Agradezco la invitación de la Academia y la oportunidad que me brinda para compartir con ustedes algunas reflexiones.

Desde la década de los noventa del pasado siglo, algunos venimos promoviendo una reflexión seria sobre la política de drogas imperante en Puerto Rico y abogando por la utilización del marco de referencia de la salud pública para abordar el fenómeno del uso de drogas psicoactivas legales e ilegales que son capaces de producir dependencia. Incluimos el alcohol, el tabaco, los medicamentos prescritos y no prescritos y las drogas cuyo uso está criminalizado por el ordenamiento jurídico puertorriqueño.

En 1992, preocupados por el alza en criminalidad y el cambio en el perfil epidemiológico de la epidemia de VIH/SIDA observado en Puerto Rico, los doctores Salvador Santiago-Negrón y José Álvarez de Choudens, Q. E. P. D., fundaron la Comisión para el Estudio de la Criminalidad y las Adicciones (“CECA”) con la intención de explorar el vínculo entre las tendencias observadas y la política sobre el uso de drogas ilegales del país. Desde 1989, los datos reportados por el sistema de vigilancia de SIDA del Departamento de Salud apuntaban a un importante aumento en el uso de drogas inyectadas como mecanismo de contagio con el VIH. Convocaron a académicos y a representantes de diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil para abordar sistemáticamente el análisis del asunto y promover alternativas de política pública fundamentadas en mejores prácticas evidenciadas por estudios científicos y enmarcados dentro del respeto a los derechos humanos. Quiero destacar que en ese grupo participó activamente el recién fenecido líder sindical, Don Pedro Grant, quien trató de despertar interés por la agenda de reconsideración de nuestra política de drogas en sectores del sindicalismo.

Este grupo, del cual soy integrante, organizó en 1996 una conferencia abierta a amplios sectores de nuestra sociedad en la que se presentaron datos sobre las consecuencias de la política de drogas prohibicionista y las experiencias de sociedades que, como Holanda y luego España, habían adoptado una política que privilegia a las intervenciones de salud pública, obteniendo mejores resultados. Desde entonces, se ha mantenido incursionando en el discurso sobre criminalidad y drogas en el país.

Mi integración al grupo surge de mi interés en prevenir las múltiples consecuencias adversas para la salud de consumidores de tabaco. El tabaco, droga recreativa que en los años cincuenta incluso contaba con la promoción activa de parte de sectores de la clase médica en Estados Unidos, es el causante principal de enfermedad coronaria, se asocia a todos los cánceres y, de todas las drogas psicoactivas de uso recreativo, es la que tiene el potencial de generar más efectos adversos directos sobre la salud de quienes lo consumen y de aquellos que se exponen pasivamente a los productos de su combustión. La nicotina, el ingrediente asociado a la dependencia, es más adictivo que la heroína. Sin embargo, pese a los enormes costos de salud asociados al tabaco, la droga nunca fue criminalizada en Estados Unidos. A partir del Informe del Cirujano General, Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon General, en 1964, se inició un esfuerzo de concienciar a la nación de los daños asociados al consumo de esta droga y, consistentemente, se han realizado intervenciones educativas y legislación que han contribuido a una enorme merma en el consumo de tabaco y de sus efectos adversos, sin haber enviado a prisión a un solo fumador ni a los traficantes de esta droga, la poderosa industria tabacalera. Esta experiencia, al igual que muchas otras, debe servir para convencernos de que la salud pública cuenta con herramientas efectivas para reducir conductas con potencial de lacerar la salud de quienes incurren en ellas y de aquellos con quienes conviven. Si hemos podido responder a la amenaza a la salud del tabaco con medidas de salud pública, ¿por qué no acercarnos al consumo de otras drogas con potencial de adicción de igual manera?

En repetidas ocasiones hemos propuesto que la política de drogas que se adopte en Puerto Rico deberá promover el bienestar de la población mediante: el mejoramiento de la salud individual y colectiva (entiéndase, salud física, mental y social) mediante intervenciones de probada efectividad, la seguridad ciudadana, la cohesión familiar y comunitaria, el respeto por los derechos humanos, y la eficiencia en el gasto gubernamental.

Mucho de nuestro trabajo ha girado en torno a informar sobre los supuestos no sustentados y las consecuencias no intencionadas de la guerra contra las drogas que tanto daño hacen a nivel mundial. Durante estas pasadas dos décadas hemos presenciado la entronización de políticas sustentadas en persecución y castigo a expensas del tratamiento y la prevención, sin resultados beneficiosos para la población general de la isla y menos aún para las personas que padecen un trastorno de substancias y sus familias. Hemos sido testigos de un enorme deterioro en nuestra calidad de vida.

