Prólogo

Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico 1900 - 1903

Trasfondo y Vida de la Cámara de Delegados de Puerto Rico

Dr. José Trías Monge

Este volumen inicia la publicación de las actas, hasta ahora inéditas, de la Cámara de Delegados de Puerto Rico. Antes de considerar las circunstancias que llevaron al establecimiento de esta institución y gobernaron su funcionamiento, examinemos los organismos y usos que la precedieron bajo el régimen español.1

1. Los Cabildos y la Diputación Provincial.

Antes del siglo XIX, el cabildo era la única institución representativa, al menos teóricamente, del elemento criollo. El cabildo se componíaprincipalmente de alcaldes y regidores. Los pueblos de mayor categoríacontaban con dos alcaldes. Los alcaldes eran elegidos por los regidores onombrados por el Gobernador y Capitán General. Cuando eran elegidos su designación estaba sujeta a confirmación por el Gobernador. Los regidores, cuyo número fluctuaba usualmente entre cuatro y seis para pueblos y villas, eran nombrados por el Rey, aunque luego se generalizó la práctica de vender los regimientos. En las ciudades, el número de regidores era generalmente de ocho o más.

Las funciones principales de los cabildos eran imponer los tributos locales; supervisar la construcción de las obras públicas en el municipio; asegurarse de la operación eficiente de hospitales y cárceles, así como del mantenimiento de los caminos y edificios públicos; reglamentar las fiestas patronales; y establecer los precios de los mercados locales. Las ordenanzas que aprobaban los cabildos estaban sujetas a confirmación por el Gobernador.

El municipio en Puerto Rico no gozó de la vitalidad que le caracterizó en Tierra Firme, asemejándose más bien al decadente municipio español de su tiempo. Los cabildos en Puerto Rico estuvieron generalmente sujetos al poder del Gobernador. El logro de la autonomía municipal fue aspiración básica del pensamiento liberal puertorriqueño a lo largo del siglo XIX.

Si escasa fue la participación del puertorriqueño en los asuntos locales de gobierno durante los primeros tres siglos de su historia, su intervención a nivel insular fue inexistente hasta el establecimiento en 1812 de la Diputación Provincial. La Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, les extendió a Puerto Rico y las otras provincias de Ultramar, al mismo tiempo que a las españolas, la institución de la Diputación Provincial y los ayuntamientos electivos.

La Diputación Provincial estaba compuesta inicialmente por el Gobernador, quien la presidía, el Intendente y siete miembros elegidos, pero sujetos a suspensión por el Rey, con notificación a las Cortes para su resolución definitiva. Las funciones de la Diputación Provincial no eran de índole legislativa propiamente, sino principalmente de administración y asesoría. La Diputación Provincial proponía las medidas que estimaba necesarias para el fomento de la agricultura, el comercio, la industria y la educación; examinaba las cuentas de los ayuntamientos; formaba los repartos contributivos y supervisaba la inversión de los fondos públicos.

La Diputación Provincial, aun con sus modestas atribuciones, y los ayuntamientos electivos no eran bien vistos por los elementos absolutistas y conservadores. Por la mayor parte del siglo XIX se suprimieron ambas instituciones o fueron intervenidas a tal grado que vivieron sujetas a la voluntad desnuda del Gobernador.

2. El Camino hacia el Parlamento.

La Junta Informativa de 1867 protestó contra este orden de cosas, solicitando, no sólo el restablecimiento de la Diputación Provincial, sino su expansión, para convertirla en inicio de parlamento. El Partido Liberal Reformista, el primer partido político permitido por España, fundado el 24 de noviembre de 1870, recabó en su programa mayor suma de facultades para la Diputación Provincial y los ayuntamientos. El Partido Conservador, fundado el 11 de marzo de 1871, denominado luego Partido Incondicionalmente Español, se opuso a los alcaldes de elección popular y al fortalecimiento y expansión de la Diputación Provincial.

El Partido Autonomista Puertorriqueño, fundado a comienzos de marzo de 1887 y sucesor del Partido Liberal Reformista, requirió una Diputación Provincial con poderes casi equivalentes a los de un parlamento. El partido fue objeto de persecución oficial prácticamente desde su fundación, pero, a partir de 1893, varios ministros españoles apoyaron reformas sustanciales que le impartían a la Diputación Provincial rasgos parlamentarios.

El proyecto de Antonio Maura, Ministro de Ultramar, propuesto en Cortes en junio de 1893, proveía para una Diputación Provincial con poderes, entre otros, para acordar lo conveniente sobre la educación, la industria, el comercio, la agricultura, las obras públicas, la inmigración, las comunicaciones telegráficas y postales, terrestres y marítimas, la sanidad y la formación de los presupuestos de la Isla. Se le reservaba al Gobernador, no obstante, la facultad de no ejecutar los acuerdos cuando los considerase contrarios a las leyes o intereses de España, hasta conocerse el dictamen del Ministro de Ultramar. El proyecto satisfacía, aunque parcialmente, las demandas del Partido Autonomista, el cual lo respaldó, pero la fuerte oposición del Partido Incondicionalmente Español y la vacilación de Sagasta dilataron la consideración de la medida y forzaron la dimisión de Maura el 15 de marzo de 1894.

La Ley de Bases de 1895, conocida como la Fórmula Abarzuza, expandió más modestamente las funciones de la Diputación Provincial, pero, con la excusa de la guerra cubana, no se emitieron los decretos necesarios para ponerla en vigor.

El 31 de diciembre de 1896 se promulgaron los llamados Decretos de Castellano, débil intento de darle vida a la Fórmula Abarzuza. El Partido Autonomista Puertorriqueño repudió estos Decretos en manifiesto de 2 de febrero de 1897. Poco después se aprobaron las Reformas de Cánovas, que tampoco calmaron la insatisfacción antillana. Finalmente, el 26 de noviembre de 1897 se aprobó la Carta Autonómica.

3. El Parlamento.

La Carta Autonómica de 1897 dotó a Puerto Rico de un Parlamento compuesto de dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración. La Cámara de Representantes se integraba en su totalidad por individuos elegidos en proporción de uno por cada 25,000 habitantes. Los representantes eran elegidos por cinco años. Las Cámaras debían reunirse todos los años, sin que se especificase el término de reunión. El Rey y, en su nombre, el Gobernador podían convocar, suspender y cerrar las sesiones, y disolver separada o simultáneamente las Cámaras, pero con la obligación de convocarlas de nuevo o renovarlas dentro de tres meses. Los Secretarios de Despacho podían ser escogidos de entre los representantes o los consejeros. Conforme al uso constitucional español, los ministros o secretarios del despacho eran miembros del Parlamento. Muñoz Rivera gobernaría desde la Cámara de Representantes.

