por Carlos E. Ramos González
miércoles, 7 de agosto de 2019

Hay certeza jurídica con la decisión unánime del interprete en última instancia de la Constitución. Lo que fueron incapaces de lograr las ramas políticas, es decir la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, lo pudo lograr la Rama Judicial a través del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los fundamentos jurídicos del decreto de inconstitucionalidad del precepto impugnado de la Ley 7 de 1952, esbozadas en la opinión del juez Rafael Martínez Torres, fueron apoyados por todos los integrantes del Tribunal. No hubo ni siquiera opiniones concurrentes. Fueron votos de conformidad lo cual significa que respaldan cada una de las expresiones contenidas en la opinión. Este magistrado, como nos tiene acostumbrados, es conciso y al grano en su exposición, sin sacrificar claridad ni profundidad. Sigue una lógica jurídica sencilla donde resalta su contundencia al interpretar, sin torceduras, el derecho aplicable. Su metodología fue la adecuada frente a la controversia.

El remedio que ofrece es igualmente preciso. El decreto de inconstitucionalidad solo afecta la parte de la ley empleada por el demandado Pierluisi para ostentar el cargo de gobernador. A mi juicio, su acción no constituye una usurpación en el sentido delictuoso ni jurídico. Interpretó mal una ley que era confusa e inconstitucional. Aunque muchos lo teníamos claro, el asunto tuvo que llegar a nuestro máximo foro. Mi criterio es que las acciones tomadas como gobernador durante estos días podrían estar revestidas de un manto de legalidad si se originara algún litigio. Al menos, las tomadas hasta el momento mismo de conocerse el contenido de la opinión. Todo ello, a pesar de que el juramento se fundamentaba en una ley inconstitucional. La opinión del juez Martínez Torres es juiciosa al suspender el decreto hasta una hora cierta para así también facilitar la transición a la nueva gobernante.

Con sobrada razón, todas las opiniones contenidas en los votos de conformidad celebran la unanimidad obtenida. Lograr tal armonía requería de una jueza presidenta que facilitara el camino usado por el Tribunal. Ello explica que la breve opinión de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, celebre el rol asumido por el Tribunal a través de una sola voz y unas aseveraciones sobre el contexto en que se formula la misma. Alude a los reclamos del pueblo al lanzarse “a la calle”. Resalta que el Tribunal quiso validar el mensaje de que nadie puede estar por encima de la ley. Todos los votos de conformidad reprodujeron, cada con su particular sustancia y forma, los argumentos esgrimido por la opinión de juez Martínez Torres.

Poco a poco, se van resolviendo asuntos fundamentales de nuestra vida colectiva. Ya fue despedido el gobernante que traicionó de la peor manera la confianza del pueblo. Con el Senado sirviendo de punta de lanza, aunque siempre suspicaz de sus auténticas intenciones y con la una Rama Judicial actuando con una sola voz, se ha declarado otra vez vacante la silla del gobernador. Ahora adviene una nueva gobernadora no electa, pero con el aval de la Constitución y la ley. Confiemos en que su gestión sea legitimada por el pueblo.

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