por Efrén Rivera Ramos
miércoles, 23 de octubre de 2019

Las protestas populares que recién han estremecido a Catalunya han tenido como estímulo inmediato las sentencias de prisión que impuso el Tribunal Supremo de España a nueve dirigentes independentistas de esa región autónoma del estado español. Pero sus raíces son de mayor alcance.

Sobre el fondo de reclamos históricos de larga ascendencia y diversa intensidad, el final del siglo 20 atestiguó un empuje contundente de sectores sustanciales de la sociedad catalana por obtener mayores competencias autonómicas. Así fue que en el 2006 el pueblo catalán refrendó un nuevo estatuto de autonomía que, a su vez, fue aprobado por el parlamento español. En ese momento la independencia no tenía apoyo mayoritario.

Pero entraron en escena el conservador Partido Popular, que impugnó el estatuto, y el Tribunal Constitucional de España, que en el verano del 2010 decretó la inconstitucionalidad de partes de ese instrumento cuya adopción había requerido esfuerzos considerables de generación de consensos sociales y políticos. Más de un millón de catalanes se tiraron a la calle a protestar. De ahí en adelante el proceso tomaría un nuevo giro.

La intervención del Tribunal Constitucional inició una etapa de judicialización y criminalización de la política cuyo endurecimiento paulatino causó los sucesos de la semana pasada.

Por otro lado, después del 2010 el ascenso del independentismo catalán fue vertiginoso. Seis o siete años más tarde alcanzaría cerca del 50% del favor de la población. Los grupos políticos independentistas obtuvieron el control electoral del Parlamento catalán. En 2017, ese gobierno organizó un referéndum sobre la independencia que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Todavía se recuerdan las imágenes de la Policía española irrumpiendo violentamente en los centros de votación para impedir la consulta. Una persona que nunca había sido independentista me comentó: “Hasta ahí llegué con el estado español”.

La opción independentista ganó. El Parlamento catalán proclamó la independencia, aunque luego la declaración fue suspendida con miras a propiciar un proceso de transición.

Pero volvió al juego el Poder Judicial. Se acusó criminalmente a varios líderes y funcionarios independentistas por organizar el referéndum y proclamar la independencia. Las acusaciones condujeron a sentencias de cárcel dictadas el pasado 14 de octubre. Nuevamente los catalanes tomaron las calles. Un grito cohesionó voluntades: “Libertad para los presos políticos”.

Esta vez las protestas se desarrollan en un escenario algo diferente. Aunque más de medio millón de personas se han manifestado de forma pacífica, han surgido brotes de violencia que no habían sido característicos de las protestas anteriores. Se producen, además, en contra de un gobierno de centro izquierda del que se esperaba una mayor apertura hacia los reclamos catalanes y que se encuentra en una delicada encrucijada de cara a las elecciones generales próximas. La derecha, a su vez, procura fortalecerse condenando las protestas y acusando al gobernante Partido Socialista de no ser suficientemente duro con los manifestantes.

Más aún, los sucesos acontecen en medio de divisiones importantes entre las propias fuerzas independentistas que se habían venido acentuando desde el referéndum de 2017. Finalmente, se ha hecho visible el hecho de que una parte de la población catalana todavía prefiere mantener los vínculos con España y manifiesta públicamente su parecer. La expresidenta del Parlamento Catalán, ahora en prisión por su participación en el referéndum, ha exhortado a que se tome en cuenta el sentir de esa parte de la sociedad. El cuadro luce complicado.

En los primeros días de protesta no parecía haber movimiento del estado español ni del gobierno catalán para sentarse a negociar. Pero ya figuras importantes de una y otra parte han llamado al diálogo.

En lo que sí parece haber consenso entre la población catalana es que el estado español se equivocó al convertir en materia judicial y de aplicación del derecho penal un asunto que es eminentemente político y que así debió tratarse desde siempre.

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