El Puerto Rico Status Act y los caminos hacia la descolonización

El Puerto Rico Status Act y los caminos hacia la descolonización

endi.com
por Carlos E. Ramos González
jueves, 2 de junio de 2022

El Puerto Rico Status Act y los caminos hacia la descolonización

El proyecto del Congreso Puerto Rico Status Act merece ser discutido ampliamente aunque sabemos que no se convertirá en ley. Sin embargo, ello no debe servir para subestimar su importancia o desmerecer el debate que ha generado. En esta discusión radica su valor principal.

La metrópolis que nos gobierna es compleja y repleta de contradicciones. Descolonizar no es una de sus virtudes, como nunca lo ha sido gobernar colonias. Tras la guerra de 1898, el presidente William McKinley encargó a su secretario de Guerra Elihu Root que elaborara una política federal de gobernanza que le permitiera regir sobre las nuevas “posesiones”. La biografía más reconocida de Root recoge una interesante confesión (P. Jessup, Elihu Root). La encomienda le produjo una gran pesadumbre inicial. Solo encontraba referencias bibliográficas a textos y manuales de adalides del imperio británico, es decir, del mismo imperio que la nación emergente aborrecía. Una gran carga moral le impedía recurrir a ellos como única guía. Sería el comienzo de un peculiar imperio: uno que se niega a sí mismo.

Han transcurrido 124 años y el capítulo del manual dedicado a Puerto Rico, si alguno, es particularmente complicado. Sin duda, la maleabilidad de la Cláusula Territorial permitió más de 50 años de explotación económica y geomilitar. De forma más reciente, las primeras dos décadas de la vigencia de Ley 600 de 1950 permitieron una gobernanza con ilusión de gobierno propio. El tiempo demostró que todo era “prestado”, gobierno propio y economía incluidos.

Pero las formas jurídicas del colonialismo “a lo americano” crearon otros problemas que el Puerto Rico Status Act invita a discutir. Uno de ellos es la ciudadanía americana. No me refiero a las intríngulis jurídico-constitucionales sobre lo que significa declarar que nacer en Puerto Rico es “nacer en Estados Unidos pero a la vez fuera de Estados Unidos”. Me refiero a la imposición en 1917 de una ciudadanía sin gobierno propio que sellaba una realidad que persiste hoy día: ciudadanía sin amor o lealtad. En lo esencial, la inmensa mayoría de los habitantes de Puerto Rico “atesoran” esta ciudadanía por entender que les facilita la movilidad a los Estados Unidos y la “seguridad” económica que se deriva de las transferencias de fondos federales. No hay amor ni lealtad en el corazón y mucho menos cuando constantemente solo se recibe el rechazo del “amante”. Las tres alternativas de estatus que ofrece el proyecto intentan enfrentar este enredo de espíritu.

Una vertiente del problema anterior es la existencia de un liderato político con apoyo mayoritario electoral que dirige y estimula este colonialismo sine die o uno coronado con representación en el Congreso. El Puerto Rico Status Act les provee una alternativa: votar por la estadidad en un evento electoral federal. La sección 301, incisos (1) y (4), establece que la transición hacia la estadidad incluye de forma expresa permanecer durante un año como territorio no incorporado, con la Constitución del Estado Libre Asociado y estructuras del gobierno vigentes como guía. Este es el periodo que transcurrirá para que el presidente proclame la estadidad una vez se vote mayoritariamente por este estatus. Los defensores de la territorialidad colonial podrán luchar para que este inciso se enmiende de modo que ese período se extienda. De hecho, estoy convencido que, de triunfar la estadidad, este será el camino que seguirá el gobierno federal. Pienso que, por esta razón, la rama ejecutiva federal recomendó al Congreso cambiar una versión inicial del proyecto, que especificaba que durante este período de espera Puerto Rico fuese considerado un territorio incorporado. Ese el otro mensaje claro del proyecto: los “estadolibristas” tienen la alternativa de continuar apoyando el territorio no incorporado pero esta vez con fecha de caducidad. Su premio es la estadidad acompañada con la Constitución y las instituciones de gobernanza del ELA pero con legisladores(as) con voto en el Congreso. No puede existir una unión más permanente ni un ofrecimiento más democrático y liberal.

Por último, algunas implicaciones del proyecto contradicen los reclamos del partido de gobierno y de ciertas decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin duda, se desmiente la afirmación jurídica-política de que en la votación del 2020 Puerto Rico finalmente ejerció su derecho a la libre determinación. Según este sentir, solo restaba ejecutar esta política o mandato de estadidad, lo cual puede incluir el uso de fondos públicos hacia este fin partidista. O, más inaudito aun, reclaman que las estrategias para lograr este fin no dependen del parecer del gobierno federal sino de la voluntad de los habitantes del “territorio”. ¿Y ahora qué?

Los caminos hacia la descolonización son muy diversos. Ojalá que la discusión de este proyecto permita alumbrar uno que nos saque de la jueyera boricua. Los esfuerzos en esta dirección de sectores de la diáspora seguirán siendo iluminadores y determinantes.

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