por Efrén Rivera Ramos
martes, 18 de febrero de 2020

El gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal insisten en negarse a suministrarle al país la información a la que tiene derecho. He aquí algunos incidentes recientes.

La Junta no ha dado detalles suficientes sobre el acuerdo al que supuestamente ha llegado con un grupo de bonistas para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico. Según la información que ha trascendido a cuentagotas, la transacción ataría al pueblo puertorriqueño durante muchos años a compromisos financieros insostenibles, afectando aun más los servicios debidos a la población y, encima, con la perspectiva de que volveremos a caer en los tentáculos de la bancarrota. Mientras tanto, un grupo privilegiado de acreedores disfrutaría de ingresos y garantías injustificadas. ¿Cómo es posible que no se informen esos particulares a quienes sufrirán sus efectos cotidianamente?

Tenemos derecho a saber cómo se llegó a esa decisión, qué factores se tomaron en cuenta, qué principios y criterios la guiaron, qué información le sirvió de base, a quienes beneficia más y por qué, qué servicios y operaciones gubernamentales quedarán menoscabados, entre otros aspectos de esta cuestión vital. La Junta, sin embargo, ni siquiera quiere informarnos cómo votaron sus integrantes al aprobarse el acuerdo. Esas son las características definitorias de un gobierno secreto, contra lo cual advertimos desde que se creó el organismo.

El gobierno de Puerto Rico no se queda atrás. Se ha resistido a entregar copia del informe que rindió el Negociado de Investigaciones Especiales a petición de la gobernadora sobre el escándalo del almacén de suministros de Ponce. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo han tenido que acudir a los tribunales para reclamar su derecho a tener acceso a los resultados de la investigación. El CPI también espera por que la Autoridad de Carreteras le entregue la lista de puentes de Puerto Rico y de aquellos susceptibles de socavación.

La Policía de Puerto Rico le ha negado a la organización no gubernamental Km.O informes relacionados con el uso de la fuerza por parte de los miembros de ese cuerpo. Se pretende mantener en penumbras la naturaleza y extensión de las serias carencias en el tema de seguridad ciudadana, que muchas veces devienen en abusos contra las personas intervenidas.

Durante las últimas cuatro décadas se ha recalcado hasta la saciedad en nuestro país la importancia de la transparencia y el acceso a la información gubernamental para el funcionamiento de un sistema que aspire a ser democrático. Han intervenido en el debate numerosas personas vinculadas a los sectores más diversos. Entidades como el Centro de Periodismo Investigativo, la Asociación de Periodistas, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Comisión de Derechos Civiles, Espacios Abiertos, Km.O, el capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Libertades Civiles y las clínicas de asistencia legal de las Escuelas de Derecho, así como algunos legisladores, han desplegado esfuerzos considerables por adelantar la protección del derecho a la información a través de informes, denuncias, litigios, propuestas de legislación y otros medios.

En su función estrictamente judicial, en términos generales los tribunales puertorriqueños, con excepciones lamentables, han acogido favorablemente los reclamos de acceso a la información de diversas personas y grupos. De ahí que se haya generado una extensa jurisprudencia sobre ese derecho como derecho fundamental. Por otro lado, la Rama Judicial, en su dimensión administrativa, al igual que los otros organismos de gobierno, ha tenido que enfrentar reclamos judiciales de acceso a la información de parte de personas interesadas.

Estos han sido desarrollos importantes. Pero, a pesar de ellos, persiste la obstinación entre muchos funcionarios y agencias gubernamentales de negarse a suplir la información que tienen en su poder. A veces parece una reacción instintiva, equivocada ciertamente, dirigida a proteger los intereses de la agencia o sus directivos más que los intereses y derechos del pueblo.

¿Qué habrá que hacer – más allá de seguir machacando – para que esa cultura de ocultamiento desaparezca finalmente?

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