por Efrén Rivera Ramos
lunes, 15 de mayo de 2023

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de favorecer a la Junta de Supervisión Fiscal en su empeño de negar acceso al pueblo de Puerto Rico a ciertos documentos solicitados por el Centro de Periodismo Investigativo. La única voz disidente fue la del juez Clarence Thomas, quien puso en evidencia la principal deficiencia técnico-jurídica de la opinión mayoritaria.

Veamos. Ante la renuencia de la Junta a entregar la información requerida, el CPI le demandó en el tribunal federal. La Junta alegó que el pleito no procedía porque, como entidad del gobierno territorial de Puerto Rico, disfrutaba de la inmunidad soberana que, según ella, cobija al gobierno puertorriqueño. Fundamentó su pretensión en lo dispuesto en la Enmienda 11 de la Constitución de Estados Unidos que protege a los estados de litigios incoados en su contra por residentes de otros estados o de países extranjeros. La jurisprudencia ha reconocido también otras fuentes de la inmunidad soberana. El tema se ha tornado bastante complejo. Entre otras cosas, el Tribunal ha determinado que el Congreso puede derogar la inmunidad soberana de los estados en ciertas circunstancias y que los estados mismos pueden renunciar a ella.

El CPI cuestionó la alegación de inmunidad soberana de la Junta. Además, adujo que aunque la Junta disfrutara de la inmunidad pretendida, ésta había sido derogada por la Ley Promesa, que mandata que todas las acciones judiciales contra la Junta se presenten en el tribunal federal.

El Tribunal Supremo se enfrentaba a dos cuestiones: si el gobierno de Puerto Rico y la Junta en efecto están investidos de la inmunidad soberana alegada por ésta y, de estarlo, si esa inmunidad había sido eliminada por las disposiciones de la Ley Promesa. La mayoría del Tribunal decidió no abordar el primer asunto en sus méritos, es decir, proveyendo argumentos que justificaran su determinación en uno u otro sentido. Prefirió “suponer”, sin decidir, que la tal inmunidad existía, sin más.

El Tribunal adoptó esa suposición sin explicar adecuadamente por qué y procedió a resolver que la Ley Promesa no había derogado esa supuesta inmunidad – cuya existencia o no dejó en suspenso – debido a que el Congreso no lo había expresado claramente. El salto lógico de decidir la consecuencia sin establecer debidamente el supuesto constituye un defecto fatal. Tampoco es un dechado de virtudes argumentativas la explicación de por qué la Ley Promesa, al autorizar pleitos contra la Junta en el tribunal federal, no había derogado la imaginada inmunidad. Esa posición parece más bien el producto de razonamientos especiosos y analogías débiles urdidas para justificar un resultado que ya se había determinado.

Tales juegos argumentales son más escandalosos por lo desastroso de sus consecuencias. El Tribunal termina avalando el deseo ardiente de la Junta de continuar operando en las sombras. Sin darnos buenas y sólidas razones, ha bendecido constitucionalmente el secretismo con que la Junta procura gobernarnos. La mayoría se muestra totalmente indiferente a los efectos antidemocráticos de su decisión.

Es fácil concluir que, quizás salvo el periodo del régimen militar vigente entre 1898 y 1900, nunca hemos estado tan cerca de sufrir un gobierno dictatorial como en estos momentos. Porque, ¿cómo más caracterizar la imposición de un organismo gubernativo no electo que invalida las decisiones de los representantes electos del pueblo y que ahora, como colofón, acaba de ser autorizado por el máximo foro judicial estadounidense a gobernar sin rendir cuentas a los gobernados?

Esta decisión obtuvo la concurrencia de ocho de los nueve jueces del Tribunal Supremo, incluidos los tres más liberales. Se confirma lo que he señalado en ocasiones anteriores. Que en materia de decisiones sobre las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, las categorías de liberales o conservadores para describir a los supremos jueces carecen de sentido. Junto al Congreso y el Ejecutivo, el Tribunal se encarga de implantar una política de estado que procura mantener el poder imperial sobre Puerto Rico lo más inalterado posible.

Otros artículos de Efrén Rivera Ramos