El desarrollo actual de las tecnologías biomédicas ha transformado, en algunos casos radicalmente, la vida cotidiana de parte considerable de la humanidad. Tal desarrollo se da, principalmente, en los países industrializados, y conlleva la transformación de las estructuras para la producción del conocimiento científico. La humanidad lo recibió, inicialmente, con muchas esperanzas, por su capacidad para encauzar la naturaleza, según la voluntad del hombre. Prevalecía la opinión de que el progreso de la ciencia y de la tecnología era sinónimo de progreso para la humanidad.

Sin embargo, la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima sacudió la conciencia de los intelectuales de todo el mundo, gestando la primera gran oleada de cuestionamientos sobre la deseabilidad de endosar todo adelanto tecnológico. Ejemplo de esto fue el manifiesto de Rusell-Einstein de 1955, que condujo a la celebración de la conocida conferencia de científicos, dos años más tarde, en Pugwash, Canadá. En ella se advertía, por primera vez, la necesidad de reglamentar y controlar la incipiente tecnología nuclear. Este reclamo se hará extensivo, posteriormente, a otras tecnologías potencialmente peligrosas. No obstante las reservas en torno al uso de la energía nuclear, durante la primera década de la posguerra las sociedades occidentales continuaron entusiasmadas con los frutos del quehacer científico, debido a la aparición de productos que, conjuntamente con medidas de sanidad pública, mejoraron la salud y la esperanza de vida del ser humano. La guerra, después de todo, como consecuencia del esfuerzo por conducirla, producía efectos positivos. Entre éstos, podemos enumerar la vacuna contra el polio y un grupo de nuevos antibióticos que vinieron a sumarse a la penicilina. Corresponde, asimismo, a esta etapa, el desarrollo de otros productos y procesos de gran utilidad social, tales como la química de polímeros, los plásticos, la primera fotocopiadora Xerox Comercial, así como los anticonceptivos orales.

Sin embargo, paralelamente, se fueron acumulando efectos nocivos, inesperados e irreparables, resultantes de ciertos productos de la tecnología, que empezaron a afectar negativamente la vida cotidiana en los países desarrollados. La talidomida, introducida en los años 50, ocasionó que vinieran al mundo cerca de diez mil niños con deformidades. El DDT y otros insecticidas pusieron en grave riesgo la cadena alimenticia del ser humano y de los animales; especialmente, de las aves. El malestar de la ciudadanía ante estos sucesos adquiere, quizás, su expresión cimera en la década del setenta. Las palabras de François Hetman, entonces Director de Asuntos Científicos de la organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París, escrita en 1973, son representativas del espíritu de esa época: “Después de haberse enorgullecido con las conquistas de la técnica la humanidad gime ahora bajo su peso. En lugar de abrir perspectivas nuevas y favorables, la explosión de los conocimientos científicos y las nuevas opciones técnicas se sienten como una profusión paralizante, preñada, a la vez, de nuevas posibilidades y de crecientes peligros”.

Es en este contexto donde cobra auge el clamor por que se promulguen códigos de ética que rijan la conducta de los profesionales, y se producen esfuerzos en el congreso de Estados Unidos por atender los reclamos sociales frente a una tecnología descontrolada. Lo que empezó como luna de miel del hombre con la tecnología y las ciencias naturales, se transformó, en las postrimerías del siglo veinte, en un cuestionario del determinismo tecnológico.

Según esta visión, “todo lo que técnicamente pueda hacerse, debe hacerse”; todo progreso tecnológico y científico es “bueno” para la sociedad; la tecnología es autónoma del resto de la sociedad y se controla a sí misma desde adentro; las decisiones de política tecnológica deben quedar en manos de los expertos. Ésa es la teoría.

Ese enfoque pretende ignorar que la tecnología es un producto de la sociedad misma, aun cuando su desarrollo pueda responder a intereses de grupos específicos. La decisión de producir tecnologías, o de realizar investigaciones científicas, conlleva la formulación de juicios elementales de carácter ético y social. Compartimos la postura crítica de que, frente al determinismo tecnológico, adopta el Juez Baudouin, cuando propone que debería llegarse a tales juicios mediante debates y procesos políticos “abiertos, colectivos y democráticos”. Sostenemos que la tecnología debería estar controlada por la voluntad social, y dirigida hacia los fines por ella acordados. En su ponencia, el Juez Baudouin aboga por un mayor peso relativo de los comités institucionales de bioética en la resolución de los conflictos que surgen en la aplicación de la biología y de la medicina. Ciertamente, el fortalecimiento de estas instancias en la formulación de política específica, conjuntamente con el desarrollo de reglamentos visionarios y de un derecho administrativo ágil y vigoroso, evitaría tener que acudir al derecho penal para dilucidar, en primera instancia, controversias sumamente complejas.

