En su decisión unánime, el Tribunal Supremo concluyó, primero, que la Cláusula de Nombramientos de la Constitución estadounidense aplica a los nombramientos de funcionarios federales, aunque estos ejerzan autoridad sobre los territorios. Por otra parte, siete de los jueces estimaron que lo importante es determinar si se trata de funcionarios que ejercen primordialmente funciones federales o funciones mayormente locales o territoriales. Si son funcionarios que ejercen facultades predominantemente territoriales, el Congreso no viene obligado por la Cláusula de Nombramientos.

El Tribunal resolvió que los miembros de la Junta de Control Fiscal no son funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, sino del gobierno territorial de Puerto Rico. De ahí que su nombramiento no requiriera el consejo y consentimiento del Senado.

Se ha comentado que, debido al carácter limitado de la decisión, el caso no tiene nada que ver con la condición política de Puerto Rico. Nada más lejos de la verdad.Quizás lo que se quiere decir es que no cambia nada la situación actual. Eso es cierto, pero esa es precisamente su pertinencia para la cuestión del estatus.

Tanto la opinión mayoritaria, que suscriben siete jueces, como la concurrente del juez Thomas, constituyen una reafirmación contundente del carácter territorial (es decir, colonial) de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. En ese sentido es una reiteración de decisiones previas, incluidas las de Puerto Rico v. Sánchez Valle y Puerto Rico v. Franklin, resueltas en el 2016. Solo la jueza Sotomayor se desvía de ese parecer, pero termina concurriendo con el resultado del caso.