A pesar de que tan sólo la mitad del Senado español era electivo, la mayoría del Consejo de Administración o Cámara Alta del Parlamento insular era elegida. El Consejo se componía de quince individuos, ocho elegidos y siete designados por el Rey y, en su nombre, por el Gobernador General. Para pertenecer al Consejo se requería ser español nacido en la Isla o residente constante en ella por cuatro años, haber cumplido treinta y cinco años, hallarse en el pleno goce de sus derechos jurídicos, no tener sus bienes intervenidos, poseer con dos o más años de antelación una renta propia anualde cuatro mil pesos (luego reducida a dos mil), y no tener participación en contratos con el gobierno central o el de la isla. Además de reunir estas condiciones, para ser elegido o designado Consejero de Administración se exigía haber sido Senador del Reino o haber desempeñado durante dos años alguno de los cargos siguientes: Presidente o fiscal de la Audiencia Territorial, Director del Instituto de San Juan, Consejero de Administración del antiguo consejo de ese nombre, Presidente de las Cámaras de Comercio de San Juan y de Ponce, Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, Presidente de la Asociación de Agricultores, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de la Capital, Alcalde de San Juan o Presidente de la Diputación Provincial durante dos bienios, o Deán del Cabildo Catedral. Podían ser igualmente elegidos o designados los propietarios que figurasen en la lista de los cincuenta mayores contribuyentes por territorio o en la de los cincuenta primeros por comercio, profesiones, industria y arte. Luego se declararon elegibles también los que fuesen o hubiesen sido Secretarios del Despacho. Los Consejeros designados ejercerían su cargo de por vida. Los Consejeros electivos se renovarían por mitad cada cinco años, y por totalidad en caso de que el Gobernador General disolviese el Consejo de Administración.

Al Gobernador General, por medio de los Secretarios del Despacho, correspondía, lo mismo que a cada una de las dos Cámaras, la iniciativa de las leyes. Los estatutos se aprobaban por mayoría de los miembros de cada Cámara, presentándose luego al Gobernador General para su sanción y promulgación. Cuando el Gobernador entendiese que un acuerdo del Parlamento insular extralimitase sus facultades o comprometiese los intereses de la Isla o el Estado, remitiría el acuerdo al Consejo de Ministros del Reino, el cual, en un periodo que no podía exceder de dos meses, debía aprobarlo o devolverlo al Gobernador, exponiendo los motivos para oponerse a su aprobación. El Parlamento podía entonces volver a deliberar sobre la medida, pero carecía de poder para aprobarla en caso de desacuerdo con el Gobernador y el Consejo de Ministros.

La estructura del Parlamento insular era comparable a la de las Cortes bajo la Constitución de 1876, aunque el diseño de algunos aspectos del Consejo de Administración era de factura algo más conservadora que en España. El proceso legislativo local estaba sujeto a tres órdenes principales de controles por el gobierno central: el poder de impedir la presentación de proyectos por los Secretarios del Despacho (el Gobernador estaba facultado para detener la presentación de los proyectos de iniciativa ministerial hasta su comunicación con el gobierno central); el poder de obligar al aplazamiento de la discusión de proyectos de iniciativa parlamentaria; y la facultad absoluta de desaprobar los acuerdos de las Cámaras. Bajo las constituciones españolas de 1876, 1845 y 1837, el poder del Rey frente a las Cortes se extendía tan sólo al aplazamiento de la discusión.

Dentro de ese marco, las facultades del Parlamento de Puerto Rico eran extensas, aún más amplias en ciertos aspectos que las que goza hoy la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado o las de los estados miembros de la Unión Americana. Las Cámaras insulares tenían facultad para acordar sobre todos aquellos puntos que no hubiesen sido especial y taxativamente reservados a las Cortes del Reino o al gobierno central. El Parlamento podía estatuir sobre todos aquellos asuntos de índole puramente local que afectasen principalmente al territorio puertorriqueño. Entre otras materias, especificaba la Carta Autonómica, se podía legislar sobre el crédito público, la banca y el sistema monetario; sobre la sanidad marítima y terrestre; la formación del censo; la negociación de tratados de comercio de interés para Puerto Rico; y la fijación de los aranceles y derechos a pagarse por las mercancías importadas al territorio insular o exportadas desde él.

Los tratados de comercio en cuya negociación no hubiere intervenido el gobierno insular se le comunicarían en cuanto fueren leyes del Reino, a fin de que pudiese declarar si deseaba o no adherirse a sus estipulaciones.

La Carta Autonómica disponía además que “Una vez aprobada por las Cortes del Reino la presente Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico, no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular”. El principio de la bilateralidad de las relaciones entre Puerto Rico y España quedó así reconocido.

Los cargos públicos básicos bajo la Carta Autonómica, con la excepción del Gobernador, quedaban, por tanto, en manos de puertorriqueños. El pacto con Sagasta, que precedió la aprobación de la Carta, escindió al Partido Autonomista, por lo que, al entrar en vigor el nuevo régimen, los liberales, acaudillados por Luis Muñoz Rivera, se enfrentaron al Partido Autonomista Ortodoxo de Barbosa y al Partido Incondicional. En las elecciones parlamentarias del 27 de marzo de 1898, los liberales eligieron a veinticinco representantes y a diez de los dieciséis diputados a Cortes. Los ortodoxos eligieron a cinco diputados y seis consejeros. Los incondicionales eligieron un diputado, y los oportunistas, facción de los incondicionales, a otro más. Ya vigente el sufragio universal, el número total de votantes alcanzó a 144,420, divididos en 82,627 liberales, 16,068 ortodoxos, 2,144 incondicionales y 1,585 oportunistas. A los treinta y nueve años, Muñoz Rivera era el líder indiscutible del país, asumiendo, aunque días antes del desembarco de Miles, la presidencia y la Secretaría de Gobernación.

4. La ocupación militar.

El general Miles permaneció poco tiempo en Puerto Rico, desde la invasión del 25 de julio de 1898 hasta el 14 de agosto de ese año, dos días después de la firma del protocolo de paz. El 18 de octubre de 1898, pasó a Estados Unidos formalmente la soberanía sobre Puerto Rico, nombrándose ese día al general John R. Brooke como primer gobernador militar.

Brooke desempeñó su cargo por menos de dos meses, pero en tan corto tiempo sentó la tónica de devastación de las instituciones autónomas del país e intervención cruda en sus procesos de gobierno que distinguirían la época. Brooke comenzó por suprimir el Parlamento y, poco después, el 29 de noviembre de 1898, aun la propia Diputación Provincial, la última institución representativa remanente a nivel insular. Brooke abolió también el sistema judicial imperante y descontinuó el Gabinete, pero luego resolvió mantenerlo, y sostuvo en sus puestos a los antiguos Secretarios del Despacho.

