período y analiza las discusiones historiográficas sobre los eventos que se suscitan a partir de la aprobación de la Ley Foraker de 1900. Además, ofrece una suculenta embocadura a las actas mediante un listado comentado de los temas que ocupan los esfuerzos de la Cámara de Delegados en los años 1905 y 1906. Asuntos tales como las fisuras ideológicas al interior de la facción unionista, la subestimada figura de Rosendo Matienzo Cintrón, los intentos de organizar una sociedad de ley y orden, las luchas obreras y los avatares de los pobres urbanos, los infortunios del café, el estado de la salud pública, la modernización de las costumbres y la vida cotidiana, por mencionar algunos, son tratados por la autora, quien elabora agudos comentarios y ofrece valiosas pistas para investigaciones futuras. Puedo asegurarle que todos los temas que me llamaron la atención durante mi lectura de las aproximadamente mil páginas que componen las actas, están hilvanados de manera magistral en el ensayo de la doctora Álvarez Curbelo.

Por su naturaleza, toda acta tiende a ser algo parca ya que en esencia presenta una relación de los temas tratados y los acuerdos tomados. Sin embargo, las actas en cuestión incluyen otros elementos que resultan tan o más jugosos que la radicación y discusión de leyes. Me refiero a los mensajes ofrecidos por el gobernador ante las dos legislaturas ordinarias y la extraordinaria que se celebraron durante la Tercera Asamblea Legislativa, a las comunicaciones del Consejo Ejecutivo y del gobernador que llegaban a la Cámara, a los memoriales de la propia Cámara o de organizaciones civiles, y sobre todo, a las peticiones de ciudadanos particulares, municipios o cualquier entidad que solicitaban toda suerte “gracias” al gobierno, expresaban su parecer sobre algún issue o simplemente ofrecían sugerencias sobre una gran diversidad de asuntos. Es decir, que en su conjunto las actas presentan una mina a explorar desde distintos ángulos y perspectivas. Aunque no hay duda de que son una fuente excelente para el estudio de la historia parlamentaria y de las instituciones políticas de comienzos del siglo XX, también constituyen una fuente importante para proyectos de historia social, económica y cultural.

La Tercera Cámara de Delegados es reconocida en la historiografía local como aquella pretendió enderezar los desmanes de los primeros cuatro años del gobierno civil norteamericano. Según señala María Dolores Luque, la anterior Asamblea republicana había facilitado “la aprobación de leyes importantes que alteraron las instituciones del país para amoldarlas a las prácticas y valores de la cultura norteamericana”.^[7] Por tal razón es que la Tercera Cámara enfila sus cañones hacia la legislación que se promulgó durante los primeros cuatro años del gobierno civil. En esa época se aprobó un nuevo Código Penal, un Código de Enjuiciamiento Criminal y un Código Político, copiados de los existentes en algunos estados de la Unión, como por ejemplo Montana y California. Además, se había promulgado una nueva ley electoral que resultaba perjudicial para la oposición, lo que explica por qué el Partido Federal se abstuvo de participar en las elecciones de 1900.^[8]

La Tercera Cámara atiende todos estos asuntos pero su  éxito es limitado. Mucha de su legislación no logra el consenso del Consejo Ejecutivo y luego de arduas discusiones era enviada a comités o simplemente pasaba a dormir el sueño de los justos. Las actas presentan numerosas comunicaciones del Comité Ejecutivo en la cual informan la posposición indefina de la discusión de varias de sus medidas.  Alguna de la legislación  de la Cámara en este periodo llegó a recibir la aprobación del Consejo Ejecutivo, pero ello ocurre luego de muchas enmiendas y negociaciones.  Futuros investigadores e investigadoras podrían leer estas actas en diálogo con las actas del Consejo Ejecutivo y con otras fuentes para identificar las áreas de acuerdos y desacuerdos y así poder elaborar representaciones más matizadas de la política de la época.

Curiosamente, si le echamos una mirada superficial a las actas parecería que existía un consenso entre todas las facciones políticas en torno a muchos asuntos, sobre todo aquellos que se identifican con la modernidad.  Si comparamos las peticiones de los ciudadanos y ciudadanas particulares, con los mensajes del gobernador y la legislación promovida, resulta evidente que coincidían en torno a la deseabilidad de transformar al país siguiendo el modelo estadounidense, nación que en ese momento representaba la encarnación máxima de la modernidad. Dentro de este esquema, la educación surge como uno de los ejes principales de esa transformación.

