Introducción

Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento al cuerpo de académicas y académicos numerarios de la prestigiosa Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación por la distinción que hoy se me tributa. Vaya mi agradecimiento a su presidente, profesor Antonio García Padilla, y demás miembros de su Junta Directiva, a saber: al   honorable Juan Torruella, juez del tribunal federal de apelaciones para el Primer Circuito, a la licenciada Lady Alfonso de Cumpiano y al licenciado Antonio Escudero Viera. Constituye para mí un alto honor tomar la palabra en la tribuna de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación dada su ilustre trayectoria y su pertinencia al complejo debate sobre el que hoy pende la supervivencia de la patria. Y es que desde su nacimiento en que aquella primera reunión constitutiva de 9 de diciembre de 1985, presidida por el entonces ex juez presidente del   Tribunal Supremo José Trías Monge, la Academia siempre ha tenido como norte “promover la investigación y la práctica del derecho y de sus ciencias auxiliares y contribuir a las reformas y progresos de la legislación puertorriqueña.”

Tal objetivo, no obstante, se enmarca dentro de la misión paralela de la Academia de establecer “los más estrechos lazos con los pueblos del mundo que comparten nuestros ideales de justicia y paz . . . ” tal y como reza la Orden Ejecutiva firmada por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón el 26 de diciembre de 1985, conforme la cual se le concedió a la Academia el reconocimiento oficial del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

De ahí que la Academia se desenvuelva en el escenario global a través de su vinculación con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y las Academias hermanas en Argentina, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Paraguay, Venezuela, México, Honduras y Perú. Por tal razón, y anclada en la acendrada agenda jurídica y legislativa de la Academia, es que comparezco ante ustedes con la intención de re-conceptualizar la crítica condición de Puerto Rico en la hora actual e identificar salidas al atolladero que se nos ha venido encima.

Mi propuesta en bien sencilla. En primer lugar, para Puerto Rico no habrá salida de la crisis si no hacemos uso de la fortaleza institucional, económica, intelectual, política y demográfica de la diáspora puertorriqueña que hoy vive en los Estados Unidos—una diáspora que cuando yo inicié mi gestión como directora de la Administración de Asuntos Federales en Washington en 2001 era de 3.6 millones de hermanas y hermanos y que ahora en el mundo post María sobrepasa los 5.4 millones.

En segundo lugar, y partiendo de la premisa—inequívoca a mi modo de ver las cosas—de que la centenaria controversia del status político de Puerto Rico no se va a resolver en el futuro previsible, urge articular una nueva estrategia política. Una nueva estrategia madura e inteligente, que lejos de dividir propenda a la unión y convergencia de todos los sectores de la vida ciudadana del país para dar la batalla por Puerto Rico. Una nueva estrategia a través de la cual hablar con una sola voz. Y esa batalla hay que darla en Washington, desde donde hoy se ejerce sobre Puerto Rico un poder plenario verdaderamente asfixiante, que lejos de adelantar nuestra recuperación después del paso del huracán más letal de nuestra historia, lo que ha hecho es paralizar el despliegue de las fuerzas del hacer y del crecer.

En tercer lugar, Puerto Rico necesita trabar entendidos con sus aliados naturales así como con sus aliados circunstanciales. A la vez que identificamos los vehículos o instrumentos, tanto en el Congreso como a nivel internacional, a través de los cuales adelantar la causa vital del pueblo puertorriqueño. Sobre esa agenda, sin embargo, se ciernen formidables obstáculos—revestidos, en los más de los casos, de doctrinas legales etnocéntricas y desacreditadas que es menester combatir. Veamos.

¿Dónde estamos ahora?

Nos encontramos hoy sumidos en la crisis más aguda de nuestros tiempos. El huracán María remató a Puerto Rico. Según las propias cifras del gobierno local, el demoledor paso de María desembocó en una contracción del 11% de nuestra ya maltrecha economía.[1] Y digo maltrecha porque desde 2006, como ya el mundo entero conoce, nuestro producto nacional bruto (GNP) se ha contraído en cerca de un 14%; porque nuestra tasa de participación laboral apenas alcanza el 40%; porque, como veremos más adelante en mayor detalle, en la última década más de 300,000 puertorriqueños han salido del país precisamente a raíz de la debacle económica; porque durante ese mismo periodo nuestra población estudiantil ha disminuido en un 40%; porque hoy el 45% de los puertorriqueños que residen aquí viven bajo los niveles de la pobreza.[2] Ni las habituales recesiones decimonónicas bajo los erráticos reinados de Fernando VII y sus descendientes; ni la devaluación intencional por parte del gobierno militar norteamericano de la moneda circulante en Puerto Rico al momento de la invasión del noventa y ocho; ni San Ciriaco; ni San Felipe; ni los estragos de la Gran Depresión; ni la crisis petrolera de los Setenta; ni las recientes distorsiones económicas a raíz del 9/11 y de la crisis de la euro zona y de las “subprimes” nos prepararon para lo que hoy enfrentamos.

