No obstante, las rutas seguidas para llegar a esta conclusión serán objeto de mucha discusión en Puerto Rico de índole constitucional/política. La opinión de la mayoría, la opinión concurrente antes citada, la segunda y única otra opinión concurrente de la jueza Sonia Sotomayor y la unanimidad en la sentencia, obligan a concluir lo siguiente:

1. El poder que ejerce el Congreso para asuntos de gobernanza de Puerto Rico desde el Tratado de París de 1898 continúa siendo amplio y maleable. El ejercicio de ese poder es independiente de los ‘casos insulares” de principios de siglo pasado. La mayoría del Tribunal creyó innecesario fundamentar su decisión en ellos y se reafirma en no extender más su aplicación al menos en cuanto a los asuntos de Puerto Rico.

2. Ese poder bajo la cláusula territorial se puede utilizar de forma muy perversa. Los nombramientos de la Junta no son gobernados bajo la cláusula de nombramientos porque sus funciones son necesarias y dirigidas exclusivamente para el ‘bienestar del territorio”, pagado con dinero del gobierno del territorio y la ejecución de algunos de sus poderes dependen de la ley del territorio. Al leerle la opinión, poco le faltó al tribunal decir que la Junta es puertorriqueña y en última instancia, creada por los habitantes del territorio. De hecho, eso es parte de la tesis de la jueza Sotomayor que incluso parece celebrar: Promesa y la Junta podrían ser constitucionales por ser parte de la autorización genérica de los votantes al aprobarse en 1950 la Ley 600. Dicho de otro modo: cuando la Junta impone su presupuesto y deja sin efecto una ley es porque los habitantes de este país así lo consentimosy autorizamos en 1950 con la creación del ELA.