El 9 de diciembre de 1898, sustituyó a Brooke el general Guy V. Henry, cuya hostilidad hacia Muñoz Rivera y el liderato liberal se hizo aún más evidente. En vista de que La Democracia, dirigida por Muñoz Rivera, se pronunciaba a favor de la pronta eliminación del gobierno militar, Henry le amenazó con suspender sus publicaciones. Índice del clima político de los tiempos, La Nueva Era, órgano de los ortodoxos, que pronto habrían de fundar el Partido Republicano, censuró fuertemente a La Democracia por criticar al gobierno de Estados Unidos.

Henry designó a norteamericanos para ocupar los ministerios principales. Ante la crítica liberal creciente, derribó del poder al propio Muñoz Rivera, disolviendo el 12 de febrero de 1899 el Consejo de Secretarios. En la orden emitida para efectuar, por dictado militar, estos cambios, se hizo alusión directa a Muñoz Rivera, quien el 10 de marzo abandonó temporeramente el país. La disolución del gabinete, así como otros actos de Henry, fueron calurosamente aplaudidos por los ortodoxos. Henry intervino también en la administración de los municipios, no vacilando en destituir alcaldes y concejales cuando le tenía a bien. El objeto de su desagrado, que se traducía en expresiones públicas, era usualmente el Partido Liberal.

El 9 de mayo de 1899, el general George W. Davis sustituyó a Henry. Davis aceleró la tarea de asimilación de instituciones y usos políticos, recogiendo en sus manos los hilos del poder y excluyendo a los puertorriqueños, con excepciones, de posiciones de importancia. Davis centralizó en la gobernación los nombramientos. Ningún funcionario o empleado cuyo sueldo excediese de $1,200 anuales podía ser nombrado, ascendido o sustituido sin su consentimiento. Para las únicas elecciones celebradas durante el periodo del gobierno militar, las elecciones municipales, llamadas de los cien días, Davis abolió el sufragio universal de los varones existente e impuso requisitos de propiedad y alfabetismo.

5. Reorganización de los viejos partidos.

Durante el gobierno militar se reorganizaron los partidos políticos existentes bajo el régimen anterior. El 4 de julio de 1899, los autonomistas ortodoxos fundaron el Partido Republicano Puertorriqueño. Su programa favorecía la “Anexión definitiva y sincera de Puerto Rico a los Estados Unidos, en calidad de territorio organizado”. “Juramos lealtad”, añadía, “a la Bandera de los Estados Unidos y a las ideas americanas, aspirando a que el prestigio de Puerto Rico, como miembro de la Unión Federal, se refleje en la grandeza de la Nación, de que deseamos formar parte”.2

De vuelta de Estados Unidos, Muñoz Rivera y otros líderes autonomistas liberales fundaron el 1 de octubre de 1899 el Partido Federal, denominado más tarde el Partido Federal Americano. El Partido Federal también celebraba la anexión. “El Partido Federal”, señalaba el manifiesto en que se propuso la constitución del partido, “acepta y aplaude el hecho de la anexión, consumado tras la guerra, considerando que Puerto Rico será un pueblo próspero y feliz a la sombra de la bandera americana y al amparo de las instituciones federales”.3 Al igual que el Partido Republicano, el Federal reclamaba la estadidad eventual y, como paso de transición, la condición de territorio, pero con todos los derechos de un estado, excepto el de enviar senadores y representantes al Congreso.

El 22 de octubre de 1899 Santiago Iglesias fundó la tercera colectividad: el Partido Obrero Socialista, afiliado al Partido Obrero Socialista de Estados Unidos. El Partido Obrero Socialista también favorecía la estadidad, pero el gobernador militar le negó representación electoral en las elecciones de los cien días. Iglesias tampoco concurrió a las primeras elecciones celebradas bajo la Ley Foraker, dada la hostilidad abierta de los gobernantes de aquellos tiempos a la causa obrera. En 1915, Iglesias fundó un nuevo partido, el Partido Socialista, que llegó a alcanzar fuerza considerable años después del periodo que comentamos aquí.

El 2 de agosto de 1898, Eugenio María de Hostos fundó la Liga de Patriotas Puertorriqueños, la cual nunca alcanzó categoría de partido político. La posición de Hostos era que “ni a Puerto Rico ni a los Estados Unidos conviene la entrada de nuestra isla en la federación; que ni para Puerto Rico ni para la Unión Americana es digna la anexión forzada; que el interés de todos está en un gobierno temporal… y que la dignidad de todos… reclama: o un plebiscito para aceptar la anexión, o un gobierno temporal que haga innecesario el plebiscito”.4 La voz de Eugenio María de Hostos no fue escuchada.

En las elecciones municipales de los cien días, celebradas desde el 26 de octubre de 1899 hasta el 5 de febrero de 1900, triunfaron los republicanos. La parcialidad de los gobernantes norteamericanos y la prolongación del régimen militar provocaron la intensificación del ataque de Muñoz Rivera a aquel estado de cosas. A su regreso de su estadía en Nueva York, tras su destitución por Henry, y poco antes de la fundación del Partido Federal, Muñoz escribió:

“Cuando cesó en Puerto Rico el 18 de octubre el imperio de la vieja metrópoli, casi todos creímos—y digo casi todos porque yo di entonces la nota del pesimismo y la reserva—casi todos creímos que la nueva metrópoli nos traía el inmediato remedio de nuestros males. El ensueño optimista se desvaneció al contacto de la dura realidad. Hace once meses que flota en nuestras playas el pabellón de las estrellas. Y del pueblo americano sólo conocemos el poderío militar…”.5

Luis Muñoz Rivera censuró luego acremente los procedimientos seguidos en las elecciones de los cien días y los proyectos de ley que culminaron en la Ley Foraker. Contrario al liderato republicano, Muñoz Rivera se negó a celebrar el primer aniversario del desembarco en Guánica de las tropas norteamericanas, escribiendo en El Diario de Puerto Rico:

“El Gobierno norteamericano encontró en Puerto Rico una autonomía más amplia que la del Canadá. Debió respetarla y ensancharla y sólo quiso y pudo destruirla…

“Por eso, y por lo que queda en el silencio y en la sombra, no celebramos el 25 de julio.

“Porque creíamos que amanecía una era de libertad y asistimos al espectáculo de una absorción terrible.

“Porque suponíamos que, a lo menos, se nos declararía territorio, y ni siquiera Colonia se nos declara.

