por Carlos E. Ramos González
miércoles, 7 de agosto de 2019

El alegato del gobernador en la controversia entre el Senado y quien ostenta el cargo comienza evocando la difícil situación del país y la importancia de una adjudicación del Tribunal sin abstraerse “de la coyuntura histórica que atraviesa Puerto Rico, ni del impacto que la decisión de este caso en nuestra democracia”. Por supuesto, la afirmación es pertinente. Pero, la opinión y sentencia que se produzca, tiene que estar debidamente fundamentada. Ello incluye la aplicación correcta del derecho sin torceduras o maleabilidad para atender solo la urgencia del momento.

Las lecciones del caso Bush v. Gore del año 2000, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, deben haber sido aprendidas. El alegato del presidente Bush también citaba la coyuntura histórica del momento. La resolución de la controversia tendría el efecto de decidir quién sería el próximo Presidente de los Estados Unidos. Había asuntos sobre el derecho al voto, la responsabilidad de cada estado de administrar el proceso electoral y el derecho a la igual protección de la ley. En una apretada decisión, 5 a 4, la decisión dio la victoria a George Bush, hijo.

Las opiniones disidentes fueron muy vehementes y muy duras. El augurio era devastador en tanto que la fundamentación jurídica utilizada era muy deficiente y torcida. El Tribunal, más que en cualquier otro momento de su larga historia y tradición, hacia quebrar su capital de legitimidad. Al día de hoy, hay un consenso amplio entre los juristas de que fue una pésima decisión por la metodología y razonamiento utilizado. Es evidente que el Tribunal forzó una opinión y sentencia movida por las urgencias del momento sin importarle mucho los efectos futuros de su acción. De hecho, el caso ha sido pocas veces citado como precedente en controversias sobre el derecho fundamental a la igual protección de las leyes.

La fenecida jueza Sandra Day O’Connor emitió el voto decisivo para que la opinión lograse una mayoría. Eran los tiempos en que su voto era oscilante entre el grupo de jueces conservadores. Tiempo después, ya retirada, mostraba el arrepentimiento por su voto. Comentaba que la controversia nunca debió haber sido aceptada para decisión por el daño que ello le causó a la reputación del foro.

Creo que este es reto principal que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico al adjudicar la controversia que tiene al país al vilo. Contrario al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el nuestro tiene muy poco espacio para rechazar o abstenerse. Es el tribunal de última instancia sobre todo en materia de derecho constitucional. Si es para declarar inconstitucional la ley, tiene que contar con el voto de cinco de los nueves jueces y juezas que componen el Tribunal. La tarea es complicada, aunque las controversias en estricto derecho no lo sean. Es complicada porque debe decidir para resolver la crisis presente, pero con la mira en el futuro. Ese futuro incluye unabuena decisión que siente precedente sin torcedurasni maleabilidad en la metodología.

Frente a la desconfianza pública en las ramas políticas, necesitamos mantener la confianza en la rama judicial.

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