En estos meses, la comunidad científica que desarrolla el nuevo conocimiento biomédico en Estados Unidos, está enfrascada en un esfuerzo por darles uniformidad a los códigos de ética que rigen la investigación en las agencias gubernamentales. Todos coinciden en que se deben prohibir el fraude, la falsificación, la fabricación de datos y el plagio. Sin embargo, la inclusión de la norma que prohíbe otras prácticas que se desvíen seriamente de las comúnmente aceptadas en la comunidad científica, ha causado una gran controversia.

Dicha norma emana del servicio de salud pública, en cumplimiento de legislación del congreso, producto de unas vistas celebradas en 1981, fueron convocadas por el entonces congresista Albert Gore para atender la creciente preocupación en torno al fraude en las investigaciones biomédicas. Los institutos nacionales de Medicina y la Fundación Nacional de las Ciencias apoyaron la inclusión de la frase, mientras que la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Ingeniería continúan oponiéndose.

La situación se complica más si se considera que el control social de las investigaciones de las ciencias de la naturaleza se ejerce, fundamentalmente, mediante el condicionamiento de su financiación. Un mismo laboratorio biomédico puede recibir fondos de varias agencias, cada cual con reglas y procedimientos diferentes. Análisis en revistas como Science y NIH Research, señalan graves fallas en el diseño mismo de los procedimientos administrativos para resolver institucionalmente disputas en torno a la realización de investigaciones.

Traemos a colación esta controversia para destacar, en primer lugar, que los mecanismos institucionales y administrativos que atiendan los aspectos éticos de la ciencia y de la tecnología, son recientes. Les queda por recorrer un largo camino en su proceso de maduración. Por ejemplo, la Oficina de Política sobre Ciencia y Tecnología de Casa Blanca no se creó sino hasta 1976; las mujeres puertorriqueñas que, en los años cincuenta, sirvieron de conejillo de indias en los experimentos con anticonceptivos, no tuvieron la protección de una reglamentación adecuada. El control jurídico de las investigaciones biomédicas de esta naturaleza llegó muy tarde para ellas, pues se estableció en 1978.

Debemos destacar que la dificultad para ponerse de acuerdo en cuanto al comportamiento ético del científico, es sintomática de la necesidad de aumentar la intensidad en el diálogo en torno a estos asuntos. Atendido lo anterior, estaríamos en vías de propiciar los consensos en asuntos mucho más complejos, tales como decidir si desconectamos, o no, los aparatos que sostienen vivo, aunque artificialmente, a un ser humano, la transformación genética de plantas y animales, y lo relativo al transplante de órganos y tejidos. En esos terrenos caminamos aún sin brújulas.

Permítanme aludir brevemente a dos controversias que se dilucidan actualmente en tribunales franceses, vinculadas con el centro nacional para la transfusión de sangre y con el tema de la ingeniería genética. Una de ellas, pendiente ante el Tribunal Supremo de aquel país, es el caso del Director de Investigaciones del centro, Profesor de la Universidad de Cambridge, que cumple sentencia por no haber evitado la distribución de factores de coagulación contaminados con el virus de la Inmunodeficiencia Humana, a pacientes con Hemofilia. Se trata de uno de los investigadores que más ha aportado al estudio de SIDA.

La otra surge como resultado de una investigación del Departamento de Servicios Sociales de Francia, en torno al tratamiento del enanismo en niños con una hormona derivada de la glándula pituitaria de cadáveres. Este procedimiento se usó en Estados Unidos y en Inglaterra hasta 1985, hasta que se determinó que la referida hormona podría estar contaminada con factores causantes de cierta enfermedad fatal. Ese año, ambos países decidieron usar la ingeniería genética para producir la hormona, en lugar de usar el producto extraído de cadáveres. Cuando la hormona se produce de esa manera, no hay posibilidad alguna de que cause la mortal enfermedad. Los franceses, por el contrario, optaron por tratar de remover los contaminantes y continuaron usando la hormona de glándulas. El resultado fue que el número de muertes en Francia por razón de la enfermedad aumentó considerablemente. Ante esta situación, las autoridades francesas iniciaron una investigación criminal, con posible acusación de homicidio involuntario, contra los dos científicos que tomaron la decisión.

En ambos casos, nos enfrentamos a desarrollos tecnológicos relativamente nuevos: capacidad para detectar la presencia del virus del SIDA y capacidad para producir hormonas mediante la ingeniería genética.

