La crisis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico

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    por Efrén Rivera Ramos
    martes, 2 de marzo de 2021

    La crisis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico

    La controversia que ha surgido en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sobre la asignación de nuevas plazas docentes refleja dos realidades inescapables.

    La primera es el efecto extremadamente perjudicial de los recortes presupuestarios impuestos a la institución como resultado de una visión ideológica que empuja a toda costa la disminución de la inversión pública en los servicios esenciales del país. La UPR ha sido víctima de ese empeño obstinado y ya se ven las consecuencias. La alta gerencia universitaria se tornó en cómplice de ese despropósito aduciendo desde el principio que las reducciones de fondos serían “manejables”. Ha faltado la defensa férrea de la universidad pública que debe esperarse de quienes aceptan dirigir sus operaciones.

    La segunda realidad es que, dentro de la crisis fiscal, han prevalecido un dudoso orden en la fijación de prioridades, la ausencia de transparencia en los procesos, la pobreza de criterios en la toma de decisiones académicas, la imposición de medidas sin diálogo real con las unidades de base y, en no pocas ocasiones, la arbitrariedad en la distribución de recursos cada vez más escasos.

    Ejemplo de todo lo anterior ha sido la disminución constante de la plantilla docente de la institución. La situación creada por ese desarrollo se ilustra con el hecho de que, en respuesta a la convocatoria más reciente, según informa la administración, las distintas unidades del Recinto de Río Piedras produjeron 204 solicitudes de plazas nuevas. Solo se crearon treinta. El propio rector admite que son insuficientes.

    Los efectos concretos de esa precariedad quedan de manifiesto con lo que acontece en la Escuela de Derecho, la unidad que mejor conozco por mi estrecha relación de varias décadas con ella.

    Desde el 2011 la Escuela de Derecho ha perdido 17 plazas docentes: nueve de enseñanza y ocho de profesionales de la Biblioteca. Durante este tiempo solo se ha autorizado completar el proceso de reclutamiento de una plaza docente en Derecho Penal y la de un bibliotecario profesional.

    En estos momentos la Escuela cuenta con un total de 22 docentes con nombramientos regulares. De ese grupo, diez cumplen con las condiciones de jubilación. Si se retiraran mañana, no hay certeza alguna de que serán sustituidos con nombramientos regulares. De hecho, las políticas actuales de reclutamiento tienden a indicar lo contrario.

    A pesar de estas carencias obvias, en la más reciente asignación de treinta plazas docentes, anunciada con cierto aire de triunfalismo en la prensa, a la Escuela solo se le adjudicó una. Muy por debajo de lo necesario.

    Esta situación de falta crónica de docentes a tiempo completo pone en peligro la acreditación de la única escuela de derecho pública del país. Así se le ha hecho saber a la administración con los datos que fundamentan la genuina preocupación de la facultad, la comunidad estudiantil y el equipo administrativo de la Escuela. Ha sido como hablarle a una pared.

    En la Escuela de Derecho de la UPR existe insuficiencia de docentes y su acreditación podría estar en riesgo, advierte el profesor Efrén Rivera Ramos. En la foto, vista parcial de la biblioteca del importante centro académico, ubicado en el Recinto de Río Piedras. (Archivo GFR Media)

    La respuesta del Recinto de Río Piedras publicada en la prensa sugiere que el problema se resuelve reclutando profesores por contrato, en vez de otorgándoles plazas. Sin embargo, las condiciones permitidas por los contratos temporeros que suele aprobar la UPR no satisfacen las exigencias de las agencias acreditadoras.

    Dichas agencias le requieren a la Escuela una facultad a tiempo completo que sea suficiente para satisfacer tanto las necesidades de la enseñanza como las tareas imprescindibles de investigación, publicación y divulgación del conocimiento; la participación en el gobierno de la institución; la asesoría académica individualizada al estudiantado; y el servicio a la profesión jurídica y al país propias de una escuela de derecho acreditada. Así no es como entiende la UPR la contratación temporal de docentes en este momento.

    La voz de alerta que ha levantado la comunidad de la Escuela de Derecho no debe caer en oídos sordos. No solo por ella misma. Sino porque estos males y agravios se repiten a lo largo de todo el sistema de la UPR y repercuten en todo el país.

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