por Efrén Rivera Ramos
martes, 14 de abril de 2020

La prensa ha criticado duramente la decisión de la gobernadora de Puerto Rico de llevar a cabo una transmisión televisiva sobre la situación de la pandemia del coronavirus y la extensión de su Orden Ejecutiva sin la presencia de periodistas que pudieran preguntar y cuestionarle sobre los numerosos aspectos del asunto.

Lo cierto es que el programa de marras tuvo más de ejercicio publicitario, con el contenido más favorable posible para el gobierno, que de acto de rendición de cuentas transparente ante un público necesitado de saber con la mayor claridad posible a qué debemos atenernos y qué toca seguir haciendo en estos momentos.

Aunque se ofrecieron datos importantes, muchísimas preguntas que tanto la prensa como el público se han venido haciendo con insistencia quedaron sin contestación o por lo menos sin respuestas satisfactorias. Las razones ofrecidas posteriormente para justificar esa forma de comunicar la información en las circunstancias presentes no han logrado disipar la insatisfacción que esa comparecencia ha dejado.

Lamentablemente, el desacierto gubernamental en torno al criticado programa no es un asunto aislado. Ha sido la evidencia más reciente de un mal de fondo que ha aquejado la respuesta gubernamental, aquí y en otros lugares, a la amenaza que representa la pandemia. Ese mal es la falta de transparencia.

Se preguntarán algunos por qué la insistencia en que se sepa todo. Hay quienes se refieren cínicamente al reclamo de transparencia como una frase gastada que significa muy poco. Que ya cansa. Bueno, adoptar esa actitud es como sugerir que no se hable más de la buena alimentación y el ejercicio físico como claves para una vida saludable porque, después de todo, ya eso se ha repetido demasiadas veces.

Lo siento, hay que seguir machacándolo. Porque, en nuestros días, la transparencia es indispensable para el buen gobierno y la salud democrática.

¿Pero, qué quiere decir transparencia en el gobierno? Primero, que este tiene la obligación de publicar proactivamente, sin necesidad de que se le solicite, toda aquella información que la comunidad requiere para evaluar su desempeño, aquilatar la situación del país, criticar las políticas y medidas sugeridas o adoptadas, participar en la solución de los problemas colectivos y, llegado el momento, decidir a quiénes encomienda la dirección de sus asuntos. Quizás a esto último es a lo que más le temen quienes gobiernan y por eso rehúyen su responsabilidad de rendir cuentas de forma diáfana y veraz.

En segundo lugar, la transparencia exige que el público, todo el público, tenga acceso expedito, cuando lo solicite, a la información que recibe, genera y conserva el gobierno, incluida aquella información pública que, por alguna razón, ha parado en manos privadas, como es el caso de las empresas que contratan con el gobierno o las que son parte de alguna alianza público-privada.

En tercerlugar, la transparencia precisa que cuando las personas que gobiernan le hablen al país, directamente o a través de la prensa, no mientan, no escondan datos, no tergiversen, no evadan, no rehúyan responsabilidad y no le den a la información giros más propios de campañas de publicidad y de un concepto mal entendido de las relaciones públicas.

El intento de diferenciar entre la “información pura”, como dijo un funcionario, y las preguntas de la prensa es un ejercicio retórico que procura privilegiar el discurso oficialista sobre la crítica incisiva de la prensa, los comentaristas y el público.

La idea de que la información hay que retenerla, limitarla o adornarla porque, si no, podría ser mal interpretada por el público no solo es una excusa ilegítima, sino la expresión de un paternalismo ofensivo que no debe tener lugar en una comunidad políticamente madura y plenamente democrática.

Finalmente, hay que entender que la transparencia es más necesaria que nunca en tiempos de crisis, cuando están en juego la democracia, los derechos fundamentales, la salud, el trabajo, la educación y la vida misma de la comunidad.

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