por Efrén Rivera Ramos
martes, 17 de enero de 2017

Qué apreciación tiene el resto del mundo de la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos. ¿Cómo encaja Puerto Rico en ese cuadro?

Un mecanismo creado por la ONU permite atisbar algunas respuestas. Se trata del Examen Periódico Universal: un proceso mediante el cual los estados miembros someten a evaluación de sus pares su desempeño en el área de los derechos humanos. El estado examinado remite un informe al Consejo de Derechos Humanos y luego comparece para que los demás le hagan recomendaciones sobre cómo mejorar su actuación en ese renglón. La revisión se basa en las obligaciones internacionales que cada cual ha contraído.

Los Estados Unidos han pasado por dos ciclos del proceso. En el segundo, que concluyó en 2015, los demás países le formularon 343 recomendaciones. Su examen revela la visión que alberga el mundo sobre los principales problemas de derechos humanos que tiene ese país.

Muchas recomendaciones se repiten, denotando un gran consenso en la percepción exterior. Agrupadas, las sugerencias abarcan más de veinte asuntos. Se destaca la insistencia en que Estados Unidos firme o ratifique numerosos acuerdos internacionales de derechos humanos a los que no se ha adherido. En segundo lugar, que se aboque a crear una institución nacional de derechos humanos como las existentes en otros lugares.

En términos sustantivos se suceden recomendaciones para que aborde de forma más proactiva el persistente discrimen racial y étnico que caracteriza esa sociedad; que disminuya el uso excesivo de la fuerza policíaca; que combata la discriminación contra las minorías árabes y musulmanas; que redoble esfuerzos para evitar los crímenes de odio y que mejore los derechos de sus poblaciones inmigrantes y sus pueblos indígenas.

Se le exhorta a que atienda los problemas de vivienda, alimentación, educación y salud que afectan a más de 48 millones de personas pobres y que agudice los esfuerzos por lograr la equidad de género en el trabajo. Se le recomienda que abola la pena de muerte; que mejore las condiciones carcelarias; que proteja la intimidad de sus residentes ante la vigilancia electrónica y la recopilación masiva de datos; que reduzca la violencia generada por el uso de armas de fuego; que sea más efectivo en la erradicación de la violencia contra las mujeres; y que atienda los problemas relacionados con la trata de personas y la explotación sexual y laboral de menores.

Se le alienta a que revoque las medidas que violentan la soberanía y libre determinación de otras naciones; que asuma responsabilidad por las muertes de civiles causadas por sus fuerzas armadas en Irak, Afganistán y otros lugares; que abjure del uso de la tortura en zonas fuera de su territorio; que cierre la Base de Guantánamo y que derogue las disposiciones que impiden que su ayuda exterior se utilice para fomentar el aborto seguro, en beneficio de la vida y salud de las mujeres de los países en desarrollo.

Cualquiera que conozca la situación actual percibe cuán arraigadas en la realidad están esas apreciaciones. Tanto que el gobierno de Obama anunció que “aceptaba” el 75% de las recomendaciones formuladas. Pudo haberlas aceptado todas.

Dos comentarios. En ningún lugar del informe de Estados Unidos ni en las exhortaciones de los demás países asoma el problema de derechos humanos que representa la situación de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico. ¿Cómo remediar esa carencia?

Segundo, muchas de las recomendaciones mencionadas van a contrapelo de las políticas promovidas por el presidente electo Donald Trump. ¿Cómo acogerá su administración la iniciativa de la ONU? ¿Y cómo, a su vez, responderá el organismo internacional? Habrá que esperar.