“Porque no se nos concedió nada de lo que se nos prometía y porque nuestra condición es la de siervos adscritos al terruño conquistado”.6

La actitud frente al nuevo régimen marcó la distinción fundamental entre el Partido Federal y el Republicano. En protesta por la conducta parcializada de los gobernantes norteamericanos, el Partido Federal no concurrió a las primeras elecciones convocadas bajo la Ley Foraker, el estatuto que creó la Cámara de Delegados de Puerto Rico.

6. La Ley Foraker.

El 12 de abril de 1900 se aprobó la primera Ley Orgánica o Ley Foraker para dotar a Puerto Rico de un gobierno civil. El grado de gobierno propio que se le reconoció al país fue en extremo pobre.

El Gobernador ostentaba el carácter dual de jefe ejecutivo de la colonia y representante de la metrópoli. Era nombrado por el Presidente de Estados Unidos, con el consejo y asentimiento del Senado. Su término era de cuatro años, pero el Presidente podía destituirlo a su arbitrio.

El Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado, también nombraba para igual término a los seis secretarios del despacho o jefes de departamento que proveía la ley: el Secretario, el Procurador General, el Tesorero, el Auditor, el Comisionado del Interior y el Comisionado de Instrucción.

Los jefes de los seis departamentos o secretarías, junto con otras cinco personas, nombradas de igual manera que aquéllos y por el mismo término, componían el Consejo Ejecutivo, cuerpo que también servía de Cámara Alta de la Asamblea Legislativa. Por lo menos, cinco de los miembros del Consejo Ejecutivo debían ser residentes nativos de Puerto Rico.

Completaba la Asamblea Legislativa la Cámara de Delegados, único cuerpo representativo a nivel insular permitido por la Ley Foraker. La Cámara se componía de treinta y cinco miembros, elegidos cada dos años. La redistribución electoral estaba a cargo del Consejo Ejecutivo, habiendo éste de dividir la Isla en siete distritos, cada uno de los cuales elegiría cinco delegados. Para ser elegible a la Cámara de Delegados había que ser mayor de veinticinco años, saber leer y escribir español o inglés, y poseer en virtud de derecho propio bienes raíces o muebles tributables en Puerto Rico.

Los proyectos de ley podían originarse en cualquiera de las dos cámaras. No sería sino hasta 1917 cuando se obtendría del Congreso una disposición para obligar a que las leyes de presupuestos y rentas se originasen en la Cámara Baja. Las leyes se aprobaban por mayoría absoluta de ambos cuerpos. Si el Gobernador no sancionaba el proyecto, éste era devuelto a la cámara de origen y, de ser aprobado por las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, se convertía en ley. Esta facultad de vencer el veto del Gobernador era simple espejismo, dado el férreo control de la Cámara Alta ejercido por la metrópoli. Cuando la segunda Carta Orgánica proveyó en 1917 para una Asamblea Legislativa totalmente elegida, el Congreso se cuidó de arrebatarle el poder de pasar por encima del veto del Gobernador.

La autoridad legislativa estatuida por la Ley Foraker alcanzaba “todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables”. Dos circunstancias constreñían severamente, sin embargo, el ámbito de este poder. Las leyes de Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, disponía la sección 14 de la Ley Foraker, “tendrán la misma fuerza y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, excepción hecha de las leyes de rentas internas.”. Esto no quería decir, sin embargo, que la facultad legislativa del menguado parlamento creado por la Ley Foraker fuera tan ancha como la de los estados, ya que el Congreso podía legislar municipalmente para Puerto Rico sobre cualquier tema, poder que le estaba constitucionalmente vedado en cuanto a los integrantes de la Unión. Como salvaguarda adicional para mantener la iniciativa legislativa local dentro de límites aceptables y modestos, la Ley Foraker dispuso, como se haría también por la segunda Carta Orgánica, que “toda ley decretada por la Asamblea Legislativa será comunicada al Congreso de los Estados Unidos, el cual, por la presente, se reserva la facultad de anularla si lo tuviere por conveniente”.

La judicatura estaba igualmente bajo el control de la metrópoli. Los magistrados del Tribunal Supremo eran nombrados por el Presidente, con el concurso y asentimiento del Senado. Los jueces de Distrito eran nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Consejo Ejecutivo, y los demás funcionarios y empleados de las demás cortes serían seleccionados según dispusiese la Asamblea Legislativa.

La Ley Foraker también estableció una Corte de Distrito de los Estados Unidos, contrario a la situación en las Islas Filipinas, cuyas leyes orgánicas se abstuvieron de crear una corte federal en aquel territorio. El juez federal era nombrado por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado, por el término de cuatro años, distinto a los términos vitalicios de los jueces federales en Estados Unidos.

El Congreso se negó, por último, a incluir en la Ley Foraker una Carta de Derechos, y eliminó de los proyectos originales la extensión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños.

La reacción de Luis Muñoz Rivera a la Ley Foraker fue acerba. “La Ley Foraker”, le escribió Muñoz Rivera al Presidente de Estados Unidos, “…no debió nunca salir del Capitolio de Washington. Es una Ley indigna de los Estados Unidos, que la imponen, y de Puerto Rico, que la soporta. No existe en ella la más leve sombra de un pensamiento democrático”.7 La Democracia, órgano del Partido Federal, afirmaba:

“Con el régimen civil hoy, como con el régimen militar ayer, el pueblo de Puerto Rico continúa sin voluntad, sin personalidad, sin derecho a intervenir en el gobierno del país”.8

A raíz de la aprobación de la ley, La Democracia había criticado vigorosamente la composición y funciones del Consejo Ejecutivo, las limitaciones impuestas al poder legislativo y la negativa a proveer para un Gobernador elegido, entre otras disposiciones, concluyendo: “Nos parece, pues, el tal bill, un remedo ridículo de aquellas reformas autonómicas del señor Cánovas del Castillo”.9

Esta posición contrastaba con la republicana. El País, órgano republicano, al aprobarse la Ley Foraker, señaló que “El primer deber de un ciudadano es el de obedecer las leyes”, atacando “el puertorriqueñismo estéril” y “los lirismos patrioteros”.10 Barbosa, a su vez, tras tachar la ley de imperfecta, expresaba:

“nosotros aplaudimos la ley Foraker y… tuvimos gratitud hacia su autor… lejos de maldecir esa ley, hemos dicho que como ley transitoria era buena…”.11

Las expresiones de Eugenio María de Hostos sobre la Ley Foraker fueron tajantes:

“Es, en realidad, y para aumento de pena del corazón y la razón de aquellos que ven cómo se van desviando de su senda las instituciones americanas, un ensayo de gobierno híbrido, mezcolanza de régimen a la americana y de coloniaje a la española, que podrá desde ahora recomendarse a la crítica sociológica del porvenir como una de las muestras del peligro que arrostran las sociedades democráticas cuando remedan o copian las organizaciones autocráticas, pero que de juro no será un gobierno de buena fe y de buena enseñanza para la pobre Puerto Rico.

