Camino a la oscuridad en Puerto Rico

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    por Efrén Rivera Ramos
    lunes, 16 de agosto de 2021

    Camino a la oscuridad en Puerto Rico

    Nunca se había hablado tanto de la necesidad de la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. De hecho, a ninguna persona que aspire a un cargo electivo se le ocurriría proclamar que no cree en la transparencia. Pues se trata de un principio que hoy día se considera clave en cualquier andamiaje democrático.

    Ese entendido fundamental recibió un impulso importante de parte, nada más y nada menos, que del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Desde la década de 1980, ese organismo ha desarrollado una impresionante jurisprudencia que afirma que en nuestro país el derecho de acceso a la información pública es de rango constitucional.

    Y, después de muchos años de lucha, hasta la Asamblea Legislativa, sacudiéndose parcialmente de una modorra patológica en torno al tema, logró aprobar dos leyes que, aunque deficientes, establecen al menos algunos procedimientos legales para hacer viables los reclamos de acceso a la información de la ciudadanía. Cualquier persona interesada en esta cuestión estaría tentada a sentirse orgullosa de esos desarrollos.

    El problema, sin embargo, es que, como dice el viejo refrán, del dicho al hecho, hay un gran trecho. Pues a pesar de la retórica al uso sobre el cacareado principio de la transparencia, los acontecimientos ilustran cuán lejos estamos de su realización plena. Algunos ejemplos recientes bastarán como prueba.

    El conglomerado LUMA Energy, entidad que realiza una importante función pública sostenida con fondos públicos, se niega a entregarle a la legislatura información pertinente sobre sus operaciones. Información que es necesaria para que ese cuerpo representativo ejerza sus funciones fiscalizadoras y para que el pueblo conozca cómo se está gestionando un servicio crítico para su vida, salud y bienestar.

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    La Junta de Control Fiscal rehúsa entregarle información relacionada con sus gestiones al Centro de Periodismo Investigativo y pelea como fiera boca arriba para que no nos enteremos sobre aspectos cruciales de su funcionamiento.

    La Policía de Puerto Rico se ha obstinado en ocultar datos sobre su uso de fuerza letal y se le ha tenido que obligar judicialmente a cumplir con su obligación legal.

    La Universidad de Puerto Rico se ha resistido a entregarle a este periódico información sobre los procesos de acreditación del Departamento de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas.

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    El jefe del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se le cuadró amenazante a la representante Mariana Nogales para impedirle físicamente la entrada a una reunión en un lugar público al que se había invitado a otros legisladores y funcionarios. Se trató sin duda de una intentona de encubrimiento de información atinente a asuntos públicos.

    Varias organizaciones no gubernamentales han tenido que recurrir a los tribunales decenas de veces para vencer la renuencia de funcionarios de todos los niveles a hacer pública la información que custodian. Para colmo, se malgastan cantidades cuantiosas de dinero público para defender judicialmente esos empeños obstinados de ocultamiento.

    Como si fuera poco, ahora el propio Tribunal Supremo, otrora paladín del derecho a la información, se afana en excluirse de sus propias normas y, sin justificación legal sostenible, veda el acceso a las grabaciones de los procesos judiciales que precedieron el asesinato de Andrea Ruiz Costas. A más de cien días de la muerte de la joven mujer, salvo lo que se ha podido filtrar por fuentes no oficiales, todavía no se sabe con precisión lo que transcurrió en aquellos desafortunados incidentes judiciales. En parte ello se debe a que la encomienda que se le dio al comité creado para estudiar la situación se diseñó para que no se divulgaran detalles del caso.

    Las consecuencias de esta oleada de negativas son de envergadura. Su efecto agregado constituye un menoscabo serio de la Constitución, una violación de derechos civiles, políticos y culturales reconocidos en la normativa internacional de derechos humanos y un empobrecimiento sustancial de la poca democracia que tenemos.

    Más que a un horizonte de transparencia parece que nos abocamos a la más densa oscuridad en el funcionamiento del Estado.

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