A dos años de la firma de PROMESA ha sido poco o nada lo que se ha logrado. El Congreso aparenta ir por un camino, la Junta por otro y el gobierno local anda en búsqueda del suyo propio. No ha habido ni reestructuración de la deuda, ni reforma estructural ni mucho menos desarrollo económico. ¿Y dónde está el tranque? El tranque estriba en que, al día de hoy, no ha habido la voluntad política ni aquí ni en Washington para articular un proyecto de desarrollo económico y social amplio e incluyente, que de forma justa y balanceada logre distribuir las obligaciones y los privilegios entre todos los sectores que componen la vida ciudadana de este país conforme lo que cada cual pueda genuinamente aportar.

El 29 de marzo de 2018, en carta dirigida al presidente de la Junta, el congresista Rob Bishop (R-Utah), presidente de la Comisión de Energía de la Cámara federal (comisión con jurisdicción sobre Puerto Rico), fue enfático al señalar su frustración con la lentitud de la Junta y, en específico, con su inefectividad para lograr acuerdos consensuales entre el gobierno y sus múltiples acreedores.[3] Más aún, en una amenaza velada a los integrantes de la Junta, afirmó y cito: “my Committee will be monitoring your actions closely . . . an oversight hearing on the status of achieving PROMESA’s goals will likely be merited.”[4]

La Junta, por su parte, le ha exigido al gobierno de Puerto Rico que le de paso en la Legislatura a la reforma laboral (que incluye la derogación de la Ley 80, la eliminación del bono de navidad, la reducción de días por vacaciones y enfermedad); que reduzca en un 10% los beneficios de los pensionados; que corte drásticamente la nómina gubernamental; que deje sin efecto el tope a la crudita; que suba el precio de la matrícula en la UPR, entre muchas otras medidas de austeridad.[5]

El gobierno de Puerto Rico, por su lado, acusa a Bishop de colonialista y va al contraataque contra la Junta: sosteniendo que es al gobernador a quien le corresponde articular la política pública del gobierno. Y de paso envía una comisión estadista a Washington en plena era de Trump. Así las cosas, todos los caminos conducen a la jueza Taylor Swain en Nueva York y de ahí, quizás, al Supremo federal. La carta de Bishop, no obstante, amerita mayor ponderación por parte de esta augusta Academia de Jurisprudencia y Legislación—no tanto por lo que le dice a la Junta, sino más bien por lo que intima sobre los poderes constitucionales que le asisten al Congreso en su manejo de la crisis puertorriqueña. Y es que la carta de Bishop, tal cual PROMESA e inclusive Sánchez Valle, trae a la superficie los obstáculos jurídicos que hoy se interponen en nuestro camino. Cuando en su carta Bishop señala “you have been delegated a statutory duty to mandate any reforms,” a lo que está haciendo alusión es a la cláusula territorial de la Constitución federal y, en específico, a los poderes plenarios que de ella emanan.[6]

Es ese marco jurídico, apuntalado por los anticuados y desacreditados Casos Insulares, el que sirve de base para—a los ojos de las ramas políticas en Washington—legitimar el silenciamiento del pueblo puertorriqueño. Tal y como sucedió en 1898, al momento de la negociación del Tratado de París, el pueblo de Puerto Rico sigue siendo hoy mero espectador silente sobre las decisiones que inciden directamente sobre su destino.

¿Hacia dónde debemos ir?

Las preguntas obligadas entonces son: ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué camino tomar? ¿Qué estrategia articular? Tal y como les señalé al inicio: urge hablar con una sola voz, trabar alianzas con nuestros aliados naturales y circunstanciales e identificar los vehículos, tanto en Washington como a nivel internacional, sobre los cuales adelantar la causa del país.

1. Los vehículos

Más allá de transferencias de fondos de emergencia no recurrentes provenientes de FEMA, HUD, y de CDL (“Community Disaster Loan”), la cual concedió préstamo de $4 billones, Puerto Rico necesita herramientas que lleven a la transformación estructural de nuestras ventajas comparativas vis a vis nuestros vecinos de la región. El escenario actual en Washington, aunque exacerbado por la guerra tarifaria con China, la crisis Siria y la inminente elección de medio término, si podría ofrecer a través de la legislación sobre infraestructura un vehículo idóneo para desde allí adelantar nuestra propia reforma estructural—con la cual potenciar el desarrollo económico. Pero, sin duda, el vehículo más importante en este momento es el proceso de restructuración de la deuda gubernamental. La batalla inmediata estriba en dejarle saber a los fondos buitres, tal y como han advertido Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, e inclusive Gregory Makoff, ex directivo de Citibank, que tendrán que asimilar un recorte sustancial en su inversión.

La puesta en marcha de una estrategia consensuada para librar a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, y lograr la devolución a Puerto Rico de competencia sobre aspectos cardinales de las variables económicas debe ser el norte. Más aún, la forja de relaciones inteligentes con el mundo de las instituciones financieras multilaterales, a mediano y largo plazo, podría servir de plataforma desde la cual asegurar la inserción ordenada y paulatina de Puerto Rico al mundo del comercio internacional.

