Cuando lo público se convierte en privado

Cuando lo público se convierte en privado

endi.com
por Carlos E. Ramos González
20 de mayo de 2024

Cuando lo público se convierte en privado

Las convicciones sobre parte de la familia Montes-Charbonier obligan a trascender la responsabilidad individual de las personas involucradas. Todo ello sin desmerecer el repudio a sus acciones delictivas. Asumir los bienes públicos como si fueran privados está en el eje central del problema que tenemos como sociedad.

Por definición un bien público no pertenece a persona particular alguna. Es patrimonio de la sociedad. A través del gobierno, se logra su manejo eficiente, siempre considerando su naturaleza. Un bien privado pertenece al libre albedrío de su dueño, pero sin que pueda ser utilizado en detrimento del conjunto de las personas que constituimos la sociedad.

Muchos actos de corrupción pública tienen esta ecuación invertida. Sucede en Puerto Rico y en todos los países. Pero hay que analizar e investigar sus causas para combatirla. En Puerto Rico se han hecho múltiples esfuerzos en esa dirección. Se han señalado cimientos muy precisos que explican este comportamiento humano tan nefasto. Hay que añadir otras o reforzar algunos de los ya expuestos.

La desvalorización del servicio público es uno de ellos. De forma continuada se critica la necesidad de tener un gobierno activo, el cual se denuncia como intervencionista contra los intereses individuales económicos. Todo lo que es gobierno es malo e ineficiente. Ahí radica parte de la justificación de los proyectos de privatización. Entonces, ¿los que trabajan en el gobierno son todas personas que laboran mal y de modo ineficiente? Para la estima individual y colectiva del servidor público esto puede ser devastador. Si nada sirve, poco importa que lo público se entienda como lo privado.

Se ha oscurecido la línea trazada entre el servicio público y la libertad de expresión del empleado público cuando es fuera de horas laborables. Respaldar e incentivar la organización partidista entre estos empleados es una forma de fomentar el uso de bienes públicos como si fueran privados. El espectáculo que ofrecen en los mítines políticos debe ser motivo de vergüenza colectiva.

En el caso de los empleados de confianza, la situación es peor. Tómese la situación surgida en días pasados cuando una gran parte del gabinete del gobernador aparece “fuera de horas laborables” apoyando uno de los candidatos a la gobernación. Por un lado, se explica el “sacrificio” que implica el servicio público en puestos de confianza alardeando (muchas veces con sobrada razón) que realmente trabajan las veinticuatro horas al día. De hecho, ninguno viene obligado a registrar sus horas de trabajo como el resto de los empleados. Pero por otro lado justifican su conducta y acción partidista porque ocurre fuera de horas laborables. ¿Dónde está la verdad?

Añádanse a lo anterior algunas decisiones del poder judicial. De forma reiterada, he denunciado en este espacio la nefasta decisión del Tribunal Supremo que autoriza el uso de fondos públicos para promover la causa partidista de la estadidad. Todo ello bajo la formalidad jurídica ilusa y equivocada de que promover este ideal político partidista está avalado por el pueblo mediante referéndum. Es ahora una política pública válida que no viola la disposición constitucional puertorriqueña que prohíbe el uso de fondos públicos para fines privados. De ahí la anuencia al gasto público de millones de dólares en los cabilderos de la estadidad. Únase a ello la pérdida de legitimidad del poder judicial en la toma de muchas de las decisiones relacionadas al tema electoral.

De todos los lados y en todos los frentes hay que inculcar una idea que debería ser sagrada: hay una diferencia entre los bienes públicos y los bienes privados.

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