por Efrén Rivera Ramos
martes, 15 de noviembre de 2016

En muchos sentidos la Junta de Control Fiscal será el verdadero gobierno de Puerto Rico en los años venideros. Ello no significa, sin embargo, que debamos resignarnos fatalmente a sus planes ni que podamos excusar al gobierno electo de su responsabilidad ante el país. Esto último sería cierto en relación con cualquiera que hubiere ganado las elecciones. Las minorías legislativas también tendrán una función que realizar y cuentas que rendir por su desempeño ante las decisiones de la Junta y del gobierno.

La Junta tiene como encomienda lograr el pago de la deuda, estabilizar las finanzas públicas y facilitar el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital. Para ello tiene un amplio margen de acción. Por ejemplo, puede escoger entre poner el énfasis en la austeridad en el gasto gubernamental o en la reestructuración de la deuda. La austeridad puede incluir el despido de empleados públicos, la reducción en el pago de pensiones, el recorte de servicios y medidas similares.

¿Por cuál de estas dos orientaciones básicas se decantará? Si prefiere la austeridad, es predecible que las consecuencias más severas recaigan en los sectores más vulnerables de la sociedad. Si favorece la reestructuración, enfrentará fuertes resistencias de los acreedores y otros intereses poderosos.

Otra opción de la Junta tiene que ver con el proceso. Puede intentar lograr sus fines mediante el consenso y la consulta con el gobierno y otros sectores de la población o puede, simplemente, decidir, mandar e imponer soluciones que se ajusten a las inclinaciones ideológicas de sus miembros incluida su apreciación de los intereses que se deban proteger. ¿Cuál será su actitud?

El gobierno, por su parte, también tendrá opciones. ¿Se dedicará meramente a acatar los dictámenes de la Junta? ¿Intentará persuadirla activamente de que hay alternativas a sus designios? ¿Decidirá proteger a los sectores más vulnerables del país? ¿Habrá de enfrentarse en algún momento a la Junta si sectores sustanciales entienden que las decisiones de ese cuerpo son inaceptables? ¿O procurará racionalizar y justificar siempre sus actuaciones?

El propio gobierno, ¿pondrá el énfasis en la austeridad o en la reestructuración? En la tríada Junta-gobierno-pueblo, ¿qué papel jugará el gobierno? ¿Será un mero ejecutor y transmisor de las decisiones de la Junta? ¿O se convertirá en un portavoz del pueblo ante ese organismo? ¿Cuál será el rol de la Legislatura? ¿De la mayoría? ¿De las minorías?

¿Cuán transparentes serán las operaciones de la Junta? ¿Las del gobierno en su interacción con ésta? ¿Qué posición asumirá el gobierno ante los reclamos de transparencia de la ciudadanía? ¿Decidirá informar al público sobre toda comunicación suya con la Junta? ¿Habrá de presionar a ese organismo para que informe al país sobre sus deliberaciones, decisiones y acciones? ¿Harán accesibles ambos los datos y la información quemanejen?

¿Qué papel desempeñará el gobierno ante el fenómeno de la protesta ciudadana? ¿Cómo utilizará los aparatos represivos del estado ante la insatisfacción popular cuando comiencen a sentirse los efectos adversos de la austeridad impuesta?

Finalmente, la crisis fiscal inmediata y los poderes que PROMESA le ha otorgado a la Junta de Control no deben servir de excusa para dejar de atender dos problemas fundamentales: cómo encaminarnos a un desarrollo económico sustentable y cómo resolver el problema de la relación con Estados Unidos y el resto del mundo. Sobre eso también se tendrá que rendir cuentas.

La importancia de estas interrogantes radica en que nos permiten entender que no hay lugar para la resignación. Que hay márgenes de acción por los que los gobernantes -llámense Junta o gobierno- deberán responder. Y que siguen siendo necesarias la crítica, la exigencia y la participación ciudadanas.