“Desde el momento de esa declaración Legislativa, ya no hay lugar a tergiversaciones de la realidad, y no proceden más que dos modos de contemplarla: o como anexionistas confesos o como puertorriqueños que hacen uso de los derechos y recursos que se les dejan para reivindicar la soberanía del país”.12

7. La organización del gobierno civil.

El primer gobernador civil bajo el nuevo régimen, Charles Herbert Allen, arribó a la Isla el 1 de mayo de 1900, fecha en que entró en vigor la Ley Foraker. Allen se había estado desempeñando hasta entonces como Secretario Auxiliar de la Marina. Allen tomó cartas de inmediato en el juego político, favoreciendo abiertamente al partido más americanizante. Allen escribía así en su primer informe anual al Presidente sobre su gestión, acto requerido por la Ley Foraker:

“… there can be no denying the fact that while the Republican party accepts the American control of the island in good faith, and gives a hearty support to the Administration, the same cannot be candidly said of their political opponents”.

“The Americans residing in the island regret the course pursued by the Federals, because it showed subservience to individual political control incompatible with true American government…

“The Federal party is so subservient to a leader who is malcontent that it has followed him to a large extent in his policy of obstruction, and, as a natural sequence, has persistently opposed the American policy toward the island. On the other hand, it should be said that there are a good many educated, intelligent, professional and businessmen in the Federal party who would naturally be found upon the side of good order and regular development, who, when relieved of bad leadership, can confidently be relied upon, it is thought, to be upon the side of administration of affairs in the island as tend to its permanent advancement”.13

A comienzos de junio de 1900, el Presidente de Estados Unidos nombró a los seis secretarios y a los cinco individuos que compondrían el Consejo Ejecutivo. El nombramiento de todos los secretarios recayó en norteamericanos, limitándose al mínimo legal de cinco la participación de los naturales de la Isla. Dos de los cinco, José C. Barbosa y Rosendo Matienzo Cintrón, fueron designados por recomendación del Partido Republicano. Otros dos, José de Diego y Manuel Camuñas, fueron recomendados por el Partido Federal. El quinto miembro designado por el Presidente, Andrés Crosas, era alegadamente independiente. No fue hasta 1913 cuando se les otorgó a los puertorriqueños una mayoría nominal en el Consejo, aunque en la práctica, dado el número de colaboradores nativos con el régimen imperante, la metrópoli siempre tuvo firme control del Consejo.

El Consejo Ejecutivo se constituyó el 21 de junio de 1900, celebrando su primera reunión el 27 de agosto siguiente. De inmediato aprobó un plan para la distribución electoral de la Isla que causó gran revuelo. El plan había sido preparado por Andrés Crosas, aunque, según Bolívar Pagán, su verdadero autor fue el Presidente del Partido Republicano, Manuel F. Rossy.14 El incidente provocó la renuncia, el 6 de septiembre de 1900, de José de Diego y Manuel Camuñas, nombrándose a dos republicanos para sustituirlos en el Consejo.

El Consejo dispuso que las primeras elecciones generales bajo la Ley Foraker se celebrasen el 6 de noviembre de 1900. Convencido de la parcialidad de los gobernantes norteamericanos, el Partido Federal acordó el 24 de octubre no concurrir a las elecciones. La abstención federal fue casi absoluta, produciéndose tan sólo 148 votos federales contra 58,367 republicanos. Fue así cómo la primera Cámara de Delegados se compuso exclusivamente de miembros del Partido Republicano, ocupando también dicho partido, para entonces colaborador consecuente, si no incondicional, del nuevo régimen, todos los escaños del Consejo Ejecutivo reservados al elemento nativo. Muñoz Rivera explicó así la decisión del Partido Federal de ir al retraimiento:

“La orden del Gobernador—única que rige—para hacer las elecciones crea una junta de inscripción en San Juan y diversas juntas subordinadas en la Isla. Unas y otras reciben del propio gobernador su nombramiento y poseen la facultad de inscribir o no inscribir a los electores, a su capricho y sin responsabilidades ulteriores.

“Por eso, al elegirse la Cámara, fue a las urnas un solo partido, aquél que lisonjeaba al Gobierno, secundando sus planes, inclinándose frente a sus injusticias y aceptando en desdoroso silencio, o con incomprensible aplauso, la muerte de la patria. Y, por eso, la Cámara, en que existe un solo matiz de opinión, no representa los intereses del país, sino los intereses y las ideas del Gobierno, que las impuso y las sostiene por la fuerza.”.15

La Cámara de Delegados se constituyó el 3 de diciembre de 1900, iniciándose el mismo día las labores de la primera legislatura.

8. La primera legislatura.

El elemento oficial dentro del Consejo Ejecutivo, junto al Gobernador, con el apoyo entusiasta de los legisladores republicanos, dominó el proceso legislativo de los primeros dos años. La Cámara de Delegados generó escasísima legislación de importancia y, por lo común, endosó sin gran debate o enmiendas de consideración las medidas que le sometieron el Gobernador o el Consejo Ejecutivo. Las resoluciones concurrentes, los memoriales y otras comunicaciones de la Cámara, ni siquiera eran publicadas. Es en estas actas que se auspician hoy donde puede hallarse constancia de su existencia.

Esta primera legislatura (1900-1902) fue la que allanó el camino para la transformación del derecho puertorriqueño, importando en masa códigos y leyes norteamericanos. Con inquietante premura, y prácticamente sin discusión, se aprobaron, el 1 de marzo de 1902, un nuevo Código Penal, un Código de Enjuiciamiento Criminal y un Código Político; el primero, copiado de Montana, y los otros dos, de California. Diez días más tarde se decretó un nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, calcado del de Idaho. Se derogaron o alteraron también, a veces sub silentio, disposiciones de los códigos remanentes, el Civil y el de Comercio, introduciéndose en el derecho del país muchas otras instituciones del derecho común norteamericano.

