por Carlos E. Ramos González
jueves, 29 de junio de 2023

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha determinado que la Constitución de Estados Unidos no permite los programas de acción afirmativa en las instituciones norteamericanas de educación superior. Es decir, en los procesos de admisión, la raza o color de piel, no pueden ser considerados como factores que incrementen las posibilidades de admisión de una estudiante.

Hasta hace unas horas, las universidades podían apreciar más favorable o conscientemente a aspirantes provenientes de minorías raciales, pero solo de una manera holística (sin cuotas específicas ni criterios factoriales separados). Pero ahora, el Tribunal adopta la nueva normativa recogida en dos controversias consolidadas: Students for Fair Admissions v. Harvard College y Students for Fair Admissions v. University of North Carolina.

La primera de las decisiones concierne a una universidad privada y sus obligaciones bajo las leyes de derechos civiles federales. La segunda está vinculada a una universidad pública y su responsabilidad directa constitucional. Se trata de una extensa decisión tomada con votación 6-2 (una jueza se abstuvo en el caso de Harvard College) y la otra 6-3. El tribunal se dividió en sus ya conocidos bloque conservador y bloque liberal.

La decisión no fue una sorpresa para los estudiosos de ese foro. Desde el comienzo de los programas de este tipo en las instituciones de educación superior, un creciente sector conservador de la sociedad norteamericana rechazaba esta estrategia de “discrimen para favorecer o discrimen positivo”. No se debe olvidar que existen otras leyes federales y estatales que ordenan estas acciones en escenarios como el empleo público. Ninguno de estos programas estaba directamente cuestionado en los litigios aquí comentados, aunque la lógica empleada por los conservadores tiene claras implicaciones negativas sobre estos.

No pretendo discutir a fondo los argumentos jurídicos utilizados por ambos lados de esta controversia medular. Pero sí conviene recordar la naturaleza y razón de ser de los esquemas declarados inconstitucionales. Se trata de empeños tomados por el gobierno federal desde hace más de 60 años dirigidos a compensar el discrimen, persecución y explotación histórica contra las minorías raciales norteamericanas. En los procesos de admisión universitaria estos esfuerzos se tornaron en diversas estrategias que comenzaron por crear cuotas específicas adscritas a personas pertenecientes a grupos minoritarios. Otras estrategias perseguían añadir puntuaciones o valores positivos a los aspirantes cualificados que reunían estas características. De hecho, dos de las juezas disidentes (K. Jackson y S. Sotomayor) aseguran haberse beneficiado de este sistema en sus aspiraciones educativas universitarias. Uno de los jueces en la mayoría (C. Thomas) también fue favorecido por ello.

A mi juicio, la decisión tomada por el Tribunal Supremo es una muy trágica con implicaciones devastadoras para la sociedad norteamericana. La premisa fundamental de los conservadores que la apoyan, si somos benignos con ellos, es que las minorías raciales ya no necesitan del apoyo del Estado para remediar de alguna forma la desventaja y exclusión racista histórica en los procesos de admisiones universitarias. Tampoco se valora la necesidad de una comunidad universitaria que refleje una diversidad lograda por este medio. La Constitución es “color blind”, lo que implica que no puede discriminarse por raza, no importa sean minorías o mayorías.

Por lo tanto, se trata de una certificación judicial de que ya existe igualdad de oportunidades de ingreso a las universidades en los Estados Unidos sin distinción de raza. En este escenario educativo se argumenta de forma equivocada y perversa que se ha erradicado el discrimen racial. Como se desprende, se trata de una conveniente ficción que oculta el discrimen racial sistémico que permea la enfermiza sociedad norteamericana. Como bien se ha comentado: el infame y revocado viejo mantra jurídico racista “separados, pero iguales” ahora se sustituye por una especie de daltonismo constitucional o “neutralidad” racial. Sin embargo, la experiencia demuestra que hoy más que nunca las minorías raciales necesitan de una Constitución que sirva de punta de lanza para su lucha por la igualdad.

Quizás pueda articularse esta crítica de otra manera: la Guerra Civil norteamericana comenzada en el siglo 19 nunca se ha acabado. En estos momentos, la batalla la ha ganado el Sur, pero al decir de Martin Luther King, y según la frase final de la opinión disidente de la jueza boricua: “El arco de la moralidad universal se doblará hacia la justicia racial a pesar de los esfuerzos que hoy hace el tribunal para impedir su progreso”.

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