por Efrén Rivera Ramos
martes, 17 de septiembre de 2019

El 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. En su editorial para la ocasión, este periódico destacó los logros democráticos registrados en el mundo, así como el menoscabo sustancial de la experiencia democrática en numerosos países y regiones.

Por los efectos de sus decisiones sobre nosotros, me interesa puntualizar la contribución que ha venido haciendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos al deterioro en ese país del marco normativo que regula los procesos de participación política.

En 2010, el Tribunal resolvió Citizens United v. Federal Election Commission. En una decisión dividida, con los jueces más conservadores en la mayoría y los más liberales en la disidencia, el Tribunal les reconoció a las corporaciones con fines de lucro el derecho a financiar sin límites las campañas políticas del país con el argumento de que debe considerárseles personas para efectos del ejercicio de la libertad de expresión. Esa decisión ha fortalecido aún más el poder del dinero para influir en los resultados electorales. Se aleja mucho de la noción expresada por la ONU de que la democracia se debe centrar en las personas.

Una decisión más reciente, de junio de 2019, ha dado otro rudo golpe a los procesos electorales en Estados Unidos. En Rucho v. Common Cause, nuevamente una estrecha mayoría del Tribunal dejó por la libre a las maquinarias de los partidos políticos para diseñar los distritos electorales a su antojo con el fin de lograr resultados electorales predeterminados. En ese caso se validaron los mapas electorales, producto de la práctica conocida como gerrymandering partidista, adoptados por los demócratas en Maryland y los republicanos en Carolina del Norte.

La mayoría del Tribunal reconoció que la redistribución electoral en ambos casos respondía al propósito expreso de garantizar un determinado número de escaños para cada partido, con preferencia de los legisladores incumbentes. El diseño tenía el efecto de diluir el voto de miles de electores, que se verían sin representación adecuada en los cuerpos legislativos correspondientes. Aun así, el Tribunal determinó que la práctica constituía una cuestión política que quedaba fuera del alcance de la intervención judicial.

En una vigorosa opinión disidente endosada por los jueces Breyer, Sotomayor y Ginsburg, la jueza asociada Elena Kagan destacó el parecer de grupos bipartidistas de pasados y actuales congresistas y legisladores estatales que comparecieron como amigos de la Corte. El primer grupo resaltó “la cascada de resultados negativos” que la práctica de la manipulación partidista de los distritos electorales ha tenido sobre el proceso electoral estadounidense. El segundo opinó que el gerrymandering ha creado ambientes legislativos “tóxicos” y “tribales”. Según Kagan, se trata de una práctica anti-democrática en el sentido más profundo del término. En vez de que los electores elijan a sus legisladores, los legisladores terminan decidiendo quiénes serán sus electores.

El tercer caso, también resuelto en junio pasado, es Manhattan Community Access Corporation v. Halleck. Allí, la misma mayoría conservadora, en una opinión suscrita por el polémico juez Brett Kavanaugh, determinó que una empresa privada a la que la Ciudad de Nueva York le había delegado la administración de los canales de acceso público de televisión en cable no venía obligada a responder por las alegaciones de violación de derechos constitucionales de dos productores de programas televisivos. Al resolver que la empresa estaba inmune de reclamos constitucionales por ser una entidad privada, el Tribunal abre aún más la puerta para que la ciudadanía quede desprovista de protección constitucional ante la ola de privatizaciones y alianzas público-privadas en que los gobiernos han decidido embarcarse. Cuando las violaciones tienen que ver con interferencias con la libertad de expresión, ello tiene efectos considerables en las condiciones en que se conducen la discusión pública y la participación política.

Estos y otros casos que podemos anticipar dejan constancia de los procesos de distorsión democrática que ese Tribunal Supremo se ha mostrado dispuesto a promover.

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