Sorprende el gran número de ciudadanos -hombres y mujeres- que solicita a la Cámara que se les envíe a estudiar a los Estados Unidos. Igualmente abundan peticiones de becas para proseguir estudios en la Escuela Normal. La propia Cámara introduce proyectos para promover la enseñanza secundaria y superior. Todas estas maniobras evidencian un interés particular entre ciertos grupos de la sociedad local por agenciar oportunidades de educación avanzada. Esto contrasta con el interés evidente del ejecutivo, que aunque igualmente interesado en la educación, manifiesta un propósito diferente. Su meta era extender la influencia de la escuela elemental, sobre todo, en las áreas rurales. En sus mensajes, el gobernador Winthrop deja ver claramente que su prioridad es la educación primaria, por encima de la educación superior. Esto lo hace explícito en su mensaje a la Legislatura del año 1906 cuando expresa y cito:

“En el presente, por lo menos, debemos dedicar nuestras energías a proveer de instrucción elemental para un número mayor en los distritos rurales[,] con preferencia a los estudios superiores para una clase pequeña en las ciudades”.^[9]

Es decir, que mientras que las elites criollas deseaban reproducir y acrecentar su capital social y político mediante la educación superior de los sectores medios y altos del país, el gobierno colonial privilegiaba la expansión de la educación elemental para extenderla a todos los niños y niñas.

La historiografía local ha interpretado este marcado interés por educación primaria como una pieza fundamental en la agenda americanizadora del gobierno colonial. La escuela, según estas explicaciones, pretendía la asimilación total de los niños y niñas a la cultura estadounidense, a la vez que los adiestraba para que se incorporaran en la economía colonial como trabajadores y trabajadoras manuales. Contribuciones recientes, como el libro de Solsirée del Moral, cuestiona la hegemonía del proyecto de asimilación cultural y demuestra cómo  los maestros y maestras negociaron la retórica de americanización del Estado. Según esta autora, la clase magisterial, aunque apoyaba el proyecto de modernización del país, lo hizo mediante una estrategia basada en una suerte nacionalismo cultural, el cual existía cómodamente en el ámbito colonial estadounidense.^[10]

Lanny Thompson, de otra parte, minimiza el efecto de lo ideológico en general, argumentando que la dimensión material de la escuela, con sus pupitres, relojes, salones de clase separados por grados y wáter closets con sus aparatos sanitarios, entre otras cosas, sirvió para para la creación de sujetos coloniales disciplinados, más allá de las ideologías particulares, ya fuesen éstas americanizadoras o nacionalistas. Según este autor, la centralización del aparato educativo bajo el poder estadounidense facilitó la implantación de un nuevo modelo pedagógico que  permitió ejercer un mayor control en la supervisión y adiestramiento de los maestros y maestras, y regularizó los procedimientos dentro de la sala de clases. La estandarización del proceso educativo tuvo como efecto la normalización  de los cuerpos, no solo de los estudiantes, sino además de los maestros y maestras.  Así, la escuela funcionó como un eje fundamental del proyecto modernizador estadounidense, más allá de las ideologías de las distintas facciones políticas.^[11]

Este argumento aparenta hallar fundamento en las expresiones del ejecutivo en los  mensajes a la Tercera Asamblea Legislativa. Al referirse al estado de la educación del país, el gobernador no menciona asuntos relacionados al idioma o a la cultura estadounidense. Su énfasis, como se mencionó anteriormente, era en la expansión de la escuela primaria, sobre todo en las áreas rurales. No obstante, en su mensaje de enero de 1906, añade un elemento importante. Me refiero a la aspiración de transformar los cuerpos de la niñez puertorriqueña mediante la ejercitación. Sobre esto expresa:

…me tomo la libertad de llamar vuestra atención a las ventajas de establecer parques de recreo en las ciudades mayores, donde los niños y niñas puedan hacer ejercicio al aire libre y se inspiren en aquellos hábitos de disciplina y compostura, tan importante en el contacto que subsiguientemente habrán de tener en el mundo.^[12]

Para que Puerto Rico pasara a tener un espacio en el concurso de las naciones civilizadas, debía transformarse mediante la normalización y disciplina de los cuerpos de los colonizados. Futuras investigaciones habrán de establecer hasta qué punto coincidían o divergían los distintos sectores políticos del país sobre este asunto, independientemente de sus ideologías políticas. Tiendo a pensar que la balanza se inclina a favor de la convergencia.

