Comentarios sobre la ponencia del Dr. Castel-Branco relativos
al programa portugués de descriminalización de la
posesión y uso de drogas en ese país

Juan R. Torruella

Comienzo mi participación expresando mi agradecimiento al Dr. Castel Branco por haber aceptado la invitación de la Academia de visitarnos y de dirigirse a esta concurrencia sobre un tema de tanto interés y preocupación para la sociedad puertorriqueña como lo es el uso y abuso de estupefacientes y la forma en que Portugal ha lidiado con este problema. Por supuesto, lo felicito por su excelente ponencia. Aprovecho también esta oportunidad para darle las gracias públicamente por el trato y las atenciones que nos brindaron él y los otros oficiales portugueses que gentilmente atendieron a la delegación de la Academia que visitó su país el año pasado para observar y estudiar in situs el trabajo que ha hecho Portugal en relación a este grave problema social.

Sigue a esta expresión de agradecimiento personal una de felicitación a la nación de Portugal por el paso gigante, valiente e inteligente que dio al descriminalizar la posesión para el uso personal de estas sustancias mediante la Ley #30 del 29 de noviembre de 2001. Como parte integral de su cambio de enfoque en torno al problema de las drogas hacia un modelo nodelictivo, esta legislación estableció un programa amplio de tratamiento y educación para combatir el abuso de estupefacientes. El éxito de esta legislación y los programas asociados con la misma ha sido reconocido por la mayoría de los estudios académicos que la han analizado, los cuales comentan favorablemente sobre esta singular iniciativa.1 De indudable importancia ha sido el virazón que ha dado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación a esta legislación y su impacto en Portugal. Para el 1998 la ONU se oponía tenazmente a toda iniciativa que no siguiese el modelo punitivo/penal,2 en lo que contaba con el apoyo militante de los Estados Unidos, país promotor de la fallida “Guerra Contra las Drogas” y la causa principal de esta situación, ya que Estados Unidos es el mercado consumidor de drogas más grande del mundo. No obstante, en el 2009 la ONU cambió de rumbo 180 grados y decidió apoyar la descriminalización como una de las alternativas viables y válidas para lidiar con este problema.3 A consecuencia, aprobó un estudio en el cual halagaba el programa Portugués que nos ha descrito el Dr. Castel Branco en su ponencia.

Por supuesto, el cambio de posición de las Naciones Unidas y lo que motivó a Portugal a alejarse del modelo penal, fue el hecho de que se llegó a la conclusión innegable de que el modelo punitivo/penal no estaba trabajando. Por lo tanto, se tenía que lidiar con el problema de una forma diferente y, en el caso de Portugal, se lidio básicamente en términos médico-sociales, no-punitivos.

Esto dicho, y repitiendo mi admiración por el paso gigante que ha dado Portugal, me parece que hay que tener cuidado con aceptar la experiencia de Portugal y la forma en que esa sociedad ha enfrentado el problema de las drogas para aplicarla o transplantarla a la situación de Puerto Rico y, dentro del marco más amplio, por razones obvias, a la de Estados Unidos. Es mi opinión, la cual creo es de aceptación general por los sociólogos y otros estudiosos de dichas materias, que la transferencia de experiencias y soluciones a problemas complejos sociales (como lo es el de las drogas) de una sociedad o cultura a otras puede ser problemática si no se toman en cuenta las diferencias culturales, legales, históricas, etc. que puedan existir entre las sociedades de transferencia. El no hacerlo puede ser crucial y determinante del éxito o fracaso de la “solución” que se trate de implantar, irrespectivamente de la validez teórica que pudiese tener dicha implantación.

Teniendo ese caveat en mente, me parece que obviamente lo que ha hecho Portugal sería un gran paso a tomar, como mínimo en forma provisional o experimental. No creo, sin embargo, que en lo que respecta a Puerto Rico, sea práctico pensar que ocurra en un futuro cercano o aún como primer paso. Lo primero que nos distingue de la situación portuguesa es que cuando se pasó la Ley #30 había ya una masa crítica en la población de Portugal que había llegado a la conclusión que la fórmula prohibicionista no estaba funcionando y que la descriminalización del uso personal de las drogas era mejor que la situación prevaleciente entonces.