Esta primera legislatura fue la que permitió el empleo de niños y niñas menores de 14 años en fábricas agrícolas y establecimientos manufactureros, siempre que no trabajasen más de tres horas por la mañana y tres por la tarde;16 la que promulgó una ley de derechos civiles que era menguada versión de los reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos y aun por las españolas de 1869 y 1876;17 la que prohibió las huelgas;18 sancionó la ley del idioma;19 y la que, motivada en parte por la negativa de Muñoz Rivera y muchos de sus seguidores a celebrarlo, declaró el 25 de julio día de fiesta en el país.20

El Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados competían en el despliegue de atención a los requerimientos de las corporaciones norteamericanas. En 1902 el Consejo Ejecutivo solicitó del Congreso que se elevase de quinientos a cinco mil el número máximo de acres que podían poseer las corporaciones.21 El Gobernador aplaudía éstos y otros esfuerzos:

There is every tendency to protect capital, yet the elevation of labor has not been overlooked“, escribía Hunt en su informe anual al Presidente.22

9. Fin de la hegemonía republicana.

En 1902 el Partido Republicano logró, con la colaboración de los gobernantes norteamericanos, la aprobación de una nueva ley de elecciones que privó al Partido Federal de su franquicia electoral y lo obligó a inscribirse de nuevo para poder ejercer el sufragio. 23 El Partido Republicano ganó cómodamente las elecciones de 1902, obteniendo 73,823 votos contra los 34,605 del Partido Federal. Los republicanos triunfaron en cinco distritos, y los federales en dos, quedando integrada la Cámara de Delegados por veinticinco republicanos y diez federales. Para esa época, Muñoz Rivera residía en Nueva York, adonde se trasladó en julio de 1901 tras renunciar a la presidencia del Partido Federal en febrero de ese año.

La segunda legislatura (1903-04) siguió la política de la anterior de apoyo ciego a los nuevos gobernantes. La importación de instituciones norteamericanas continuó a toda marcha. El 16 de febrero de 1902, se autorizó al Gobernador a traspasar a Estados Unidos parte o la totalidad de Culebra y otros terrenos, así como para adquirir por expropiación forzosa cualesquiera otras tierras que desease en Puerto Rico.24 Al establecerse por ley ese año la Universidad de Puerto Rico se encomendó su gobierno al elemento oficial norteamericano.25 La Junta de Síndicos de la Universidad se componía del Gobernador, el Comisionado de Instrucción, el Procurador General, el Secretario y el Tesorero, como miembros natos, y de seis miembros adicionales nombrados por el Gobernador por el término de tres años. El Presidente de la Cámara debía de ser uno de esos seis miembros.

Durante este segundo bienio creció el descontento tanto con el Partido Republicano como con el Federal Americano, nombre este último asumido para las elecciones de 1902. Rosendo Matienzo Cintrón, hastiado con el triste papel que jugaban los miembros puertorriqueños en el Consejo Ejecutivo, renunció a dicho cuerpo, abandonó las filas republicanas y, junto a Julián Blanco, Manuel Zeno Gandía, Julio Henna y otros distinguidos líderes, se dedicó a predicar la necesidad de fundar un nuevo partido de unión entre los puertorriqueños. José de Diego, Santiago R. Palmer y, su presidente, desde Nueva York, Luis Muñoz Rivera, abogaban mientras tanto por la disolución del Partido Federal Americano.

El 20 de enero de 1904 regresó Muñoz Rivera a Puerto Rico tras dos años y medio de ausencia. En manifiesto al país expresó:

“De las ciudades y los campos se alza el rumor de un descontento sordo y profundo o el clamor de una protesta que no cabe ya en los moldes de nuestra mansedumbre legendaria…

“Inútil demandar la ciudadanía, inútil reclamar el derecho de que se os trate en condiciones de personas y no en condición de objetos. De igual suerte que en la época de la Roma imperial, se adquirió por el Tratado de París el terruño, y con el terruño el siervo adscrito. Sois esclavos. Os rige un Presidente que se designa sin vuestro voto. Legisla para vosotros un Consejo que el Presidente nombra a su capricho. Ni siquiera intervenís con eficacia en la fijación de los impuestos, que se cubren con el sudor de vuestras frentes. Y esta vergüenza, que no tolerarían los zulúes ni los abisinios, que rechazarían las tribus del Arauco y de la Patagonia, esta ignominia de la servidumbre en plena civilización, gravita sobre vosotros y os marca con sello de inferioridad, inmerecida si intentáis virilmente sacudirla, degradante si os resignáis dócilmente a soportarla.

“En Puerto Rico no influyen nada los puertorriqueños, aunque se apelliden Republicanos y obedezcan sumisos las órdenes oficiales. Se rodea al Directorio Republicano con las fútiles apariencias del poder, a fin de darle algo, siquiera tan poco, a cambio de sus devotas reverencias y de sus humildes actitudes; pero en cien y en mil ocasiones se demostró que sólo mandan los elementos extraños y que los elementos autóctonos se someten y guardan silencio por no confesar lo falso de su situación y lo débil de su ilusorio predominio…

“En frente de un régimen…que malogra las iniciativas del pueblo en materia política, aplastándole con la ley Foraker y arrebatándole hasta el menor vestigio de self-government, hay un camino, uno solo: la unión de los puertorriqueños para la defensa común…

“La unión… no ha de hacerse para ganar elecciones sin garantías, ni para disputar puestos en unos municipios anodinos y en unas Cámaras estériles, sino para protestar contra la constitución raquítica de esas Cámaras y de esos municipios, reformando fundamentalmente el sistema, laborando para sustituir la ley Foraker por una nueva ley en que se reconozca y se defina el derecho de la población criolla a manejarse por sí propia.”.26

Poco más tarde, el 18 y 19 de febrero de 1904, se celebró una asamblea del Partido Federal Americano en que, a moción de Muñoz Rivera, De Diego y Palmer, se disolvió el partido y se creó la Unión de Puerto Rico. La Base Quinta del programa de la nueva agrupación política rezaba:

“Declaramos que entendemos factible que la isla de Puerto Rico sea confederada a los Estados Unidos de la América del Norte, acordando que ella sea un Estado de la Unión americana, medio por el cual puede sernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos; y declaramos también que puede la isla de Puerto Rico ser declarada nación independiente, bajo el protectorado de los Estados Unidos, medio por el cual también puede sernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos”.27

La Unión de Puerto Rico obtuvo 89,713 votos en las elecciones de 1904 contra los 54,092 del Partido Republicano. Este último eligió tan sólo a diez delegados a la Cámara, contra veinticinco delegados unionistas. En las cuatro elecciones siguientes, la Unión ganaría todos los distritos, quedando el Partido Repub1icano sin representación en la Cámara desde 1907 hasta inicios de 1915, en que tomaron asiento en ella dieciséis delegados republicanos contra diecinueve unionistas. A partir de 1904, el Partido Republicano no ganaría una sola elección hasta 1932, en que triunfó al coaligarse con el Partido Socialista.

10. La Cámara de Delegados a partir de 1905.

La inconformidad con el régimen constitucional vigente y el esfuerzo para reformarlo ocuparon buena parte de la atención de la Cámara desde 1905 hasta la aprobación en 1917 de la segunda carta orgánica, la Ley Jones.

