por Efrén Rivera Ramos
martes, 18 de octubre de 2016

La aprobación de PROMESA y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal han constituido un golpe rudo. No debemos vivir de espaldas a esa realidad, por más que algunas encuestas reflejen que, además de un desconocimiento generalizado, y quizás por eso mismo, aparenta haber un apoyo considerable a ese organismo.

Lo cierto es que la reacción a la Junta ha sido diversa: desde los que llaman a no colaborar con ella hasta los que la ven con buenos ojos o asumen posiciones intermedias.

Un asunto, sin embargo, en que podríamos convenir todos es en no consentir que la operación de la Junta conduzca al establecimiento de un gobierno secreto. No podremos evaluar ni opinar con fundamento si no conocemos bien qué hace la Junta, cómo opera, qué información maneja, qué decisiones toma y cómo las implanta. Su primera reunión en Nueva York no fue un buen augurio. Allí sólo se votó por medidas que ya habían acordado sus miembros fuera del ojo público.

Exigirle transparencia a la Junta no es someterse a ella. El acceso a la información constituye un derecho fundamental, reconocido tanto en el ordenamiento jurídico puertorriqueño como en el derecho internacional. Requerir el cumplimiento de un derecho no es colaborar con quien nos lo niegue. Tampoco es válido argumentar que los puertorriqueños no tenemos nada que decir sobre el particular porque, después de todo, la Junta fue creada por el Congreso, que tiene poderes plenos sobre nosotros. Los gobernados siempre deben tener derecho a reclamar aunque quien gobierne sea un dictador; es más, mientras más dictatorial sea el gobernante, más aguda la necesidad de reclamar derechos.

Por supuesto, la transparencia no será suficiente. La Junta muy bien puede, a plena luz del día, tomar decisiones desastrosas. Además de saberlo, deberíamos tener los instrumentos para resistir esas acciones con efectividad. Reconocido eso, no deja de ser cierto que tener acceso a la información que reciba, utilice y genere la Junta sigue siendo necesario.

De la propia PROMESA surge que la Junta obtendrá, examinará y producirá una gran cantidad de información. Nuestra exigencia debe ser que se haga pública. Debemos procurar hacerlo directamente, bien por la vía judicial o por medio de una intensa presión pública y una incesante acción política.

Tampoco debemos descartar las formas indirectas. Por ejemplo, PROMESA autoriza a la Junta a requerir información de las agencias federales y del gobierno de Puerto Rico. Podríamos organizarnos para solicitar a los organismos federales copia de la información que envían a la Junta, utilizando la Ley de Libertad de Información, que aplica al gobierno federal con algunas excepciones.

Al gobierno de Puerto Rico se le pueden hacer requerimientos de información al amparo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo nuestro, que desde hace décadas ha reconocido que en Puerto Rico los ciudadanos tienen el derecho constitucional de obtener información de carácter público.

Hay que ir más lejos. Hoy día el principio de transparencia gubernamental exige que los gobiernos publiquen proactivamente la información que tienen a su cargo, sin necesidad de que los ciudadanos la soliciten. A la luz de ese principio, la Junta debería publicar proactivamente la información que recibe, custodia y genera. Lo mismo debería hacer el gobierno de Puerto Rico con la que envía a la Junta. Podría, por ejemplo, crear un sitio web destinado exclusivamente a ese propósito. ¿Por qué no exigirle al gobierno actual que lo haga y a los candidatos a la gobernación que se comprometan a continuar haciéndolo? Tal vez de esa forma comencemos a suprimir la inclinación de los gobernantes, sean quienes sean, a operar dentro de la lógica del gobierno secreto.