Curiosamente, entre  todas las preocupaciones de carácter moderno que se ventilan en las actas, hay una que llama la atención y que se aparta, por lo menos a primera vista, del “afán de modernidad”, si me permiten usar la expresión de la doctora Álvarez Curbelo.^[13] Me refiero a las discusiones en torno a las peleas de gallos. De interés particular resultan las múltiples peticiones de vecinos de distintos pueblos de la isla solicitando que se restituyera su legalidad. Asimismo, en la sesión de 1905, el delegado republicano Tomás Carrión Maduro introduce una medida para enmendar la ley de 1902 que impedía la crueldad hacia los animales, la cual ilegalizaba este pasatiempo. La medida pasa a una comisión la cual aconseja que se apruebe sin enmiendas aduciendo que las riñas de gallos era una costumbre que databa de muchos años y que a pesar de su prohibición, seguirían practicándose. Añade el informe de la comisión, que las peleas de gallo constituían una actividad económica beneficiosa y que debidamente reglamentada, “evitaban la crueldad entre gallos”.^[14] Después de todo, de lo que se trataba era de una diversión inocente de los campesinos. Interesantemente, su compañero de partido, Pedro Juan Besosa, califica la medida de Carrión de inmoral, lo que desata una apasionada defensa por parte de este último. El proponente rechaza el comentario señalando que en países tan civilizados como España se practicaba el deporte de los toros, y en los Estados Unidos, hombres y mujeres disfrutaban del boxeo. Para Carrión, esta actividad resultaba “más inmoral” que las peleas de gallos y, según él, constituían un “acto salvaje”.^[15] En otras palabras, el campesino puertorriqueño que jugaba a los gallos era más civilizado que el estadounidense común aficionado al boxeo.

Al llevar la medida a votación, ésta es derrotada por el escaso margen de un voto. Los amantes de los gallos tendrían que esperar hasta el año 1933, cuando finalmente se convierte en una actividad legal regulada por el Estado.^[16]

A primera vista podríamos decir que lo que estaba tomando lugar aquí era un choque entre los que defendían la cultura puertorriqueña y los que apoyaban la cultura estadounidense. No obstante, un examen más ponderado de la fuente no apoya esta interpretación. Para comenzar, la medida la radica un republicano y quien lo rebate en la sesión es otro republicano. Al examinar la forma en que se emite el voto, se evidencia que tanto la delegación unionista como la republicana estaba divida en cuanto a la enmienda propuesta. El único grupo que presenta cierto consenso en cuanto a la medida es la delegación socialista, en la cual de sus seis miembros, cinco votan a favor de la legalidad de las peleas de gallos. Indiscutiblemente,  hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta en el análisis de este episodio.

Astrid Cubano, en su trabajo sobre la configuración de partidos políticos de masa a finales del siglo XIX señala la centralidad de los rituales masculinos a la hora de construir alianzas entre miembros de distintas clases sociales. Prácticas culturales como el juego de naipes,  beber ron y las peleas de gallo, entre otras, eran compartidas igualmente por hombres ricos y pobres. Éstas eran actividades que promovían lazos de simpatía y admiración mutua entre sus practicantes, sin borrar las divisiones sociales ni retar las relaciones de poder existentes. Así, constituían un espacio social productivo para forjar consensos y sentar cimientos para posibles coaliciones que podían tener un potencial político.^[17] En este sentido me aventuro a plantear que más que tratarse de un conflicto entre defensores y detractores de la cultura puertorriqueña, los debates en cuanto a la legalidad de las peleas de gallos tenían que ver con modelos distintos de masculinidad y de cómo ejercer la ciudadanía en el mundo moderno.

Los ejemplos que he traído esta noche tienen como propósito ilustrar el potencial de las Actas para la investigación histórica. Los estudios de las actuaciones de la Cámara de Delegados han estado mayormente enfocados en temas relacionados con la política estadounidense hacia Puerto Rico, y las formas en que los partidos políticos locales se alinean con respecto a ésta. Lo que pretendo esta noche es invitarlos a abrir el abanico de posibilidades para leer esta fuente desde perspectivas frescas y ángulos distintos.

Felicito a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislatura por esta iniciativa y a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y al National Endowment for the Humanities por haberla apoyado.

[1] Para una discusión sobre las complejidades involucradas en el manejo de fuentes primarias, véase Miriam Dobson y Benjamin Ziemann (eds.), Reading Primary Sources: The Interpretation of Texts from 19^th and 20^th Century History, London y Nueva York, Routledge, 2009.

[2] Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Cámara de Delegados de Puerto Rico. Primera y Segunda Sesiones de la Tercera Asamblea Legislativa 1905-1906, San Juan, 2013.