El juez Baudouin aludió en su ponencia a los enormes costos éticos de exponer el transplante de órganos a la dinámica del modelo económico del mercado. Esto es, que la demanda de órganos se satisfaga en base a cuánto pueda pagar el consumidor. Sugiere que no permitamos, como no se permite en Canadá, que un indigente venda un riñón a fin de poder pagar los alimentos de su familia.

Sucede lo mismo cuando un puertorriqueño vende una pinta de sangre para atender su urgencia de la droga. Me sospecho que, aun cuando se prohibiera, esta práctica continuaría, aunque en menor escala. Y, por ser clandestina, sería mucho más peligrosa. Nos parece inevitable que, si la tecnología está disponible, y la urgencia se manifiesta, siempre habrá quien se incline a usarla, no obstante la norma jurídica.

Estadísticas presentadas este verano en un artículo sobre bioingeniería en tejidos, en la revista Science,revelan que, en 1988, Estados Unidos contó con 3,000 donantes de hígado, para unos 30,000 pacientes que murieron por fallo hepático. Hace cinco años, la demanda excedía diez veces la cantidad disponible; hoy quizás sea aún mayor. Y nos tenemos que preguntar: ¿Cuál es el nivel de suficiencia de los ciudadanos de países industrializados por biopiezas de repuesto? ¿Podría aspirar toda la humanidad a recibir transplantes de órganos, o estamos ante la premisa inarticulada de que inevitablemente una parte de la humanidad está condenada, a meramente, suplirlos?

Y, en esa misma línea, nos volvemos a preguntar, ¿puede un pariente obligar a otro a donarle tejido necesario para su supervivencia? En un caso reciente del estado de Pennsylvania, McFall vs. Shimp3(1978), un individuo moribundo solicitó al tribunal que obligara a su primo hermano a someterse a una operación para transplantarle médula ósea. Si se hubiera concedido lo solicitado, que no lo fue, ¿cuál sería el límite de los transplantes involuntarios permitidos? ¿Hasta qué punto sería cónsona con la ética biomédica la remoción involuntaria de tejido sano a un ser humano, para actividades que no le beneficien directamente? ¿Habría sido diferente la decisión del tribunal si hubieran sido hermanos, padre e hijo, o si lo hubiera gestionado el padre de gemelos menores de edad, uno para el otro?

Es menester guardarnos del determinismo tecnológico, todo lo que técnicamente pueda hacerse, debe hacerse; esto es, guardarnos de quienes sólo se preguntan: ¿cuántos órganos y tejidos humanos harían falta para salvar todas las vidas que, técnicamente, puedan salvarse? Esa realidad requiere un esfuerzo mayor, a nivel internacional, para controlar el tráfico ilícito de órganos, mientras existan compradores.

A pesar de que hace ya cuarenta años del primer transplante de riñón, aún quedan muchos asuntos por resolver en el campo de los transplantes. ¿Cuánto nos tomará dilucidar los asuntos que surgen en nuestros días? Al calor de las nuevas tecnologías médicas, nuestra sociedad industrial ha inventado necesidades que antes eran impensables; hasta hemos logrado atrasar la muerte, redefiniéndola. Hemos pasado de la conceptualización del cuerpo humano como objeto separable en sus partes para análisis y tratamiento, a la separación física de sus partes constitutivas.

En un artículo de la Revista Jurídica de la Universidad de Southwestern se propuso, hará unos dos años, la “confiscación involuntaria de órganos” como una alternativa a la pena de muerte. Como fundamento para ello, se alegó un mejor uso de recursos. Según la autora, se lograría que, aunque incompleto, el antes condenado a muerte siga viviendo. Pero, si se estableciera esa modalidad, ¿cuáles serían los límites? Después de los condenados a muerte, ¿seguirán los pacientes de enfermedades mentales incurables, los comatosos? ¿Dónde marcar la línea? El presente modelo de formulación de las normas jurídicas, nos indica el Juez Baudouin, no es de mucha ayuda. Cristalizar la referida norma nunca será tarea sencilla. Coincido con el Juez Baudouin en que los procesos legislativos deben tener un peso relativo mayor que los adjudicativos, si queremos lograr una conceptualización coherente de la apli-cación de la tecnología médica. Ésta debe atender, a tiempo, sus aspectos éticos, sociales, económicos y políticos, de cara a las generaciones por venir.

