por Efrén Rivera Ramos
martes, 16 de febrero de 2016

La prensa ha anunciado que la Asamblea Legislativa se apresta a retomar la revisión del Código Civil de Puerto Rico con miras a aprobar un nuevo código durante la presente sesión legislativa.

Sería muy fácil, en medio de las crisis económicas y fiscales actuales, dejar que ese desarrollo pase más o menos desapercibido. Pero eso sería un gran error.

El Código Civil es un cuerpo normativo integral que regula los más diversos aspectos de la vida de los particulares. Contiene normas básicas sobre la persona, las familias, los bienes, las obligaciones y los contratos y la transmisión de la riqueza tras la muerte.

Eso significa que establece, entre otras muchas cosas, cuándo comienza la personalidad para fines jurídicos; qué derechos tienen los niños y niñas frente a sus progenitores (por ejemplo, el derecho a los alimentos); quiénes pueden casarse y quiénes no; cuándo procede el divorcio y cómo han de distribuirse los bienes de una pareja casada al finalizar el matrimonio. También dispone cómo se adquiere, se transmite y se protege la propiedad; qué derechos tienen las personas que, no siendo dueñas, poseen un bien y la responsabilidad que deriva de los actos que causan daño. En fin, el Código pretende ordenar relaciones y prácticas que constituyen la experiencia cotidiana de todas las personas que residen en un país como el nuestro.

La revisión del Código Civil existente o la producción de uno completamente nuevo no puede verse, pues, como un simple trámite que pase sin pena ni gloria por los hemiciclos legislativos.

Si se cumple el procedimiento legislativo ordinario previsto en las normas prevalecientes, los borradores de la propuesta deberán presentarse como proyecto o proyectos de ley. Lo propuesto debe hacerse accesible a todo el país para su conocimiento y comentarios, y deberán convocarse vistas públicas para que todas las personas interesadas se expresen en torno a la iniciativa.

Lo más deseable es que en su discusión se involucren los sectores más amplios posibles: la comunidad jurídica, la comunidad académica (y no solo los profesores de derecho, pues hay otros especialistas que tendrían mucho que aportar), las diversas asociaciones profesionales y de negocios, los grupos de derechos humanos y los que defienden los derechos de las poblaciones más discriminadas como la niñez y las personas de mayor edad.

Las normas del derecho civil tienen impactos económicos, personales y colectivos. Es imprescindible que se evalúe todo su articulado para precisar qué repercusiones tendrán sus disposiciones en las personas que viven en condiciones de pobreza y en qué medida sus prescripciones contribuyen a la reproducción de las enormes desigualdades económicas y sociales existentes. Es necesario, además, que se analicen las propuestas con una perspectiva de género: ¿cómo afectan de manera particular a todas las mujeres y a todos los hombres en su diversidad las normas que se incorporan al texto y cómo quedan tratados los asuntos relativos a la orientación sexual y a la identidad de género?

Después de todo, un código como ese no es un mero conjunto de disposiciones técnico-jurídicas. Articula principios. Incorpora valores. Privilegia perspectivas. Ampara proyectos de vida y desalienta otros. Constituye un mapa valorativo que define los contornos normativos del tipo de sociedad en la que queremos vivir. Casi nada.

Dada su trascendencia, debe esperarse que el proyecto que se presente esté disponible al público con suficiente antelación para que las personas interesadas puedan realizar un análisis concienzudo que les permita formular comentarios informados. Igualmente, las vistas públicas deben cumplir un calendario generoso que propicie la mayor participación ciudadana posible.

Además de la revisión efectuada por los especialistas reclutados por el Senado y la Cámara, el proyecto debe ser sometido al escrutinio de otros ojos, otras perspectivas, otras racionalidades y valoraciones, lo más diversas posibles. Ello sería mayor garantía de que el Código resulte en un instrumento que responda a las necesidades del país y a las aspiraciones de una sociedad más justa y equitativa.