por Carlos E. Ramos González
martes, 22 de enero de 2019

Desde 1900, el margen prestatario de la deuda pública lo fijaba directamente el Congreso. Cada vez que el gobierno de Puerto Rico interesaba alterarlo, había que pedirle permiso al Congreso. Más aún: frente a una dificultad para pagar la deuda, la ley federal establecía una prelación de créditos que garantizaba ciertos gastos esenciales primero y la deuda después.

En 1952, hubo un cambio. A través de la Constitución del Estado Libre Asociado se autorizaba una norma constitucional que obligaba mantener siempre un presupuesto balanceado, pero también se permitió cambiar el orden en la prelación de créditos en caso de defalco: primero la deuda constitucional y después los gastos esenciales.

Era el comienzo de un mareo bajo la promesa de que tras la “Operación Manos a la Obra” y la deuda vendría la “Operación Serenidad” con abundancia de recursos.

Fue en ese contexto que, en 1961, luego de fracasos por “mejorar” la recién aprobada Constitución, se obtuvo autorización del Congreso para enmendarla de modo que el poder de fijar el margen prestatario estuviera ahora directamente en el gobierno de Puerto Rico y no en una la ley federal ordinaria.

La oposición de las minorías políticas a dicha enmienda fue muy amplia: dudas en la estrategia de crecimiento económico, temores a las prioridades del partido abrumadoramente mayoritario y el cuestionamiento permanente de la territorialidad colonial cuyos defensores seguían en negación, autoengaño o contubernio con intereses extranjeros.

Por medio de intensa propaganda, se aprobó la enmienda por un margen muy amplio. El mareo colectivo se intensificaba. Y nos endeudamos hasta más no poder. Peor aún: comenzaba la alternancia en el poder disfrutando de la “conquista autonómica” algunos que antes habían denunciado la propuesta.

El limite al margen prestatario, el requisito de un presupuesto balanceado y la garantía a los bonistas constitucionales, constituían la espina dorsal de una alegada estrategia de gobernanza territorial fiscalmente responsable. Con ceguera auto infringida, los partidos políticos de turno hicieron estragos.

A través de un gobierno fracturado, el nuevo milenio nos trajo el IVU/Cofina. Sus creadores le dieron la vuelta a la Constitución y con ello acabaron de liquidar los beneficios recibidos en la “conquista autonómica” de 1961.

Un gobierno posterior mantuvo la hoja de ruta e hizo uso del invento para endeudarnos de la forma más improductiva e irresponsable posible.

Más sorprenderte: Promesa, la Junta de Control Fiscal y el gobierno actual ahora proponen que este andamiaje, con todo su ropaje de incertidumbre constitucional, nos guíe por muchas décadas. Es decir, proponen una salida cimentada en una de las causas de la desgracia fiscal. El IVU y Cofina como una sentencia perpetua. ¿Lo detendrá el poder judicial federal o hará como el avestruz?

Muy difícil para muchos aceptar las lecciones de la historia. O quizás es lo contrario: las aceptan porque se benefician de ellas.

Coronación a la “conquista autonómica” de 1961 o señal inequívoca de la urgente necesidad de vivir nuestro genuino y propio tiempo histórico.