Es tradición de los países civilizados, especialmente en Europa, de sostener corporaciones científicas para el adelantamiento de las ciencias, las letras y las artes. Estas instituciones de facultativos, son establecidas como coadyuvantes del gobierno de la sociedad en donde se desarrollan. Así, desde el siglo XVII comienzan a surgir las Academias, recordemos a dos de las más antiguas, la Academia Francesa y la Real Academia Española.

En España, en diferentes momentos del siglo XVIII, se estable­cen varias; las Reales Academias; de la Historia; de Bellas Artes de San Fernando; de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de Ciencias Morales y Políticas y la que nos corresponde como ju­ristas, la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación. Así, las diversas disciplinas del saber, se congregan en institutos autónomos reconocidos por el gobierno, para el cultivo y propa­gación de la ciencia, de las artes y de las letras. Tradición ésta, que se trasladó a los países hispanoamericanos donde también funcionan, recordemos a la Academia Colombiana de Jurispru­dencia y a la Academia Nacional de Derecho de Argentina, para mencionar dos ejemplos.

En Puerto Rico tenemos las siguientes, la Academia Puertorri­queña de la Lengua Española; la Academia Puertorriqueña de la Historia y la Academia de Artes y Ciencias. Ahora se añade a estas instituciones, la representativa de la ciencia jurídica: la Aca­demia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de reciente creación. Esta nueva academia, es correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

La Real Academia de Jurisprudencia de España, de continuado prestigio, por sus miembros y aportaciones al Derecho español, traza sus orígenes a 1730. Tuvo, entre sus preclaros individuos entonces, a jurisconsultos de gran valía como Floridablanca; Campomanes; Forner; y Covarrubias, entre otros. Luego de di­versos acontecimientos, en 1838, la institución obtuvo nuevos estatutos y constituciones aprobados por el gobierno. Los artícu­los 3 y 4 de las referidas constituciones nos ilustran los objetivos y fines de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación:

La academia, como corporación científica, tiene por objeto inmediato la indagación, propagación y conservación de la ciencia del Derecho en sí misma y en sus relaciones con los demás conocimientos humanos.

El fin propio, permanente y esencial de la Academia, el producir el adelanto del Derecho como ciencia, fomentando la cultura jurídica, y obtener su realización más perfecta como arte, influyendo en las reformas y en los progresos de la legislación y del Derecho internacional.

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, tiene un lu­gar preponderante en la promoción de la cultura jurídica espa­ñola. Es lugar de estudio, pues tiene una estupenda biblioteca; sitio de enseñanza, pues se ofrecen cursos, cátedras y conferen­cias; cenáculo apropiado para la conversación y el intercambio de ideas. Amén, de que la institución es consultada por el gobierno y el parlamento sobre numerosas cuestiones jurídicas. Otros dos rasgos definen su valía intelectual y presencia pública, la Acade­mia de Jurisprudencia, es centro de investigaciones para ofrecerle a la legislatura, proyectos de leyes que reforman el Derecho vi­gente y es Auxiliar de la administración de la Justicia.

Por los salones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación pasa la juventud estudiosa de la villa, especialmente los estudiantes de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Mencionemos solamente a los puertorriqueños de mediados del siglo XIX que fueron acogidos en el viejo caserón de la Academia, entonces en la Calle de la Montera número 4, cercano al viejo Ateneo de Madrid. Pasaron por sus salones y estudiaron allí: Segundo Ruiz Belvis, Eugenio María de Hostos, Carlos María Soler Martorell, José López Landrón, Herminio Díaz Navarro, Jacinto Texidor y José de Diego, entre otros. También en esos salones académicos Julio Vizcarrondo fundó la Sociedad Abolicionista Española.

La importancia de la Academias se agiganta, si recordamos, que como dicen Mariano y José Luis Peset en su obra La Univer­sidad Española (siglos XVIII y XIX): “La ciencia jurídica del XIX vivía fuera y por encima de la Universidad”. “Las viejas academias de legislación y jurisprudencia, o la de ciencias políticas y mora­les, brillan durante estos años”. Los académicos de jurispruden­cia, dentro y fuera de los salones de la Academia realizan aporta­ciones de primera, al foro, a la legislatura, a los tribunales, a las cátedras. Recordemos algunos nombres de eminentes juristas españoles del siglo XIX vinculados a la Real Academia de Juris­prudencia y Legislación: Manuel Cortina, Joaquín Esriche, Juan Bravo Murillo, José María Manresa, Florencio García Goyena, Pascual Madoz, Lorenzo Arrazola, Joaquín Francisco Pacheco, Manuel Alonso Martínez y Segismundo Moret.