2. Los aliados: La diaspora

Estas estrategias están todas abocadas al fracaso si no contamos con aliados, que tengan el mollero político en Washington y alrededor de los cincuenta estados para encaminarlas. ¿Y quiénes son nuestros aliados? Los 5.4 millones de puertorriqueños que hoy viven en los Estados Unidos.[7] Cuando en el 2001 tomé las riendas de PRFAA, contábamos con una diáspora de 3.6 millones de personas. La mayoría de las cuales residía en el estado de Nueva York (1.1 millones). Cuando en aquel momento comenzamos la campaña “Que nada nos detenga,” sólo había cinco lugares en los Estados Unidos con suficiente número de boricuas en dónde podíamos ir a inscribir votantes de puerta a puerta y casi todos estos lugares estaban en o cerca de Nueva York, a saber: el Bronx, algunas partes de Brooklyn, el Lower East Side de Manhattan, Buffalo y la ciudad de Hartford en Connecticut.

Por consiguiente, el mollero político de la diáspora estaba limitado a ciertas zonas del noreste de los Estados Unidos. Hoy, el rompecabezas es muy distinto. La Florida ha desplazado a Nueva York como el estado con mayor número de puertorriqueños. Según cifras del Centro para Estudios Puertorriqueños de Hunter College computadas luego del paso del huracán María, hay cerca de 1.2 millones de puertorriqueños en la Florida. En Nueva York hay poco más de 1 millón. New Jersey y Pennsylvania le siguen con 483,715 y 471,314 puertorriqueños, respectivamente.

Lo interesante es que la población puertorriqueña también ha ido en aumento en estados tan disimiles como Massachusetts, Texas, California, Illinois, Ohio, por solo mencionar algunos. Esa tendencia se va a seguir sosteniendo, en la medida que las proyecciones de emigración se sigan materializando a ritmos acelerados. Recordemos que durante los meses más duros de la crisis post María perdimos 40,000 habitantes en septiembre, 100,000 en octubre y 45,000 en noviembre.[8] Así las cosas, estamos en posición para ir influenciando decisivamente la agenda y el discurso público de las ramas políticas en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal; para desterrar el silencio y hacernos escuchar en los círculos de poder.

Este próximo noviembre, por ejemplo, se decidirá tanto la gobernación de Florida así como el futuro del senador federal demócrata Bill Nelson, quien se enfrentará al saliente gobernador republicano Rick Scott. En Pennsylvania, el gobernador demócrata Tom Wolf va a la reelección así como Andrew Cuomo en Nueva York, quien enfrentará primarias en septiembre. Asimismo la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York también enfrenta una contienda de reelección ahora en noviembre. En todos estos estados, así como en el  resto de los cincuenta estados, habrá elecciones congresionales. Y en todos ellos, particularmente en aquellos en donde las legislaturas estatales están en control republicano (Florida, Pennsylvania, Texas), una diáspora bien organizada, estructurada y estratégicamente    coherente podría muy bien inclinar la balanza.

¿Y qué quiere decir todo esto? Que la llave de nuestro porvenir está ahí, en nuestras propias manos, si nos lo proponemos y dejamos a un lado la agenda fratricida.

Conclusión

En 1982, hace ya trenta y seis años, don José Trías Monge, en un discurso que tituló “Nuevas calamidades de Job” y que pronunció ante el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, sugirió que la historia de Job “repercute a través de los siglos”, “que la adversidad acecha a los pueblos” y que “sobre nuestro pueblo han llovido infortunios a través de los años”.[9] Se cuestionaba Trías si a nosotros los puertorriqueños nos asistirían la paciencia y la integridad de Job.[10] Y yo hoy, desde la tribuna de esta Academia que Trías presidió, me atrevo decir que “sí.” Que no existe obstáculo, ni adversidad, ni adversario que los puertorriqueños unidos no podamos doblegar.

Se impone, pues, sobre cada puertorriqueño en la encrucijada actual la obligación moral de unir voluntades e ir entretejiendo un porvenir cimentado en la concertación de opiniones encontradas. Yo tengo fe en la perseverancia e integridad de nuestra gente y como Baldorioty sostengo que este pueblo ni se degrada ni se suicida. Todo lo contrario. Marcha siempre adelante en la consecución de su propia supervivencia.

Muchas gracias.

[1] Centro para la Nueva Economía “Plan Fiscal 3.0” de 11 de marzo de 2018.

[2] Informe del Gobierno de Puerto Rico de 24 de enero de 2018 en la pág. 8.

[3] Véase carta Bishop en la pág. 1.

[4] Id.

[5] Véase carta Carrión III al gobernador de 28 de marzo de 2018.

[6] Véase carta Bishop a la pág. 1.

[7] Center for Puerto Rican Studies at Hunter College NY, Octubre de 2017.

[8] Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

[9] Jose Trías Monge, Sociedad, Derecho y Justicia 532 (1986).

[10] Id.