por Carlos E. Ramos González
jueves, 18 de noviembre de 2021

El pasado 5 de noviembre, el presidente Biden decidió utilizar la rama ejecutiva federal para obligar la vacunación en todo escenario de trabajo donde laboren 100 o más personas. En un país donde la respuesta a la pandemia ha estado muy politizada, en gran parte por las acciones y omisiones del expresidente Trump, el asunto ha generado más controversias e incrementado los litigios. El ejercicio del poder federal se canaliza a través de una agencia administrativa federal encargada de velar por la salud y seguridad ocupacional. Se ha utilizado cierta potestad excepcional que contiene la reglamentación de la agencia OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

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Las complejidades del federalismo norteamericano provocan incertidumbre al identificar el poder del gobierno federal preciso para enfrentar la terrible pandemia. El reto es mayor aun en tanto hay estados con gobiernos republicanos que reclaman la facultad de tomar estas decisiones sin injerencia del gobierno federal. Este reclamo no es para proteger la salud de sus ciudadanos. Antes al contrario: es un reclamo para desprotegerlos so color de una defensa del derecho individual a infectar a los demás. A esta fecha, cerca de 25 estados, diversas compañías privadas y ciudadanos tienen instados cerca de 34 pleitos en la jurisdicción federal en que cuestionan el uso de los poderes de la OSHA para ordenar esta vacunación.

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El litigio de mayor impacto ha sido ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que tiene bajo su sede a Texas, Louisiana y Mississippi. Los jueces y juezas que lo componen son considerados los más conservadores en el sistema apelativo federal norteamericano. De hecho, estos estados, en unión a varias compañías afectadas por la directriz de OSHA, instaron un pleito directamente ante dicho tribunal apelativo para cuestionar la legalidad y constitucionalidad de la acción ejecutiva federal. Unos días más tarde obtuvieron una orden para paralizar de forma temporera, pero con duración indefinida, las directrices de OSHA. Al momento de redactar estas líneas, este pleito y los otros de similar naturaleza habían sido consolidados conforme las normas judiciales federales relativas a los pleitos complejos en multi-distritos federales sobre asuntos de igual naturaleza. Mediante un sistema de lotería, estos casos fueron reasignados al Sexto Circuito del sistema de apelaciones federal, el cual también se compone por una mayoría de juristas conservadores.

Es muy probable que la decisión que finalmente tome este tribunal sea revisada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (TSEU). Hay unas fechas muy concretas cercanas relativas al mandato de vacunación en los escenarios del trabajo detenidas por la orden del Quinto Circuito. Una lectura de la decisión de este tribunal apelativo revela una visión muy crítica a la acción del presidente Biden y la OSHA. Contiene expresiones parecidas a aquellos que niegan la emergencia que enfrentamos pero esta vez encubiertas por un razonamiento jurídico pertinente al derecho administrativo. Resuelve que la rama judicial federal debe intervenir de forma más activa en las decisiones de las agencias administrativas que “pretenden crear política pública” invadiendo con ello los poderes del Congreso. Alegan que la orden del OSHA va en esta dirección.

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Hace tiempo que la mayoría conservadora del actual TSEU espera por una controversia de esta naturaleza. Interesan romper con los esquemas de las doctrinas de deferencia judicial a la pericia administrativa para con ello terminar de desmontar el aparato administrativo moderno. De esta manera, otorgan mayor espacio para que el capitalismo salvaje actúe con la mayor impunidad posible sin la supervisión de las agencias administrativas.

Esta parece ser la esencia de la decisión del Quinto Circuito. Pero no nos engañemos: en el fondo se trata de otro intento por promover el derecho individual a infectar a los demás. Esperemos que fracasen.

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