Esa masa critica no existe ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. En cuanto a la masa critica en los Estados Unidos, ésta resulta ser especialmente esencial al remedio, cualquiera que fuese, pues la situación política de Puerto Rico impide que se legisle aquí en forma alguna que contravenga la legislación federal sobre la materia. Por supuesto, esta observación aplica con igual fuerza al resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos ya que la ley federal es suprema en toda la nación. El efecto directo e inmediato es que esta situación jurídica impide que se pueda hacer algo verdaderamente innovador en Puerto Rico de manera aislada al resto de la nación. Eso, sin embargo, no equivale a concluir que no se pueda hacer nada.

Portugal no llegó a donde está hoy de la nada, o de la noche a la mañana. La creación de la masa crítica en Portugal fue principalmente el resultado de dos cosas. Primero, como relató el Dr. Castel Branco, hubo un aumento enorme en el uso de estupefacientes, principalmente de heroína, que afectó prácticamente a toda la población y a todos sus niveles sociales y económicos. Esta situación de impacto personal directo llevó al electorado a la conclusión que los adictos — quien, en efecto, eran sus familiares, amigos y compueblanos — no eran criminales, si no enfermos a quienes había que tratar como tales. Segundo, y como consecuencia lógica de lo primero, para auscultar en forma fehaciente las alternativas al modelo penal prevaleciente, se concluyó que se tenía que estudiar detenida, científica y multifacéticamente el problema de las drogas para atacarlo de la forma más adecuada para la sociedad portuguesa. Así pues, se creó una comisión nacional compuesta de legisladores y políticos, doctores, psiquiatras, sociólogos, criminólogos, policías y otros ciudadanos concernidos. Esa comisión fue dirigida por el Dr. Castel Branco y sus conclusiones y recomendaciones culminaron en la Ley # 30 de 2001. Como es obvio, esa comisión y su informe fueron esenciales para la creación de esa masa critica que culminó en la Ley #30.

Por lo cual, si bien no tenemos la masa crítica en estos momentos para llevar a cabo una verdadera reforma que lidie en forma inteligente y productiva con el problema de las drogas, sí podemos y sí está a nuestro alcance dar un primer paso que es esencial para que se propicien las condiciones necesarias a la creación de esa masa crítica. Esto es la creación de una comisión similar a la portuguesa, que estudie y haga recomendaciones concretas que reciban amplia divulgación para entablar un debate general entre la ciudadanía. Existe una cantidad enorme de información conflictiva sobre este tema y un elemento esencial para poder convencer al público y — en consecuencia — a los políticos, es que se determine por una comisión con credibilidad cuáles son los hechos reales y cuál es la mejor forma de lidiar con estos problemas. Puerto Rico puede iniciar este movimiento creando tal comisión y procediendo al estudio multi-disciplinario requerido. Así vemos que, aún aceptando el hecho que el régimen constitucional entre Estados Unidos y Puerto Rico nos limita grandemente, podemos actuar en forma constructiva para iniciar el proceso social que nos llevará a la fórmula que mejor le sirva a nuestra sociedad y cultura.

Me atrevo a pronosticar que existen varias diferencias importantes entre la situación de Puerto Rico y la de Portugal que probablemente nos lleven a conclusiones diferentes en cuanto a cómo lidiar con el problema de las drogas. Como hemos dicho, en la ciudadanía portuguesa había consenso sobre la necesidad de cambiar el modelo punitivo y la conclusión de que el problema más serio que se tenía que atacar era el uso de sustancias estupefacientes — en el caso de Portugal, la heroína. En mi opinión, esto contrasta con el corazón del problema en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Aquí el problema más grave lo ha causado la distribución de estas sustancias y las actividades delictivas que promueven la distribución en la sub-cultura criminal.

El resultado es que Portugal legaliza la posesión y el uso de todas las drogas siempre y cuando sea en cantidades para uso personal (definido en la Ley #30 como cantidades suficientes para el consumo individual de una semana). Sin embargo, Portugal continúa criminalizando la distribución de estas sustancias. Como mínimo, esto resulta incongruente y pregunto, ¿cómo se adquiere la posesión legal participando en una acto ilegal de distribución? Esto a un lado, me parece que si bien la descriminalización de la posesión y el uso personal es un paso de adelanto, ésta es una solución parcial que no resuelve el problema principal que sufre la sociedad en los Estados Unidos y en Puerto Rico; ésta es la violencia y la subcultura criminal que tiene un enorme poder económico fruto, precisamente, de la distribución de estupefacientes.4 Portugal no tiene las grandes redes criminales que existen en Estados Unidos y, en escala menor, en Puerto Rico y por ende, aunque reconoce que su programa no cubre todos los males que surgen de las drogas, entiende que satisface adecuadamente la realidad portuguesa.

