por Efrén Rivera Ramos
martes, 20 de febrero de 2018

La profunda crisis económica y la devastación provocada por los huracanes Irma y María se han tomado como justificación para recrudecer el desmantelamiento del tímido estado de bienestar que se estableció en Puerto Rico, dentro del marco colonial, a partir de mediados de la década del 1940. En esa dirección van los recortes a los beneficios y pensiones de los trabajadores, las propuestas de privatización total o parcial de los servicios de energía eléctrica y educación, el aflojamiento de la reglamentación ambiental y las propuestas de ciertos proyectos críticos impulsados por la Junta de Control Fiscal o por el gobierno, por mencionar algunos ejemplos.

Puerto Rico no está solo en este panorama. Desde hace décadas en buena parte del mundo capitalista están en movimiento fuerzas económicas, políticas y sociales que se proponen a toda costa eliminar o reducir sustancialmente las diversas formas del llamado estado de bienestar. Así se nombró a un tipo de estado que procuraba aliviar los excesos del capitalismo más desenfrenado con su secuela de desigualdad, pobreza, marginación y opresiones diversas.

Esa forma del estado ha tenido variantes: desde las más sustanciales, típicas de la Europa del Norte, hasta las más aguadas, como la surgida en los Estados Unidos de América. Pero en su núcleo albergaba políticas dirigidas a regular los mercados; medidas redistributivas, encarnadas en programas de beneficios sociales, sobre todo para las personas y comunidades de mayor desventaja económica; e incluso la propia participación del estado en actividades productivas y de servicios que en el pasado habían estado reservadas al ámbito privado.

Con el tiempo, el estado de bienestar comenzó no solo a mostrar sus insuficiencias sino a generar problemas propios que condujeron a cuestionamientos severos. Sufrió ataques de los sectores más conservadores, quienes añoraban un retorno al estado de cosas anterior que dejara el campo más ancho posible a las fuerzas del mercado y al enriquecimiento sin límites de los dueños del capital. Pero también recibió críticas de las izquierdas de diverso talante. Se señalaba, por ejemplo, cómo los grupos más pobres habían quedado enredados en una malla de políticas clientelistas y paternalistas que los sujetaban a nuevas subordinaciones y dependencias.

Prevaleció el ataque de las derechas. A partir de los años de 1980, bajo el liderazgo de gobernantes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, con imitadores en otras latitudes, y con el respaldo de un nuevo discurso teórico urdido por intelectuales y académicos, el llamado “neoliberalismo” logró imponer nuevas medidas de desreglamentación, nuevas políticas de austeridad que recortaban el gasto público en servicios esenciales y un retraimiento general del estado en la operación de actividades productivas y de servicios, desde la energía y la telefonía hasta la salud y la educación.

Pero las deficiencias del estado de bienestar no han debido tratar de resolverse volviendo a las condiciones del capitalismo sin freno. Era previsible que, al hacerlo, se desencadenaran nuevamente las dinámicas que condujeron en el pasado a las más agudas desigualdades y a las precariedades infligidas a sectores enormes de la población.

Las transformaciones tendrían que venir por otro rumbo. Es decir, por el desarrollo de una economía más democrática y solidaria. Por la reformulación de las funciones del estado, pero para hacerlo más cercano a las necesidades de la gente, más participativo y más sensible de modo que se convierta en garante eficaz del disfrute de todos los derechos humanos — los políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales – para todas las personas.

Debe cultivarse una nueva relación entre el estado y la población, dejando atrás el clientelismo, el patronazgo, el paternalismo, la dependencia y la manipulación. En esta etapa no es el retraimiento del estado lo que hace falta, sino la rearticulación de su modo de operar para que sea de veras instrumento de creación de mejores condiciones de vida para todos.