Juez Juan R. Torruella: su sitial en nuestra historia

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por Carlos E. Ramos González
lunes, 26 de octubre de 2020

Juez Juan R. Torruella: su sitial en nuestra historia

En 1974, Juan R. Torruella del Valle fue designado juez de distrito federal en una década muy convulsiva para los Estados Unidos y Puerto Rico. Apenas se iniciaba como juez, se convirtió en uno de los primeros jueces federales en ordenar el cierre de una institución penal por violaciones a los derechos constitucionales federales de los confinados. Tras semanas de litigio intenso, en febrero de 1976 prohibía de forma inmediata nuevos ingresos y ordenaba la clausura permanente de la cárcel La Princesa, a ser efectiva unos meses más tarde. Sus expresiones al final de la orden aún retumban nuestra conciencia: “Nos sentimos obligados a decir que ha sido muy difícil escuchar la prueba en este caso sin una creciente indignación y tristeza sobrecogedora. La Princesa, nombre inapropiado, es un monumento notorio a la inhumanidad de los seres humanos sobre otros seres humanos”. Esta decisión se convirtió en la precursora del caso histórico que le seguiría: el caso conocido popularmente como Morales Feliciano.

En esa década también decidió dos casos de derecho ambiental igualmente históricos. En 1978, condenó a los dueños del tanquero SS Zoe Colocotroni a compensar al Pueblo de Puerto Rico por los daños ocasionados al descargar petróleo de forma negligente y criminal en nuestra costa sur. Fue esa una de las primeras decisiones judiciales de la jurisdicción federal en hacer una valoración monetaria de un daño de esta magnitud a la vida marina. En el segundo, en septiembre de 1979, ordenó a la Marina de Guerra someter una declaración de impacto ambiental, muy combatida por las fuerzas castrenses, mandatada por sus oprobiosos bombardeos en tierra viequense. Luego, por ironía y tragedia, meses más tarde en ese año le correspondería presidir algunos procesos judiciales contra personas acusadas de penetrar terrenos ocupados por esa Marina. Uno de los acusados, el puertorriqueño Ángel Rodríguez Cristóbal fue convicto y sentenciado a seis meses de cárcel y una multa. Durante su confinamiento en una institución penal en la Florida, este compatriota murió asesinado en unas circunstancias que nunca fueron totalmente aclaradas.

Desde 1984 fue juez del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, el cual llegó a presidir durante siete años. Allí era admirado y respetado por sus colegas jueces, juezas, litigantes y personal judicial. En sus decisiones judiciales hasta su fallecimiento observó una fascinante cualidad: mientras más trascurría el tiempo, más eruditas eran sus opiniones.

Queríamos que durara para siempre. Así me impactó el trabajo de este jurista puertorriqueño cuando lo observaba laborando sin cesar en la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación donde era su vicepresidente y académico numerario-fundador. Ahí fue que lo conocí personalmente. Bastón en mano, llegaba a las reuniones con su imponente estatura y con una broma o comentario jocoso. Su entusiasmo contagiaba. El fervor y respeto por su labor en la Academia eran igual de imponente que su trabajo judicial. A su vez, fomentaba la crítica dura y sincera hacia su propio quehacer y el los demás. En las actividades oficiales de la Academia siempre estaba presente su esposa Judy, una mujer que solo destellaba amor y dulzura hacia su compañero y los presentes.

Como académico y ciudadano, siempre estaba dispuesto a expresar libremente sus opiniones cuidando su ministerio judicial. Por suerte, nos dejó un importante legado de publicaciones que incluyeron temas trascendentales sobre el problema de la territorialidad colonial de Puerto Rico, la función judicial, el poder ejecutivo en tiempos de guerra, y la despenalización de las sustancias controladas, entre otros. Su primer libro se convirtió en un clásico en su campo: “The Supreme Court and Puerto Rico: The Doctrine of Separate and Unequal”. En sus decisiones judiciales, aguijoneó a más no poder lo abusivo del poder del Congreso sobre Puerto Rico bajo la infame y maleable Cláusula Territorial.

El juez Juan R. Torruella se ganó un importante sitial en la historia de nuestro país. Va a hacer mucha falta.

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