Advertimos, sin embargo, que la conciencia ética de las personas no puede ser legislada. En gran medida, la observación del requerimiento ético es fruto, más que de una buena legislación, de una buena educación. No me refiero a una educación que meramente transmita o divulgue los códigos de ética existentes y los implícitos en las prácticas sociales de nuestra cultura. Reconozco que la reinserción del estudio de la ética, la moral y la filosofía en el currículo académico crearía un espacio para discutir estos asuntos, pero no sería suficiente.

La educación que estimamos necesaria estaría dirigida al desarrollo de seres humanos capaces de emitir juicios éticos sobre los asuntos de vida en sociedad, en un momento histórico determinado. En nuestra época, tal educación tendría que propiciar la formulación activa de juicios éticos sobre ciencia y tecnología, por parte del estudiante.

Si se intentase reducir la formación ética del alumno a la justificación acrática del estado de situación vigente, habríamos derrotado, el propósito que nos anima. Lo habríamos derrotado, porque hemos establecido que el avance, sin precedentes, en campos como el de la biotecnología, requiere tomar decisiones sobre asuntos que no habían sido previstos en la década anterior. Y también requiere decidir sobre asuntos que creíamos haber resuelto antes, pero que se nos presentan ahora con nuevos y complejos matices.

Se trata de crear en el ser humano las circunstancias que le permitan tomar decisiones ponderadas. El ciudadano así formado podría, entonces, participar en un amplio debate social que conduciría al esclarecimiento de los consensos y diferendos, en cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología y, asimismo, en cuanto a las consecuencias de su aplicación para la humanidad. Ese debate, a nuestro juicio, no debe darse en primera instancia en las vistas públicas de la legislatura, de las Agencias Gubernamentales que producirán las normas y reglamentos, ni en la argumentación frente al juez en la litigación de un caso concreto, ya que no estaría suficientemente maduro.

Las universidades, por su historia y tradición de acomodo a las más variadas concepciones de los asuntos que son objeto de estudio, están llamadas a asumir el liderazgo en la discusión permanente de los aspectos éticos de las transformaciones tecnológicas que produce nuestra cul-tura y de las que vislumbra que se produzcan en el futuro. Sin embargo, el buen éxito del diálogo que propicie la Academia dependerá, en gran medida, de que ésta transcienda las divisiones entre las disciplinas e involucre una amplia gama de sectores sociales. Deberá incluir, por ejemplo, a expertos y asociaciones profesionales de las más diversas especialidades, organizaciones no gubernamentales, agencias del gobierno, representantes de los distintos sectores de la industria, organizaciones sindicales y organizaciones de usuarios de servicios; en particular, de estos últimos. Tenemos que evitar que la potencial arrogancia del intelectual nos lleve a creer que el hombre de la calle nada tiene que aportar en la formulación de una política sensata en torno a todo lo aquí planteado.

De otra parte, aunque no sea lo ideal, parece inevitable que, mientras no se fortalezcan los canales institucionales y administrativos, tales como comités de expertos, comités de bioética, foros para la aplicación de derecho administrativo, y otros, la sociedad continuará recurriendo a los tribunales para dilucidar los nuevos asuntos dentro del sistema de adversarios. Por lento que sea el proceso adjudicativo, sospechamos que resultará más rápido que la conformación de una voluntad social, vía legislación. Sin embargo, opinamos que esta solución no será adecuada a largo plazo. Por eso, consideramos inaplazable adelantar en la agenda de instituciones, como esta Academia, el debate en torno a los posibles dilemas jurídicos, que se vislumbran a la luz de la vertiginosa incorporación de los productos de la ciencia y la tecnología en nuestra vida cotidiana.

Por último, quiero hacer un señalamiento que podría ser considerado, por algunos, impropio en esta ocasión. Pero me urge inyectar la perspectiva ontológica al tema de esta noche. Sólo una de las mitades del ser humano ha recibido las bendiciones derivadas de los adelantos en la tecnología científica en los últimos dos milenios. El hombre sárquico, o carnal, ha cosechado en abundancia, pero el pneumático, o espiritual, se ha estancado peligrosamente, a mi juicio. Qué bien nos habría venido haber podido desarrollar la tecnología del transplante de tejido espiritual, de manera que fuéramos más inclinados a acudir con regularidad a las aguas aquietadoras de los evangelios. Con ello, me sospecho, crearíamos un balance más justo entre las urgencias materiales y los más apremiantes reclamos del espíritu. Nos urge descubrir, y poder inyectar, una hormona que despierte en cada uno de nosotros fibras íntimas que suelen yacer dormidas, y nos permiten levantar vuelo de libertad, desprendiéndonos de nuestros pesados egoísmos. Si lo lográramos, resolveríamos para siempre el eterno conflicto entre la ética, el derecho y los desarrollos de las ciencias de la naturaleza.