por Efrén Rivera Ramos
martes, 18 de abril de 2017

El problema principal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en estos momentos no es la huelga. Esa es simplemente la respuesta del estudiantado –con el apoyo y la oposición de otros sectores de la comunidad universitaria– a la amenaza mayor que enfrenta la institución: la reducción de $450 millones a su presupuesto.

La decisión de disminuir de forma tan sustancial los recursos de la universidad del estado no ha tenido el aval de ninguno de los sectores de la institución ni de ninguno de sus organismos representativos. Por el contrario. Existe un consenso de que ese recorte tan drástico constituirá un deterioro radical de las posibilidades de la UPR de cumplir efectivamente con la misión que le ha encomendado el pueblo de Puerto Rico. Para entender ese efecto predecible hay que recordar que las finanzas de la UPR han estado sufriendo menoscabo tras menoscabo desde hace varios años.

En el 2009, so color de atender la crisis fiscal, la Ley 7 redujo la base sobre la cual se aplicaba la fórmula de financiamiento de la UPR al dictaminar que no se incluirían en el cálculo parte de los ingresos generados por el IVU ni los recaudos obtenidos por las nuevas medidas tributarias adoptadas por ese estatuto. Ello condujo a que en los próximos años la UPR dejara de recibir cientos de millones de dólares que, de otra forma, habrían ingresado a sus arcas.

En el 2014, la llamada Ley 66 fue más lejos y congeló la aplicación de la fórmula legislada para la UPR, fijando en $833 millones la cantidad anual que la institución recibiría del estado. Tanto la administración universitaria como el Gobierno han estimado que esa medida ha supuesto la pérdida de $348 millones en ingresos en los pasados tres años.

Esas reducciones han tenido consecuencias académicas considerables. Se congeló el reclutamiento en plazas docentes y no docentes. Se suspendió la concesión de aumentos salariales, sabáticas, licencias de estudio, ascensos en rango, descargas para investigación, los viajes a congresos y seminarios para presentar trabajos académicos y otros apoyos necesarios para el desarrollo profesional de los docentes y el adelanto de sus proyectos académicos.

Desde el primer momento surgieron voces que alertaban sobre los retos que enfrentaba la UPR en cuanto a su financiamiento y sobre la necesidad de unir esfuerzos para enfrentarlos colectivamente. Los estudiantes siempre estuvieron a la vanguardia de esos señalamientos.

Es decir, la UPR ha estado contribuyendo a los intentos de solventar la crisis fiscal del país absorbiendo contracciones importantes de su presupuesto durante los pasados ocho años. El argumento de que los universitarios rehúsan asumir parte de la cuota que les corresponde para ayudar a aliviar la crisis fiscal es, cuando menos, inexacto.

Por eso es que el anuncio del recorte de $450 millones resultó tan sorprendente, arbitrario y abusivo. Más aún cuando no se ha explicado de forma alguna cómo se llegó a esa cantidad que, hasta ahora, se defiende por la Junta de Control Fiscal como si fuera una muralla inamovible.

El problema de fondo es que el acercamiento al financiamiento de la universidad pública por parte de los responsables de esa decisión y de quienes la justifican trasluce un entendimiento del asunto como una cuestión puramente contable, fiscal, de mercado.

La Universidad es, sobre todo, un proyecto de gran envergadura que ha aportado y debe seguir aportando al desarrollo económico, político, social, intelectual y cultural del país, a la producción de oportunidades y mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras y a la materialización del disfrute real de los derechos humanos más básicos. Su financiamiento debe responder a esos criterios.