Una de las primeras acciones de la tercera legislatura fue la aprobación, el 12 de enero de 1905, de un memorial al Congreso en que se criticaba la confusión de poderes que representaba el Consejo Ejecutivo, la facultad del Congreso de anular las leyes puertorriqueñas, la exclusión de los puertorriqueños de las carteras ministeriales y la existencia de la corte federal. La Cámara solicitó la definición por Estados Unidos del estatus de Puerto Rico o el derecho del pueblo de Puerto Rico a determinarlo. Hasta tanto ello ocurriere, se reclamó, entre otras cosas, un Consejo Insular totalmente elegido; el nombramiento de los secretarios del despacho por el

Gobernador, con el consejo y consentimiento del Consejo; y la eliminación de la facultad del Congreso de anular las leyes de la Asamblea Legislativa. No se pidió la concesión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños.

En su Mensaje Anual al Congreso de diciembre de 1905, el Presidente Teodoro Roosevelt contestó así el memorial:

“The present form of government in Porto Rico, which provides for the appointment by the President of the members of the Executive Council or upper house of the legislature, has proved satisfactory and has inspired confidence in property owners and investors. I do not deem it advisable at the present time to change this form in any material feature. The problems of the island are industrial and commercial rather than political”.28

Roosevelt proponía en vez, como única medida de cambio, la extensión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños.

En enero de 1906 la Asamblea Legislativa aprobó una resolución conjunta requiriendo la concesión de la ciudadanía americana.29 En julio de ese año la Cámara reiteró el pedido, solicitándose también el establecimiento de un Senado electivo.30 Roosevelt visitó Puerto Rico en 1906 y a su regreso le remitió al Congreso, el 11 de diciembre, otro mensaje en que repetía su endoso a la naturalización de los puertorriqueños y su desaprobación de otros cambios. El Presidente explicaba así su negativa a reformar el régimen:

Under the wise administration of the present Governor and Council marked progress has been made in the difficult matter of granting to the people of the island the largest measure of self-government that can be given with safety at the present time. It would have been a serious mistake to have gone any faster than we have already gone in this direction… It has not been easy to instill in the minds of people unaccustomed to the exercise of freedom the two basic principles of the American system, the principles that the majority must rule and the principle that the minority has rights which must not be disregarded or trampled upon”.31

En las elecciones de 1904, Muñoz Rivera no se había postulado para cargo alguno, pero en las de 1906 fue elegido delegado a la Cámara. El 14 de marzo de 1907, en memorial redactado por él, la Cámara de Delegados le contestó al Presidente reiterando sus requerimientos de reformas al régimen hasta que se acordase que Puerto Rico fuese “un nuevo Estado en la Federación, o… un pueblo independiente en el concierto de las naciones soberanas del globo”, y rechazando así las expresiones del Presidente sobre la falta de preparación política del pueblo de Puerto Rico:

“… La Cámara de delegados que os envía este documento no comprende en qué circunstancias misteriosas puede fundarse la afirmación de que el pueblo de Puerto Rico no se encuentra preparado para el gobierno propio…

“La escasa preparación para la libertad política y civil fue siempre, señor, un recurso de los fuertes para abatir a los débiles; a través de la historia, lo hallaréis empleado en el Parlamento de Londres contra las trece colonias que en 1767 luchaban en América por sacudir el yugo de Inglaterra; lo encontraréis repetido en las Cortes de Madrid contra los patriotas que, en 1895, pugnaban en Cuba por sacudir la tutela de España…”.32

El memorial de 14 de marzo de 1907 le fue entregado a Roosevelt personalmente por José de Diego, entonces Presidente de la Cámara. Roosevelt rehusó endosar ninguna de las reformas, expresándole a De Diego que el régimen era transitorio. Esto provocó un nuevo ataque a Roosevelt por Muñoz Rivera, quien expresó, en discurso de 30 de enero de 1908, ante la Cámara:

“En Puerto Rico no mandan los puertorriqueños, por el contrario, sobre ellos pesa la imperativa voluntad de unos pocos funcionarios a quienes se confía la misión de civilizarnos y administrarnos. No es posible consentir en silencio que este sistema se prolongue…”.

“El gobierno de Puerto Rico prescinde de la opinión de Puerto Rico. Y prescinde no de una manera inconsciente sino de una manera deliberada y sistemática. Los asuntos son resueltos después de consultar a los amigos particulares y no a las organizaciones políticas…”.

“Y termino, señores Delegados, termino exponiendo mi pensamiento en lo que toca a las relaciones nuestras con la política nacional. Nuestro deber consiste en pedir, en reclamar, en exigir que se resuelva el status de Puerto Rico, bien con la modalidad de un estado en el conjunto de los otros estados, bien con la modalidad de una franca autonomía en el conjunto de las demás colonias americanas. El empeño será rudo; la reclamación será vibrante y continua. Y si al fin perdemos la última esperanza, si al fin

agotamos el último recurso sin que se nos oiga y se reconozca nuestro derecho, entonces se alzará sobre nuestras conciencias la base quinta de la Unión de Puerto Rico y pediremos la independencia de Puerto Rico..”.

Sobre el papel asignado a la Cámara de Delegados dentro del régimen vigente, decía Muñoz Rivera en dicho discurso que “la Cámara Insular, el solo organismo que de una manera legítima representa al país, realiza una labor inútil, que se estrella en el perpetuo obstáculo del Consejo Ejecutivo, formado por seis americanos del continente y por cinco americanos de la Isla, designados por el Presidente de los Estados Unidos”.33

La situación hizo crisis en 1909 al negarse la Cámara a aprobar el presupuesto de gastos del gobierno y reiterar su petición de reformas al régimen. Ante el impasse, el Presidente Taft solicitó y obtuvo del Congreso una enmienda a la Ley Foraker para que, en caso de no aprobarse el presupuesto para un año fiscal, rigiese el vigente para el año anterior.34

Al año siguiente, con la radicación del proyecto Olmsted, comenzó la larga lucha en el Congreso que culminaría siete años más tarde con la promulgación de la segunda ley orgánica.35 Para participar de cerca en el proceso, Muñoz Rivera se postuló para Comisionado Residente en las elecciones de 1910, jurando el 4 de marzo de 1911.

En 1912 y 1913 la concesión a los puertorriqueños de la ciudadanía, acción inspirada por la administración, ocupó el centro de la atención en Washington y San Juan. El 16 de enero de 1912, la Cámara de Delegados condicionó su endoso del proyecto al establecimiento del Senado electivo y otras reformas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó de todos modos el proyecto, solicitándole entonces la Cámara de Delegados de Puerto Rico al Senado de Estados Unidos que no tomara acción sin previa consulta al pueblo puertorriqueño.

