por Carmelo Delgado Cintrón
lunes, 20 de marzo de 2023

Mañana, martes, se cumplen 86 años de la Masacre de Ponce, ocurrida el 21 de marzo de 1937, por orden del General Blanton Winship, quien antes de llegar a la isla ostentó el cargo de Judge Advocate en el Departamento de la Guerra y se le tenía por persona de carácter duro y represivo.

Winship, asumió la gobernación de Puerto Rico el 5 de febrero de 1934, por designación del presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.

En su juventud, Winship participó en la guerra filipino-norteamericana a raíz de la guerra de 1898. (Richard E. Welsh Jr. Response to Imperialism. The United and the Philippine-American War, 1899-1902, UNC Press, 1979, Capítulo IX, «The Press, Military Atrocities, and Patriotic Pride, p. 133).

En los años treinta se suceden en Puerto Rico numerosos eventos de violencia y persecución, así como violaciones de los derechos naturales, civiles y humanos, ante el rampante colonialismo imperante. Entre otros hechos, ocurrió la Masacre de Río Piedras, el 24 de octubre de 1934, cuando asesinaron nacionalistas y otras personas, y se producen graves disturbios universitarios. (“La Masacre de Río Piedras”, Benjamín Torres, Pedro Albizu Campos: Obras Escogidas, 1975, Tomo I, p. 9.) El 23 de febrero de 1936 ocurre la ejecución del Coronel de la Policía, Elisha Francis Riggs, realizada por los nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp, por los sucesos de Río Piedras. Estos jóvenes fueron asesinados, a su vez, por la Policía que los custodiaba. (Enrique Ramírez Brau, Memorias de un periodista, San Juan, 1968, p. 49, capítulo “El Asesinato de Riggs y el de Beauchamp y Rosado, sus matadores”.)

El 14 de julio de 1936 se encauza al licenciado Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista, en la Corte Federal. (Carmelo Delgado Cintrón, “La Corte Federal en Puerto Rico: Una Historia Política”, Violation of human rights in Puerto Rico by the United States, (La Violación de los Derechos humanos en Puerto Rico por los Estados Unidos), Luis Nieves Falcón, Editor, Puerto, 2002, p. 99-167).

En 21 de marzo de 1937 se produce la Masacre de Ponce, planificada, dirigida y ordenada por el gobernador Blanton Winship. Luego, ejecutada por la Policía, al mando del Coronel Enrique de Orbeta y el capitán Felipe Blanco, contra los nacionalistas, hombres, mujeres y niños, que desfilaban desarmados, por las calles de la ciudad sureña. (Sonia Carbonell, “Blanton Winship y el Partido Nacionalista 1934-1939″ Tesis Departamento de Historia, UPRRP, 1984.)

El jefe de la Policía, Guillermo Soldevila, dio la orden de “carguen”. La fuerza policiaca era de unos 200 policías armados con revólveres, rifles, carabinas, subametralladoras Thompson, bombas lacrimógenas y macanas. Estaban ubicados en posiciones estratégicas para atacar a los manifestantes.

El diario El Imparcial tenía fotógrafos apostados en diversos lugares y las fotografías demuestran, con los testimonios, que fue una embocada y una masacre. La EnciclopediaPR afirma: “Como consecuencia, hubo un total de 21 muertos, 19 civiles y dos policías, muertos por las balas de sus compañeros, y entre 150 y 200 heridos. Entre estos hubo personas que no pertenecían al Partido Nacionalista. Además, se sabe que hubo personas que murieron, no por consecuencia de las balas, sino de los macanazos de la Policía.

Ante el asombro, la ofensa, el dolor y las exigencias de justicia de los sectores conscientes de nuestro pueblo puertorriqueño, se constituye, por la American Civil Liberties Union (ACLU), una comisión integrada por prestigiosos puertorriqueños, presidida por el distinguido abogado estadounidense Arthur Garfield Hays, para realizar una rigurosa pesquisa sobre los asesinatos. Mientras, el gobernador Winship ordena al fiscal de Ponce que acuse a los nacionalistas y exonere a los policías por las violaciones de derechos civiles y asesinatos, negándose el fiscal Rafael V. Pérez Marchand, en un acto de valentía moral.

El fiscal cumple su deber y acusa a los policías responsables de asesinato como indicaba la prueba, los testimonios y las fotografías de los diarios El Imparcial y El Mundo. Luego, renunció al ministerio público, ante las requisitorias del gobernador. El fiscal que lo sustituyó fue Marcelino Romaní, quien acusó a los miembros del Partido Nacionalista.

El llamado Comité Hays, lo componían personalidades de la más alta calidad intelectual y moral. Fue creado por la American Civil Liberties Union, ACLU, a petición del jurista Miguel Guerra Mondragón. Lo presidía el abogado norteamericano Arthur Garfield Hays (1881-1954) de Nueva York, Consejero de la American Civil Liberties Union. Integraron el comité el abogado Emilio S. Belaval, secretario del organismo y presidente del Ateneo Puertorriqueño; el abogado Mariano Acosta Velarde, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Fulgencio Piñero, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico; Francisco M. Zeno, director del diario La Correspondencia; el abogado Antonio Ayuso Valdivieso, director del diario El Imparcial; José Dávila Ricci, miembro de la redacción del diario El Mundo y el médico Manuel Díaz García, expresidente de la Asociación Médica de Puerto Rico.

El comité realizó una acuciosa investigación. Como parte del trabajo llevó a cabo audiencias públicas. Al culminar su trabajo, el comité presentó un reporte. El Informe de la ACLU es claro y declara responsable a la Policía de la Masacre de Ponce. El título oficial del referido documento es ACLU, Report of the Commission of Inquiry on Civil Rights in Puerto Rico, New York, 1937.

El Secretario del Departamento de lo Interior federal, Harold Ickes, envió al abogado especialista en violaciones de derechos civiles, McCaleb, a realizar otra investigación. Esta pesquisa criminal y encuesta confirma lo que ya el Informe Hays de la ACLU había determinado, que fue una masacre contra civiles desarmados en Ponce, miembros del Partido Nacionalista realizada por la Policía de Puerto Rico, confirmándose la total participación e implicación del Gobernador General Winship. Fue un abuso de poder y violaciones de derechos civiles y humanos. Nada justificaba tal inhumana acción. Winship recibió un “Doctorado Honoris Causa” durante la graduación de 1939 en la UPR. El reconocimiento lo gestionó el rector. Dr. Juan B. Soto.

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