Hoy la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación es presi­dida por Don Antonio Hernández-Gil, ilustre catedrático, pensador y Presidente del Tribunal Supremo de España, entre otros miem­bros figuran los doctores Leonardo Prieto-Castro, Alfonso García Gallo, Juan Vallet de Goytisolo, Luis Sánchez Agesta, Francisco Bonet y Manuel Albaladejo.

Convocados por el Doctor José Trias Monge, el 9 de diciembre de 1985, en la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, se reunió un reducido número de abogados para decidir la conve­niencia, oportunidad y necesidad de establecer una academia que congregase juristas y sirviese a la ciencia del Derecho. De esa reunión surgió la “Comisión gestora de la Academia Puertorri­queña de Jurisprudencia y Legislación”. Institución que según el acta de la reunión “deberá promover la investigación y la práctica del Derecho y de sus ciencias auxiliares y contribuir a las refor­mas y progresos de la legislación puertorriqueña”.

No es casualidad, que la reunión se llevara a cabo en la Uni­versidad, pues históricamente en España, nos dice el historiador Antonio Álvarez de Morales en su libro titulado: Génesis de la Universidad Española Contemporánea (Madrid, Instituto de Estu­dios Administrativos, 1972, p. 4781 que:

La Academia de Jurisprudencia, además, destacó…, por ser la que más estuvo unida en su actividad con la facultad universitaria correspondiente, la Jurisprudencia, conexión de la que resultaron beneficios para la ciencia y la enseñanza.

Así mismo respalda la fundación de la nueva Academia, el Comité de Derecho de la Comisión Puertorriqueña para la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto Rico. La Comisión gestora incorpora nuestra Academia de Jurisprudencia y Legislación suscribiendo los documentos oficiales el 9 de diciembre de 1985. Unos días después, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Rafael Hernández Colón, por Orden Ejecutiva (Boletín Administrativo número 4584 de 26 de diciembre de 1985) concede el reconocimiento oficial del Gobierno de Puerto Rico a la institución, exhortando a los académicos “a aportar generosamente a la renovación de nuestro Derecho”.

Desde sus inicios, se declaró la adhesión de la institución puertorriqueña a los principios y propósitos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci6n de España. Así se gestionó de la misma, que constituyese a la Academia Puertorriqueña, como correspondiente con todos los derechos y honores. Se interesa esta correspondencia, “en consideración de los centenarios lazos que vinculan el Derecho puertorriqueño con el español, en respuesta a la necesidad de revitalizar la comunicación entre las comunidades jurídicas de ambos pueblos y para significar la feliz celebración de los quinientos años de descubrimiento de América.”

Con el propósito de declarar formalmente a la Academia Puertorriqueña, correspondiente de la homóloga española, se llevó a cabo en Madrid, un acto solemne en el imponente Palacio de la Real Academia de Jurisprudencia, Calle del Marqués de Cubas número 13. El 4 de diciembre de 1986 bajo la alta dirección de Antonio Hernández-Gil, Presidente de la casa, se procedió en acto público y solemne, con la presencia de los académicos y autoridades del Mundo, del Derecho, a reconocer oficialmente a nuestra Institución. Por la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación hablaron su Presidente, Doctor José Trías Monge; el Licenciado Antonio García Padilla, Secretario General y el Presidente del Senado y de la Comisión del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto Rico, Honorable Miguel Hernández Agosto. El cierre del acto estuvo a cargo del Excelentísimo Señor Don Antonio Hernández Gil, quien habló a nombre de los juristas españoles. Representaron a la Academia Puertorriqueña, en los actos de Madrid, además de los mencionados, el Licenciado Marcos A. Ramírez, Presidente del Consejo de Educación Superior; el Doctor Efraín González Tejera, Catedrático de Derecho y Tratadista; la Licenciada Lady Alfonso de Cumpiano, profesora de Derecho y el Licenciado Antonio Escudero Viera, abogado en ejercicio y profesor de Derecho. Todavía resuenan las palabras de Hernández-Gil: “Sin duda la Academia Puertorriqueña recién creada tiene plena justificación”.

Deseo terminar estas breves palabras, citando el último párrafo del discurso del Doctor Trías Monge en Madrid:

Para colaborar, entre sus otras funciones, en esta magna tarea de reforma (del Derecho) y velar porque ésta se realice con el respeto debido a nuestras raíces culturales e idiosincrasia, así como a nuestras aspiraciones y objetivos de pueblo, es que se constituye hoy la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico.

* Discurso pronunciado en el acto de instalación de los académicos numerarios fundadores de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación celebrado el 2 de septiembre de 1987 en el Centro Ceremonial del Departamento de Estado en San Juan.

** Catedrático de Derecho, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico; Profesor de Derecho en la Universidad Católica de Puerto Rico; Profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Presidente que fue de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.