Son muchas las consecuencias colaterales adversas que emanan de persistir en la criminalización. Deseo resaltar en particular las epidemias construidas del VIH/SIDA y la del virus de Hepatitis C entre usuarios de drogas inyectadas y sus parejas sexuales no usuarias. Estas han generado un enorme costo humano y económico a pesar de que desde hace 20 años contamos con evidencia científica sobre acciones efectivas para prevenirlas, como los programas de intercambio de jeringuillas y el tratamiento asistido por medicamentos para la dependencia a opioides. Al día de hoy, Puerto Rico es la segunda jurisdicción de Estados Unidos con la mayor incidencia de casos nuevos de contagio con el VIH. Entre los latinos en Estados Unidos, los puertorriqueños son los primeros cuyo contagio ocurre mediante la inyección de drogas con equipo contaminado. Puerto Rico se parece a las repúblicas de la Federación Rusa más que a países que comparten su tradición cultural y política. En países que han adoptado políticas salubristas para atender el uso de drogas inyectadas se ha logrado reducir el contagio con el VIH entre inyectores y en la población que no usa drogas, y en algunos, como el Reino Unido, la epidemia fue abortada desde los años 90. La ONUSIDA informó a la comunidad internacional temprano en la epidemia que era imperativo controlar la epidemia entre usuarios de drogas inyectadas para evitar que se diseminara hacia la comunidad general mediante el sexo sin protección con parejas no inyectoras.

La criminalización, opción primordial adoptada a través de los años en Puerto Rico,  favorece el castigo a expensas del tratamiento y la prevención. Entre las casi sesenta mil (60,000) personas con dependencia a drogas en el país, se estima que cuarenta y cuatro mil (44,000) son usuarios de heroína u otros opiáceos y, aproximadamente, el setenta y cinco por ciento (75%) de ellos/ellas consumen drogas inyectadas. Para las personas con dependencia a opioides existen en el país menos de nueve mil (9,000) espacios de tratamiento con metadona o buprenorfina, los dos medicamentos aprobados por la FDA para mitigar esta condición cuya utilización a la par con servicios psicosociales constituyen el estándar de cuido.

Nuestra política de salud viene errando desde temprano en la epidemia del VIH. En el 2002, en medio de un alarmante incremento en casos nuevos de SIDA vinculados primordialmente al uso de drogas con equipo contaminado, redujimos nuestros espacios de tratamiento con metadona de casi dieciséis mil (16,000) a alrededor de  dos mil (2,000), eliminando una de las estrategias más exitosas de control de las epidemias de VIH y VHC, de criminalidad y de disfunción social para las personas con dependencia a opioides. A estos problemas, creados por la ausencia de visión y compromiso de las autoridades con promover la salud y el bienestar de la población usuaria y de las personas con las que incurren en contacto sexual sin protección, hay que añadirle los enormes costos sociales que representan el gasto en instituciones carcelarias, la desintegración familiar ocasionada por la encarcelación, la violencia sistémica asociada al mercado ilegal de drogas y las vidas jóvenes que esta lucha sistémica sesga. Conjuntamente con la corrupción de las instituciones legítimas del estado y de la sociedad, nuestra política de drogas, como enfatizáramos en un artículo escrito con el Dr. Salvador Santiago hace unos años, más que una guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra en contra de nuestra salud.

 ¿Hay remedios para el país? Retomar medidas salubristas dada la dimensión de nuestro problema, ¿redundará en beneficios? Las lecciones que nos brinda Portugal son muy importantes.

Primeramente, previo a la adopción de su nueva política, Portugal estaba rezagada comparado a otras naciones de Europa Occidental en cuanto a la adopción de medidas salubristas se refiere para atender el problema de las drogas (independientemente de la despenalización). No es hasta después de 1994 que España comienza a adoptar medidas de mitigación de daños (más tarde que el Reino Unido, Holanda y Suiza), y alcanza logros significativos de salud pública asociados al manejo salubrista para atender el uso de drogas ilegales cuando expande el acceso a tratamiento con metadona y establece medidas de reducción de daños, incluyendo acceso a jeringuillas limpias en prisión y, posteriormente, el acceso a tratamiento asistido con heroína.

La situación en Portugal ameritaba una reformulación de sus estrategias. Los logros en salud que se nos han presentado demuestran que, a pesar de la magnitud del problema y del momento histórico en que se adoptan, comparado a otras naciones de la región, las medidas salubristas son capaces de reducir las consecuencias adversas del abuso o dependencia de drogas ilegales y de incentivar y retener en tratamiento a las personas que pueden beneficiarse del mismo. De manera que es posible ver cambios significativos en la prevalencia de tratamiento efectivo que, a  su vez, redunda en resultados que benefician la salud física, mental y social tanto del usuario como de su comunidad. En esto estriban las acciones de la salud pública y a ello nos referimos cuando aludimos a una perspectiva salubrista.

¿Está Puerto Rico listo para reformular su política? Creemos que sí. Como parte de las actividades de un grupo de abogacía que co-dirijo, la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas en Puerto Rico, presentamos los resultados de una encuesta de opinión llevada a cabo hace casi un (1) año en la que se observó que más del 80% de la población adulta de la isla endosa que la adicción es una condición de salud que se puede beneficiar de servicios en el sector de salud, que una proporción comparable la construye como una enfermedad crónica que necesita acceso prolongado a servicios y que las personas encuestadas endosaron la deseabilidad de aportar mensualmente un par de dólares adicionales a su prima de seguro de salud si ello redunda en ampliar el acceso al tratamiento para las personas con dependencia a drogas.