En el caso de Puerto Rico y de los Estados Unidos, legalizar el uso pero no la distribución es peor que un vaso medio lleno, es un vaso medio lleno y con hoyos, pues deja en pie la competencia entre entes ilegales, que es la fuente de la violencia que afecta a la sociedad civil y lo que permite la acumulación desmedida y descontrolada de capital por esos grupos criminales. En contraste, la legalización de la distribución permitiría que el gobierno controle la calidad del producto; minimizaría su venta a los menores de edad; recaudaría contribuciones por su venta e ingresos individuales; eliminaría los billones de dólares que malgasta el erario público sin resultado positivo en la policía, la judicatura y el sistema carcelario que representan a la “Guerra Contra Las Drogas,” permitiendo que dichas entidades se dediquen a actividades de mayor beneficio a la sociedad y eliminaría la violencia descontrolada que existe entre las organizaciones criminales dedicadas a la distribución de estupefacientes ilegales.

En mi opinión, el modelo a seguir lo tenemos en los Estados Unidos y se usó con éxito innegable para acabar con los males que surgieron durante la Prohibición de la década de 1920, la cual creo en su tiempo los mismos problemas que ha creado la “Guerra Contra las Drogas.” Con la re-legalización del licor en los Estados Unidos prácticamente se cesaron los problemas que comenzaron con la Prohibición. Si bien los problemas relacionados con el uso y el consumo de bebidas alcohólicas no se han eliminado totalmente, no cabe duda que gran parte de ellos se han controlado desde que se revocó la Prohibición.

Me parece que este es el mejor ejemplo a seguir en cuanto a las drogas; aunque no veo la posibilidad de que esto pase en un futuro cercano. Si bien me parece que la legalización de la marijuana es más factible a corto plazo, me pregunto, ¿dónde estaríamos hoy en día si sólo se hubiera legalizado el uso de la cerveza, sin incluir el resto de los licores? Con respecto a la marijuana, me parece que proseguir gradualmente es más factible. Vemos ya como, poco a poco, esto está pasando de facto, pues ya hay 17 estados en los cuales el uso de la marijuana está permitido en diferentes grados y bajo diferentes regímenes (la posesión para uso personal recibe un boleto similar al de tránsito en varias jurisdicciones; en otras está permitido con receta médica para uso medicinal; etc.) e inclusive uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el Congresista Ron Paul, ha promovido como parte de su campaña la legalización de la marijuana. Así que ya se ven grietas en el dique de contención.

Lo que sí sé es que los hechos son irrefutables; que si el propósito de la “Guerra Contra las Drogas” es la eliminación de este problema en los Estados Unidos, o aún la reducción en el uso de estas sustancias, la llamada “Guerra” se perdió hace tiempo y ha sido un rotundo fracaso. Puerto Rico tiene la segunda fuerza policiaca más grande en los Estados Unidos, pero el año pasado 1,136 de sus ciudadanos fueron asesinados, una gran parte de ellos como resultado de incidentes relacionados a la distribución de drogas.5 La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico tiene el número más alto de casos involucrando a múltiples acusados en todo los Estados Unidos, casi todos relacionados con drogas. En 1984 se vieron en el Distrito de Puerto Rico 54 casos de drogas, para un total de 185 acusados;6 el año pasado se vieron 120 casos de drogas para un total de 1,096 acusados.7 La sentencia promedio que se impone en este Distrito por casos de drogas es de 93 meses, en comparación con 78.4 meses a nivel nacional.8 En adición a estas estadísticas de Puerto Rico cabe añadir que en apoyo a la “guerra” los gobiernos federales y estatales se gastan más de $40 billones anualmente, cifra que estaba en menos de $100 millones cuando comenzó la “guerra” en 1973.9 Adicionalmente, los arrestos por posesión individual de marijuana son la primera causa de arrestos en los Estados Unidos y hay más de dos millones de personas presas en las cárceles de los Estados Unidos — más que en China cuya población es seis veces y media la de los Estados Unidos.10 Más del 50% de los presos en los Estados Unidos están encarcelados por causas relacionadas a las drogas.11 Si a todo lo dicho anteriormente le añadimos que un estudio reciente de la Universidad de Michigan, en el que se entrevistaron a 47,000 estudiantes a través de los Estados Unidos, reveló que el uso de alcohol entre esos grupos está en su punto más bajo en la historia, pero que el uso de la marijuana es el más alto desde 1981, con 37.4% entre los estudiantes de cuarto año, 28.8% entre los de segundo año y 12.5% entre los de octavo grado,12 la conclusión contundente es que el modelo prohibicionista es un absoluto fracaso y que hay que buscar alternativas.

Llevo más de 15 años proponiendo que consideremos en una forma seria, científica y profesional alternativas a nuestra fallida “Guerra Contra las Drogas.” Propongo ahora que sin más dilación Puerto Rico establezca una comisión para estudiar este problema y que haga recomendaciones concretas para lidiar con el mismo.

Muchas gracias.

1 No todos los artículos aceptan en totalidad sus premisas. Véase infra nota 4.

2 U.N. Non-Governmental Liason Service, NGLS Roundup, Countering the World Drug Problem Together (July 1998), disponible en http://www.unsystem.org/ngls/documents/pdf/roundup/27drugs.pdf.

3 U.N. Office on Drugs and Crime, World Report, ch. 2.1 at 164, ch. 2.2 at 168 (2009), disponible en http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html.

4 Portugal, cuya población es de 10.6 millones, tuvo en el 2009 un total de 130 asesinatos para una tasa de 1.2/100,000 habitantes. Estos datos deben compararse con los de Puerto Rico, que tiene una población de 3.7 millones, mas sin embargo tuvo en el 2009 un total de 894 asesinatos y una tasa de 238/100,000 habitantes. Véase U.N. Office on Drugs and Crime, Homicide Statistics – Data Series, disponible en http://www.unodc.org/unodc/en/data-andanalysis/homicide.html. Para un estudio crítico de la solución portuguesa vease Daniel Yordan, The Effect of Drug Decriminalization in Portugal on Homicide and Drug Mortality Rates (Spring 2011) (Department of Economics, University of California, Berkeley), disponible en http://econ.berkeley.edu/sites/default/files/yablon_daniel.pdf.

5 División de Estadísticas de Criminalidad de la Policía de Puerto Rico, Relación de Delitos de Tipo I Informados en Puerto Rico (diciembre 2011) en Inventario de Estadísticas del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, disponible en http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadisticas/InventariodeEstadisticas/tabid/186/ctl/view_detail/mid/775/report_id/00975852-e14a-4339-a6c8-ab23fd36d2a1/Default.aspx.

6 Administrative Office of the U.S. Courts, Federal Judicial Workload Statistics, Table D-3 at A-45, A-49 (1984).

7 Administrative Office of the U.S. Courts, Federal Judicial Caseload Statistics, Table D- 3 at 89, 95 (2011), disponible en http://www.uscourts.gov/Viewer.aspx?doc=/uscourts/Statistics/FederalJudicialCaseloadStatistics/2011/tables/D03CMar11.pdf.

8 U.S. Sentencing Commission, 2010 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics, Appendix B: Selected Sentencing Statistics by District, Puerto Rico, disponible en http://www.ussc.gov/Data_and_Statistics/Annual_Reports_and_Sourcebooks/2010/Stats_PR.pdf; id. en el Appendix B: Selected Statistics by District, National, disponible en http://www.ussc.gov/Data_and_Statistics/Annual_Reports_and_Sourcebooks/2010/Stats_Nat.pdf.

9 Véase Hon. Juan R. Torruella, Déjà Vu: A Federal Judge Revisits the War on Drugs, or Life in a Balloon, 20 B.U. PUB. INT. L.J. 167, 176 (2011).

10 Véase id. en la pág. 177.

11 Véase id. en la pág. 178

12 Véase Tim Martin, Teen Drinking at Historic Low, While Number Using Marijuana Increases, ASSOCIATED PRESS, 15 de diciembre de 2011 (en archivos del autor); véase además Torruella, supra nota 9, en la pág. 202 n.203.