La tensión creciente generada por la cuestión del estatus se reflejó en la creación de nuevas agrupaciones políticas y en la división más acentuada entre la diversidad de pareceres que componían la Unión de Puerto Rico. En febrero de 1912 se creó el Partido de la Independencia, en que militaron Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Lloréns Torres y Manuel Zeno Gandía. Al mismo tiempo se creó una segunda agrupación independentista, la Asociación Cívica Puertorriqueña, que contó entre sus líderes a Juan Hernández López, Luis Muñoz Morales, Nemesio Canales, Mariano Abril y Manuel Rodríguez Serra.

Un año más tarde la Unión de Puerto Rico se declaró también a favor de la independencia como solución definitiva al problema del destino político del país. El 22 de noviembre de 1913 la Unión rehizo su programa y eliminó la estadidad como alternativa aceptable. El nuevo programa, escrito por José de Diego, expresaba:

“… el ideal supremo de la Unión, como el de todas las colectividades fuertes, y como el de todos los hombres dignos, a través del mundo, es la fundación de una patria libre, dueña en absoluto de su propia soberanía para el presente y para el futuro. Dentro de esta finalidad, la Unión de Puerto Rico proclama la constitución de Puerto Rico por completo independiente, o con el protectorado y la amistad de la República angloamericana. Reafirmado ese ideal con profunda energía, consideramos que, en tanto las circunstancias permitan al país alcanzar el desideratum de su propia y completa soberanía, la Unión faltaría a sus más altos deberes patrióticos si, consagrándose exclusivamente a la defensa de aquélla, descuidara y abandonara la lucha por otras soluciones transitorias que reconozcan a la Isla un sistema de gobierno autónomo, con plena potestad para regir sus relaciones jurídicas de orden interior, mediante una concurrente intervención del Gobierno de los Estados Unidos”.36

La autonomía que endosaba la Unión como fórmula transitoria abarcaba las cámaras electivas, con facultad exclusiva para legislar sobre asuntos locales; el nombramiento de todos los secretarios de gobierno por el Gobernador, con el concurso y asentimiento del Senado; la limitación de los poderes de legislación del Congreso; la abolición de la corte federal; y la reafirmación de la ciudadanía puertorriqueña, sin ofrecimiento o aceptación de la ciudadanía americana.

El 5 de septiembre de 1914, la Unión ratificó, en documento conocido por el nombre de las Reglas de Miramar, el programa del año anterior, pero señalando que la actividad de la Unión debía dirigirse al logro de un gobierno autonómico; luego, a la demostración del país de la capacidad de gobernarse a sí mismo y, finalmente, a la reclamación de independencia.

La evidente tensión entre independentistas y autonomistas en el seno de la Unión, alimentada por la reacción adversa de Washington a toda posibilidad de independencia, entonces o después,37 y al fortalecimiento electora del Partido Republicano, que en las elecciones de 1914 obtuvo algo más del 40% de los votos, logrando elegir, por primera vez en diez años,

delegados a la Cámara, llevó a la reconsideración del programa unionista el 24 de octubre de 1915. En la asamblea de ese día la Unión resolvió posponer todo requerimiento de independencia y dedicarse de lleno a la reforma a fondo de la carta orgánica vigente. Los años que van de 1914 a 1917 son particularmente ricos en la producción por la Cámara de memoriales y resoluciones sobre los anteproyectos de reforma pendientes ante el Congreso.

Las actas de la Cámara de Delegados constituyen una fuente valiosa para el estudio del maltratado y doliente Puerto Rico de tiempos de la Ley Foraker.

Notas al Calce

1 Para una discusión más extensa de los temas aquí mencionados, véase: J. TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO, Editorial Universitaria, Río Piedras, 1980-83, Vol. 1 y 2, y las obras allí citadas.

2
C. COLL Y CUCHI, HISTORIA DEL GRAN PARTIDO POLÍTICO PUERTORRIQUEÑO UNIÓN DE PUERTO RICO, Tip. La Democracia, 1930, págs. 10-13.

3 Para la totalidad del manifiesto, véase: B. PAGÁN, HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUERTORRIQUEÑOS (1898-1956), San Juan, Libreria Campos, Vol. 1, págs. 43-52.

4 HOSTOS, E. M. DE,MADRE ISLA, Vol. V de Obras Completas, 22 Vols., La Habana, Cultural, S.A. 1939, pág. 124.

5 MUÑOZ RIVERA, L., CAMPAÑAS POLÍTICAS, Madrid, Ed. Puerto Rico, vol. 1, pág. 238.

6 Ibid. , 279 et seq.

7 Ibid. , 1-2.

8 La Democracia, Año X, Núm. 2504, 2 de mayo de 1900.

9 Ibid. , Año X, núm. 2489, 14 de abril de 1900.

10 El País, Año VI, núm. 89, 17 de abril de 1900.

11 J. C. BARBOSA, ORIENTANDO AL PUEBLO, Vol. 4, San Juan, Imp. Venezuela, 1939, pág. 65.

12 E. M. DE HOSTOS,MADRE ISLA, vol. V de Obras Completas, La Habana, Cultural, S.A., 1939, págs. 223, 243-44.

13 First Annual Report of the Governor of Porto Rico, Washington, Government Printing Office, 1901, pages. 45, 48-49.

14 B. PAGÁN, HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUERTORRIQUEÑOS, San Juan, Librería Campos, 1959, Vol. I, pág. 74.

15 L. Muñoz Rivera, op. cit., II, 2-3.

6 Leyes de 1902, pág. 8.

17 Ibid., pág. 12.

18 Ibid., pág. 15.

19 Ibid., pág. 163.

20 Leyes de 1901, pág. 23.

21 La Democracia, 8 de mayo de 1902.

22 Second Annual Report of the Governor, 1901-02, page 12.

23 Leyes de 1902, pág. 25.

24 Leyes de 1903, pág. 112.

25 Ibid., 96.

26 Para el texto completo del manifiesto, véase: B. Pagán, op.cit, vol. I, págs. 99-102.

27 Ibid., 112.

28 Annual Message of the President to Congress, Washington, Government Printing Press, 1905, page 51.

29 Leyes de 1906, pág. 22.

30 Actas, 10 de julio de 1906.

31 41 Cong. Rec. 240.

32 Actas, sesión del 14 de marzo de 1907.

33 Actas, sesión del 30 de enero de 1908.

34 Véase la ley del 15 de julio de 1909, 36 Stat. Ch. 411.

35 Véase, J. TRÍAS MONGE, HISTORIA CONSTITUCIONAL, II, 25-110.

36 Ibid., II, 38.

37 Ibid., 37, 39.