por Efrén Rivera Ramos
martes, 20 de agosto de 2019

Las protestas recientes que condujeron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fueron producto de la acumulación de numerosas insatisfacciones, agravios y descontentos que explotaron ante la indignidad representada por el famoso chat. En el fondo latió y sigue palpitando un reclamo de mayor participación democrática de segmentos diversos del pueblo puertorriqueño. Esa aspiración encontró su propio cauce en las calles y en las redes sociales ante las insuficiencias del sistema político del país y sus administradores principales. Es decir, el movimiento popular puso de relieve, entre otros, el tema de la democracia puertorriqueña.

Como resultado de esa conmoción política y de la controversia constitucional que eventualmente zanjó el Tribunal Supremo, se ha planteado la deseabilidad de revisar aspectos de la Constitución de Puerto Rico o el documento en su totalidad. Este desarrollo es muy prometedor en la medida en que puede involucrar a amplios sectores en la consideración de un asunto tan fundamental como el conjunto de normas, principios y procedimientos que debe servir de base al orden político y constitucional.

Lo que diga o deje de decir una constitución puede facilitar u obstaculizar la participación ciudadana. Igualmente, los procesos para su adopción o modificación pueden resultar ser más o menos democráticos. Por ello, al conducir la discusión que se propone sobre enmiendas constitucionales no deben perderse de vista los reclamos de mayor democracia que estuvieron a la raíz de las movilizaciones recientes, lo que, a su vez, requiere que examinemos con detenimiento el tenor del sistema político que tenemos y el que deseamos.

La cuestión de la democracia en Puerto Rico tiene dos dimensiones. Las he denominado la dimensión externa y la dimensión interna. Ambas se imbrican de muchas maneras. La externa se refiere a las múltiples manifestaciones de subordinación política inscrita en la presente relación con los Estados Unidos. La interna tiene que ver con las características de los procesos políticos que se llevan a cabo en los espacios de autonomía que tenemos para tomar decisiones sobre nuestra vida colectiva. Sobre la externa, la que se refiere a nuestra condición colonial, he escrito bastante en diferentes medios.

Las deficiencias democráticas de nuestros procesos internos de toma de decisiones son abundantes. Incluyen el clientelismo, el paternalismo, el personalismo y la preferencia por líderes carismáticos y de atracción mediática a pesar de sus obvias carencias en otros sentidos. También el partidismo político exagerado; la confusión entre partido y gobierno; un sistema de elección legislativa que desfavorece la representación proporcional de las fuerzas políticas existentes; la exclusión estructural de las mujeres de los organismos políticos y de gobierno; las dificultades para inscribir nuevos partidos políticos; la prohibición de alianzas electorales; y la elección de gobernadores que nocuentan con el aval de la mayoría de la población.

Hay que añadir la demagogia, la manipulación de los electores, el peso del dinero en las campañas políticas, la influencia desproporcionada de determinados sectores poderosos en los procesos legislativos, la injerencia excesiva de los cabilderos, la incidencia de los fundamentalismos de variada estirpe en la toma de decisiones colectivas y la corrupción pública y privada sin freno.

No han faltado la limitación arbitraria de la deliberación, los atropellos a las minorías parlamentarias y la intimidación o persecución de los adversarios políticos e ideológicos.

Como colofón y caldo de cultivo de todo lo demás habría que agregar la falta de transparencia, la resistencia de los gobernantes a rendir cuentas de sus actuaciones, la frecuente violación de derechos humanos y la ausencia de participación real de la población en numerosos procesos de toma de decisiones cruciales para el bienestar del país y sus diversas comunidades.

La lista no es exhaustiva.

La revisión de la Constitución es deseable. Pero las profundas fallas del sistema político puertorriqueño son parte de una cultura política y de estructuras complejas que precisarán transformaciones en otros ámbitos también. Habrá que evitar, además, que esa cultura desvirtúe el proceso mismo de enmiendas.

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