¿Qué falta? Necesitamos una perspectiva integrada eco-sistémica. Hemos sido testigos de que los partidos políticos proponen integrar una perspectiva salubrista en sus plataformas, sin embargo, sus propuestas para atender el crimen, sobre todo los delitos contra la persona, entran en franca contradicción con el conocimiento que se tiene de múltiples estudios y experiencias habidas en otras naciones como Portugal que demuestran los beneficios de aumentar los recursos asignados a tratamiento, en vez de insistir en la persecución de los usuarios, porque se reduce el crimen y los problemas sociales y de salud que aquejan a la persona con dependencia que vive en condiciones de marginación. Liberar recursos mal utilizados en aumentar las fuerzas castrenses y todo el aparato industrial que se necesita para sostenerlas permite sin lugar a dudas, como demuestra Portugal, contar con los recursos para sostener las medidas de salud que necesitamos. La experiencia de Portugal se suma a la de muchos otros países que han reducido la criminalidad y el VIH incorporando medidas salubristas de reducción de demanda. Los datos que sostienen las ganancias de inversiones en tratamiento se han replicado en muchos estudios y experimentos naturales a través del globo y están disponibles desde hace casi veinte (20) años. Uno de los datos más citados provienen de un estudio de costo beneficio que llevó a cabo la Corporación RAND para el Departamento de Defensa de EU, el cual demuestra que la inversión en tratamiento es quince (15) veces más costo beneficiosa que invertir en medidas de control de oferta en el país consumidor.

Más allá de las consideraciones legales, ¿qué retos enfrentamos para instrumentar una política salubrista en PR?

1. Tenemos serias carencias en la fuerza laboral que se requiere para intervenir efectivamente en iniciativas que primen las intervenciones de salud centradas en las necesidades de los pacientes. Esto incluye a profesionales de la salud, de servicios sociales y del sector legal. En Puerto Rico, como en Estados Unidos, la mayoría de las personas entran a tratamiento bajo coerción. La estigmatización o demonización del usuario ha facilitado, desde mucho antes de que el Presidente Richard Nixon escalara la guerra contra las drogas, una intensa devaluación de la persona que usa drogas ilegales casi tildándole de infra-humano. Solo así podemos consentir que la cárcel sea un remedio aceptable para esa conducta.
2. Aboguemos por un plan nacional trans-partidista que facilite las enmiendas al enorme daño que le hemos hecho a nuestra comunidad privilegiando un modelo prohibicionista de parte de todas las administraciones de gobierno.
3. Tenemos que hacer distinción entre uso y uso problemático. ¿A quién beneficia el tratamiento? ¿Es todo uso problemático? Hasta el momento los datos científicos no establecen que, por ejemplo, el uso de marihuana conduce inequívocamente al uso de otras drogas más fuertes. La marihuana tiene más bajo margen de peligrosidad e incluso efectos salubres. No todo el que usa una droga recreativa desarrolla un uso problemático. El uso del alcohol, droga de alto consumo, no lleva irremediablemente al abuso del alcohol o a la adicción. Lo mismo ocurre con heroína y cocaína. Debemos ampliar tratamiento para atender la demanda de las personas con uso problemático. El mero uso no debe de constituir razón para enviar al usuario a tratamiento como ocurre en la actualidad, con la consecuencia de que escasos espacios se utilizan indiscriminadamente dado que la alternativa para usuarios es el confinamiento carcelario.
4. Reconozcamos que existe un poderoso complejo de seguridad-carcelario-industrial e instituciones de la economía legítima que se beneficia del dinero que circula en la economía ilegal y se opondrá a cambios en paradigmas. Se vivió en California cuando se llevó la proposición 36 a referendo, en la que se proponía tratamiento en vez de encarcelación para usuarios que incurrieron en crímenes no-violentos, y entre sus más vocales opositores se encontraba la asociación de guardias penales del estado. Para ellos, al igual que para la industria de cárceles privadas, reducir conductas punibles con cárcel representa una merma en la población penal que afecta adversamente sus intereses pecuniarios. Estos sectores abogarán por penas más largas y por criminalizar conductas para garantizar la materia prima de su industria. La industria del dopaje, la de seguridad, incluyendo las agencias federales privilegiadas para combatir el trasiego, constituyen fuerzas poderosas que hay que incorporar al discurso, porque desean perpetuarse. Estas lucrativas y poderosas industrias abogan por una falsa seguridad para justificarse.

Les exhorto a que continuemos estudiando las experiencias de Portugal y otras naciones con medidas para descriminalizar el uso de drogas, así como los trabajos sobre política global que han ido emergiendo para favorecer un cambio paradigmático importante, y convoquemos al país al dialogo para mejorar nuestra vida en esta islita. Muchas gracias.

* Discurso pronunciado por la Dra. Carmen E. Albizu-García en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en ocasión de la presentación Iniciativa Portuguesa en Torno a la Drogadicción y el Narcotráfico: Experiencias y Lecciones, auspiciada por la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación,  San Juan, 6 de marzo de 2012.

^** Catedrática, Escuela Graduada de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico.