por Efrén Rivera Ramos
martes, 15 de diciembre de 2015

Las propuestas de los dirigentes republicanos del Congreso de los Estados Unidos para sujetar a Puerto Rico a un severo régimen de control fiscal han generado resistencias totalmente justificadas.

Las medidas presentadas en ambas cámaras de ese cuerpo tendrían repercusiones graves. Pondrían en suspenso por tiempo indefinido disposiciones clave de la Constitución de Puerto Rico. Usurparían funciones de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno puertorriqueño. Dejarían al arbitrio de funcionarios no electos, que no le responderían a nadie en el País, determinaciones importantes sobre la reestructuración interna del aparato gubernamental, la generación de recaudos nuevos, la fijación de prioridades, la prestación de servicios y la distribución de los recursos disponibles. En fin, el reducido espacio de gobierno propio que ahora tenemos se achicaría sustancialmente.

Desde el principio, el proyecto del Senado nos identifica como una “posesión” de los Estados Unidos. Quien haya leído los famosos Casos Insulares no debe sorprenderse. Luego, ambos proyectos declaran que la legislación propuesta se adopta al amparo de los poderes que ejerce el Congreso sobre Puerto Rico por virtud de la también famosa cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Para que no quede dudas, se aclara que nada de lo dispuesto en la ley habrá de interpretarse como una limitación de esos poderes. Aparentemente los autores entienden que ese lenguaje es necesario para atender ciertas necesidades jurídicas, políticas y retóricas.

Ambas piezas proponen la creación de una entidad que se encargue de controlar el comportamiento fiscal de Puerto Rico. El organismo creado por el proyecto de la Cámara llevaría el nombre de Consejo de Estabilidad Financiera de Puerto Rico. Sus poderes y funciones son muy similares a las que se le otorgan al ente propuesto en el proyecto del Senado, que se denomina Autoridad para la Responsabilidad Fiscal y Asistencia Gerencial de Puerto Rico.

La Autoridad no sería una agencia del gobierno de Puerto Rico, sino un organismo federal. La Constitución y las leyes de Puerto Rico no le aplicarían. El gobierno de Puerto Rico no ejercería ninguna función de control, supervisión o revisión sobre ella. Al contrario, será la Autoridad la que controle, supervise y revise las determinaciones del Ejecutivo y la Legislatura de Puerto Rico sobre los asuntos presupuestarios y financieros.

La Autoridad podrá declarar que una corporación pública o el gobierno todo estarán sujetos a periodos de control fiscal durante los cuales la Autoridad aprobará los presupuestos y los planes financieros de Puerto Rico. Podrá hacer recomendaciones sobre una gran cantidad de cuestiones, que, si no se aceptan, aun así podrán ser impuestas. Podrá también emitir deuda nueva, aprobar o desaprobar préstamos, retener ciertos fondos federales que le sean asignados a Puerto Rico, distribuir esos fondos como mejor le parezca y despedir o suspender empleados públicos que violen la ley que crea la entidad.

El proyecto del Senado ordena la creación de la Oficina del Principal Ejecutivo Financiero de Puerto Rico, cuyo nombramiento lo aprobará la Autoridad si se hiciera durante un periodo de control fiscal. A esa oficina se trasladarán las funciones y el personal del Banco Gubernamental de Fomento. La Autoridad también podría nombrar un Administrador de Emergencia para cualquier corporación pública y ese funcionario asumiría las funciones de la Junta de Directores y de la dirección ejecutiva del organismo intervenido.

Habría mucho más que decir, pues los alcances de ambos proyectos son todavía más extensos. Baste con estas muestras.

Es cierto que durante décadas los gobernantes puertorriqueños no han tenido la disciplina necesaria para administrar con responsabilidad el país. Pero esa no es razón para acceder a que se profundice ese otro mal contra el que hemos luchado por siglos: el colonialismo puro y simple. Aunque hay diferencias entre los dos proyectos presentados, en lo fundamental les caracteriza la misma perspectiva imperial.

Supongo que un valor sí tienen: haber demostrado la fragilidad de nuestra condición política y la actitud con la que se asumen nuestros problemas en el Congreso.