por Carlos E. Ramos González
jueves, 13 de mayo de 2021

El gobierno de Estados Unidos, luego de dos años de régimen militar, incluyó asuntos cruciales para sus intereses en la primera ley orgánica (Ley Foraker) aprobada en 1900 por el Congreso para regir la gobernanza de Puerto Rico. Uno de ellos fue la creación de un tribunal federal territorial. Desde entonces hasta el presente esta institución ha operado en nuestro país. Hoy en día, su ámbito de acción y su fundamento constitucional es idéntico a los tribunales federales de un estado de los Estados Unidos. A través de su historia, han desfilado cientos de jueces y algunas juezas que representan el poder judicial federal. En sus inicios solo eran nombrados juristas norteamericanos. De un tiempo a nuestros días, las designaciones recaen sobre jueces y juezas nacidos en Puerto Rico. Por su parte, no fue hasta 1984, con la designación del juez Juan R. Torruellas, que un puertorriqueño vino a formar parte del Primer Circuito de Apelaciones.

Por constitución, ley e imperativos del sistema judicial federal, estos juristas son parte del gobierno de los Estados Unidos, al que juran fidelidad y a quien deben su nombramiento de por vida. La historia de ese tribunal en Puerto Rico está repleta de luces, salvaguardando muchos derechos constitucionales(derechos de los acusados, libertad de expresión, libertad de culto, derechos de los confinados/confinadas, igual protección de las leyes, derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros). Pero también está repleto de sombras, algunas muy dolorosas, como el uso del gran jurado para perseguir independentistas, encarcelamientos por resistir el servicio militar obligatorio, penas abusivas a los desobedientes civiles por entrar a terrenos ocupados por la Marina de los Estados Unidos o avalando decisiones de la Junta de Control Fiscal.

El historial del juez Gustavo Gelpí y su ascenso como magistrado del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito marca un hito histórico en la relación constitucional entre Puerto Rico y Estados Unidos. He aquí un jurista puertorriqueño con una hoja de servicios de integridad, honestidad, laboriosidad y verticalidad al momento de decidir cuestiones fundamentales sobre nuestros derechos civiles como personas y sobre nuestra indigna territorialidad colonial. Me atrevo a decir que no existe en la historia de ese tribunal una designación que, salvaguardando las objeciones ideológicas pertinentes a la presencia de este poder federal en nuestro país, puedan objetar con fundamentos esa designación. Este juez es apreciado y querido por todos y todas que le conocen. Se celebra las experiencias que va aportar a ese tribunal apelativo.

Aplausos en Washington y San Juan por el nombramiento del juez Gustavo Gelpí

No es este un foro con una tradición progresista o protector consistente de los derechos de los habitantes de Puerto Rico. Ahí está un historial reciente confirmando muchas decisiones abusivas de la Junta de Control Fiscal, contrario a nuestros mejores intereses. Como jurista libre e íntegro que ha sido, desconocemos de antemano cómo resolverá el juez designado sobre asuntos cruciales ahora desde la óptica apelativa federal. Sin embargo, va a suplir de manera positiva con sus vivencias pasadas como defensor público, su rol en grupos de trabajo sobre cortes especializadas de drogas o de violencia machista, su labor en los pleitos de clase sobre la reforma de la Policía, su familiaridad con las condiciones de las instituciones penales en Puerto Rico, su trabajo como profesor de Derecho y su labor como intelectual como Académico de Número y vicepresidente de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, entre tantas otras pericias.

Ni hemos estado ni estaremos siempre de acuerdo con los escritos y decisiones que ha tomado o tomará el juez Gelpí. Basta mencionar uno medular: su conclusión constitucional de que Puerto Rico es ya de facto un territorio incorporado de los Estados Unidos. Creo que eso sería contrario a nuestro derecho de autodeterminación. Sin embargo, pocos como él han escrito sobre este tema con tanto rigor e inteligencia. De otra parte, es un juez federal puertorriqueño que ha publicado sin inhibiciones, con meticulosidad y cierta admiración sobre el trabajo de Don Pedro Albizu Campos como abogado litigante del foro federal. Este jurista investigó a la saciedad sobre un caso que posiblemente sea de los pocos donde Albizu postuló en ese foro.

Este es un juez federal puertorriqueño. Estoy convencido de que, dentro de los límites de su oficio, lleva la nación por dentro. Con ello, el respeto de todos los demás hijos e hijas de esta tierra que conformamos esta misma comunidad única de afectos compartidos.

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